A mitad de los años 40, Tijuana tenía menos de 20 mil habitantes pero ya contaba con una compañía que les distribuía gas LP.

La ciudad acababa de vivir los años dorados de los casinos y el alcohol, ante una Ley Seca en Estados Unidos que prohibía su consumo al norte de la frontera.

Y esto no solo atrajo el turismo, sino a personas que se interesaron en las crecientes oportunidades de empleo y de negocios.

Los hermanos Alejandro y Carlos Villalvazo, por ejemplo, se interesaron en el gas licuado de petróleo (LP), un combustible que aún no era popular pero que prometía ser más limpio y práctico que la leña o la gasolina para las tareas del hogar, como cocinar o calentar agua.

Fundaron Indio Villalvazo Hermanos, una empresa que puede contar cómo es que el negocio del gas y la política en Baja California se han relacionado desde que este inició.

Esta contó con socios como Gustavo Aubanel Vallejo, primer alcalde de Tijuana, y años más tarde pasó a manos del empresario Alfonso Bustamante Labastida, difunto padre del ex presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo.

Esa empresa, que operaba con la razón social de Compañía de Gas de Tijuana, hoy pertenece a un grupo de Ciudad Juárez, que de acuerdo a Carlos Bustamante, ex gasero y ex alcalde de Tijuana, tienen casi el 50% de la distribución de gas de todo el país y se llama Zeta Gas.

Este mercado en el que se mueven empresas tan influyentes en la política, está siendo investigado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ante la sospecha de posibles prácticas monopólicas absolutas a nivel nacional.

El expediente se abrió porque la Comisión Reguladora de Energía (CRE) detectó que el gas LP encareció al abrirse el mercado en enero de 2017. Y las entidades del norte de México fueron las más afectadas, en particular Baja California y Baja California Sur.

“No hay competencia. Sigue siendo una estructura monopólica. Si hubiera esa competencia ya se hubiera reflejado en una disminución en los precios del gas y estamos viendo todo lo contrario” – Germán Palafox, académico de la Universidad de Sonora.

Esta desregulación, que pretendía generar competencia y mejores precios y servicios, aumentó las ganancias de empresarios del gas, mientras que el usuario final ganó solo precios más altos.

“No hay competencia. Sigue siendo una estructura monopólica. Si hubiera esa competencia ya se hubiera reflejado en una disminución en los precios del gas y estamos viendo todo lo contrario”, dice Germán Palafox, economista y académico de la Universidad de Sonora.

Entrevistados para este reportaje opinan que la liberación, lejos de beneficiar al consumidor, dañó su poder adquisitivo.

Germán Palafox apunta que el aumento en el precio del gas LP, no solo afectó el costo del combustible para uso doméstico y comercial, sino que también elevó el costo de alimentos como la tortilla, que es básica en la dieta mexicana.

Según el académico, este insumo aumentó principalmente en ciudades norteñas como Hermosillo, Mexicali, Ciudad Obregón y Nogales, donde estima que los precios están hasta cuatro pesos por encima del promedio nacional.

Asegura que a la clase media podría parecerle poco significativo el dato, pero apunta que en México hay casi 60 millones de mexicanos que viven en pobreza.

“Sus ingresos son relativamente bajos y parte importante de la dieta está centrada en las tortillas, entonces el impacto fuerte está en los sectores más desprotegidos”, dice Palafox.

Ahora, las prácticas que la autoridad intenta detectar, pueden ir desde fijar un precio para vender, hasta ponerse de acuerdo para provocar escasez y que el producto encarezca.

Pero todavía no hay resultados.

En febrero pasado, la Cofece inició apenas la segunda etapa de esta investigación que podría prolongarse hasta alcanzar un año y medio.

Así que de momento no pueden dar detalles o avances.

Pero gaseros de la región dan su explicación sobre el comportamiento de los precios del gas LP en Baja California.

En la primera entrega de este reportaje, se mencionó que Zeta Gas y Gas Silza almacenan el 80% del gas LP en Baja California, y que estas empresas fueron fundadas por dos hermanos, Miguel y Tomás Zaragoza Fuentes.

José María González Rivas, presidente de la zona noroeste de Grupo Zeta, admite que la empresa que dirige es la distribuidora más grande y que existe un parentesco entre los fundadores de Zeta y Silza, pero niega que esto resulte ser un problema para el mercado.

“Existe un lazo consanguíneo con los fundadores, pero en el tema comercial somos competidores”, dice.

Al cierre de esta edición, ambas empresas han vendido durante la primera mitad de junio al mismo precio que su rival, pero González Rivas opina que no compiten en los precios, sino en el servicio que ofrecen.

“Te puedo sugerir como ejemplos cómo se comportan las gasolinas en Estados Unidos. Hay una competencia abierta y regulada, pero las diferencias también son de décimas o centésimas de centavos de galón”, explica.

El Director General de Promoción a la Competencia de la Cofece, David Lam, dice que la conducta más grave que pueden tener las empresas, es abandonar una dinámica de competencia. Investigar y sancionar ese tipo de prácticas, es tarea de la Cofece.

““Te puedo sugerir como ejemplos cómo se comportan las gasolinas en Estados Unidos. Hay una competencia abierta y regulada, pero las diferencias también son de décimas o centésimas de centavos de galón” – José María González Rivas, presidente de la zona noroeste de Grupo Zeta.

Los comportamientos anticompetitivos suceden cuando las empresas, “en vez de esforzarse para ofrecer mejores precios, cantidad o calidad, se ponen de acuerdo para dejar de competir y entonces portarse más parecido a un monopolio”, dice.

Una posible falta de competencia en el mercado podría explicar el incremento en los precios del gas, aunque de momento no pueden asegurarlo.

En cambio, académicos explican que el alza se debe a varios factores inevitables que han impactado sobre todo a los estados fronterizos del norte de México.

Esto porque son los más alejados de las refinerías nacionales, que se ubican principalmente al sureste de la república, del lado del golfo.

Mientras que el gas que se consume en la frontera, viene de Estados Unidos y Canadá.

Según datos de la Sener, el 90.2% del gas LP se importó del país vecino y el 10.7% de Canadá, en los últimos 12 meses.

La procedencia del gas LP que compramos depende de los mercados spots, de acuerdo con Roberto Romandía, director de Baja California Railroad, empresa transportista de este hidrocarburo.

Con mercado spot se refiere a puntos estratégicos que ofrecen el mejor precio del mercado en determinado momento.

“Puede estar en China, en Canadá, Europa, en diferentes partes del mundo”, asegura Romandía, aunque la información más reciente de Sener a marzo de 2018, no tiene el registro de haber importado gas de otros continentes.

Romandía dice que en lo que va del año, Baja California Railroad ha movido solo 150 carrotanques por mes desde Canadá, siendo que en 2017 movía casi 300.

Cada carrotanque tiene la capacidad de transportar 32 mil galones de gas LP.

También estima que transportar un galón de gas LP es más costoso por tren que por barco, pues por vía marítima cuesta unos 2.5 centavos de dólar, mientras que al hacerlo por ferrocarril, sube a 3.7.

En Baja California solamente existe una terminal marítima a la que llegan barcos con gas. Se encuentra en el puerto de Ensenada y aunque no está rotulada, Grupo Zeta detalla en su sitio web que ésta les pertenece.

Según Rosanety Barrios, titular de la unidad de Políticas de Transformación Industrial de la Secretaría de Energía (Sener), el gas que llega por barco a esta península proviene del Golfo de México.

Pasa por el canal de Panamá y luego sube a Baja California. Lo cual tampoco es barato si se compara con el transporte por ducto, que es el método más económico, de acuerdo a Barrios.

El problema para esta región es que los ductos que transportan gas LP se encuentran principalmente del lado del golfo, de acuerdo a Barrios. El más cercano a Baja California se encuentra a más de mil kilómetros, en Ciudad Juárez.

Mover gas desde ese u otro punto de la república, requiere de muchos viajes o varias pipas para poder moverlo en volumen.

A gaseros, académicos y autoridades se les pregunta qué otros factores intervienen a la hora de establecer los nuevos y altos precios del gas.

Todos coinciden en que la primera variable es el precio de referencia internacional de Mont Belvieu, seguido por el tipo de cambio y los costos de importación y logística.

A esto se suma que el gobierno mexicano dejó de subsidiar este hidrocarburo, según José Alberto Martínez Rodríguez, director ejecutivo de Grupo Tomza en la zona noroeste de México.

Y esa diferencia ahora la termina pagando el consumidor.

José María González Rivas, de Zeta Gas está de acuerdo en que esto no suele considerarse cuando uno habla del incremento que sufrieron los precios del gas.

“Durante muchos años nuestro país tuvo una política de subsidios. La desregularización vino a traer que los productos salieran al mercado, a la oferta y la demanda, y a costar lo que cuesta en el mercado internacional”, dice González.

Martínez de Silza, agrega que además, los gaseros subieron el precio de su producto para invertir en un mejor servicio al cliente.

Opina que gracias al margen de utilidades que ahora pueden tener, empresas como Gas Silza han podido crecer.

“Durante muchos años salíamos con números rojos. No teníamos la infraestructura que se puede tener ahorita, un parque vehicular en óptimas condiciones o pagar todos los derechos habidos y por haber”, dice el director regional de Silza.

La Comisión Reguladora de Energía observa que a partir de la liberación, se han invertido unos 500 millones de dólares en actividades de la cadena de valor del gas LP. Es decir, en distribución, en expendio, en transporte y en almacenamiento.

“Durante muchos años salíamos con números rojos. No teníamos la infraestructura que se puede tener ahorita, un parque vehicular en óptimas condiciones o pagar todos los derechos habidos y por haber” – José Alberto Martínez, director ejecutivo de Grupo Tomza en la zona noroeste.

Pero la Sener no ha detectado proyectos relevantes de gas LP en construcción en la región.

Germán Palafox, el economista, también cuestiona cuáles son las mejoras de las que hablan algunos gaseros.

“No vemos mucha inversión. Se incrementa fuertemente el precio del gas pero no sabemos hacia dónde se va ese recurso”, dice.

Al contrario, opina. Los incrementos se han visto reflejados en la pérdida de poder adquisitivo y en precios más altos para otros productos que requieren de gas para elaborarse, como la tortilla de maíz.

“[El gas LP] le ha pegado muchísimo a las economías familiares y no vemos mejoras en servicios ni en calidad. Hay cilindros muy viejos que desde luego tú los ves y están totalmente desgastados, además son bombas potenciales”, dice Palafox, que se especializa en el sector energético.

En mayo pasado, varias viviendas en Villas del Campo, Tijuana, sufrieron daños luego de que un tanque de gas explotara, dejando 5 heridos y daños en por lo menos 100 casas, según el Ministerio Público Mariano Matamoros.

Julio Felipe García Muñoz, delegado en Baja California de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dice que es difícil llevar un registro de las quejas que se dan en este mercado porque las empresas suelen tener sus propios módulos para escuchar y resolver los problemas del cliente inconforme.

Aun así, la Profeco ha recibido más quejas tras la liberación del mercado.

En 2015 recibió solo 6, mientras el año pasado cerró con 19 quejas.

Martín Muñoz, restaurantero y ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), gasta cada mes entre 12 y 15 mil pesos en gas LP.

Zeta Gas solía proveerle de gas por tubería, hasta que que decidió cambiar su consumo por tanque estacionario porque el precio le parecía muy alto.

Ahora que tiene tanque estacionario, ha visto hasta un 40% de reducción en las facturas que paga.

“O va aire con gas o ¿qué es lo que pasa? Porque no es un restaurante, son varios los que dicen que les sale más barato cambiar a tanque estacionario”, dice Muñoz.

En su caso, no ha presentado quejas ante Profeco porque dice que es difícil medir su consumo. Los consumidores que compran cilindros tienen una referencia basada en el tiempo que toma agotar su contenido. Mientras que en el consumo por tubería no lo tienen.

“Te puedo asegurar que somos una de las empresas que tiene menos quejas en Profeco”, dice José María González Rivas, presidente de la zona noroeste de grupo Zeta.

Lee la primera parte: Huele a monopolio. Dos empresas controlan el gas LP en Baja California

Aunque Profeco dice lo contrario.

De acuerdo a Julio Felipe García Muñoz, delegado en Baja California, Zeta Gas es la empresa con más quejas en la región por ser la más grande.

Muñoz también ve rezago en esa gasera. No solo en el tema de precios, sino también en el servicio, un punto que a parecer de González Rivas, es el fuerte de la empresa que preside.

Palafox, el economista, opina que el rezago en esta industria no se debe al esquema que existía previo a la liberación.

Dice que la utilidad de la que gozaban, nunca fue insuficiente porque el volumen lo compensaba.

“Siempre te van a decir que los márgenes eran muy bajos, y puede que sean bajos pero cuando vendes en cantidad se vuelve una ganancia extraordinaria”, dice el académico.

Martínez, director de Grupo Tomza, dice que antes de la liberación solían tener un margen de 2.20 pesos kilo, mientras que ahora, estima un 15% más de ganancia neta.

Carlos Bustamante, cuya familia fue gasera y vivió la época en que el gobierno mexicano regulaba los precios de venta para el gas LP en México, dice que el negocio siempre fue estupendo.

“Obviamente que lo fue, no estaríamos donde estamos”, dice en la entrevista en su oficina, ubicada en una de las dos torres que su familia construyó sobre el bulevar Agua Caliente cuando todavía eran gaseros.

Una de esas torres es un hotel con 430 habitaciones, mientras que la segunda funciona como espacios de oficina.

“Era impresionante el crecimiento [de la ciudad]. La demanda fue yendo y yendo, con el mismo margen pero un volumen mucho más grande”, continúa.

Y si el negocio ya era bueno, Germán Palafox opina que ahora es mejor.

Ahora que las empresas tienen el poder de establecer sus márgenes de ganancia, los gaseros de Baja California aumentaron sus precios un 39% de 2017 a 2018.

Rosanety Barrios, de Sener opina que el aumento en el precio del gas era de esperarse con la liberación porque “sí traía un rezago”, aunque también ha visto que el precio internacional ha tenido sus regresos y que ese mismo comportamiento no se ha reflejado en los precios del sector a nivel nacional.

Si la Cofece llega a detectar prácticas monopólicas, podrían multar a quienes resulten responsables. Además, podría volverse a fijar precio máximo para el gas LP a nivel nacional o regional.

“En estricto sentido, para que tú tengas un mercado funcionando necesitas precios libres”, dice Rosanety Barrios.

“Pero si no hay condiciones de competencia, estás afectando al usuario final. Establecer un precio regulado se hace con la finalidad de protegerlo”, continúa.

Los directores de Zeta y Silza no están de acuerdo con que se tomen esas medidas. Dicen que volver al esquema anterior, frenaría el desarrollo de este sector, pese a que varios entrevistados niegan que exista un progreso.

“En el pasado, el margen se veía afectado y las empresas empezaron a deteriorarse”, dice José María Gonzáles Rivas, presidente de Grupo Zeta en la región.

Si la autoridad decide volver a fijar un precio, asegura que los distribuidores no van a poder seguir vendiendo a menos que otra vez subsidien la industria.

Dice que al final, alguien va a tener que pagar y que ese alguien seguirá siendo la ciudadanía.

“Si no pagamos el costo de los bienes que consumimos vamos a crear déficit y ese déficit normalmente lo paga el erario público, tus impuestos”, agrega González.

Martínez Rodríguez, director de Grupo Tomza en la zona noroeste, coincide.

“Si te vuelven a poner un precio controlado, pues no vas a poder, porque definitivamente los márgenes sí estaban castigados. Era un secreto a voces, el mismo gobierno lo sabía”.

Lo que el economista de la Universidad de Sonora sugiere, es que México busque alternativas para aumentar su producción de gas LP.

“Ir pensando en volver al esquema anterior pero también producirlo nosotros, trabajar más en refinerías”, dice Palafox.

“[El aumento en los precios] no es sorpresa en sitios como Baja California, que es una isla energética donde no hay cimientos, no hay explotación, no hay refinación y que la distribución viene de otros lados” – Gabriela Muñoz, investigadora del Colef.

Sugiere un esquema de acompañamiento, donde el estado permita una participación que logre compartir el riesgo, pero que también permita estructuras más competitivas.

Gabriela Muñoz, investigadora del Departamento de Estudios de Administración Pública Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte (Colef) opina similar.

“[El aumento en los precios] no es sorpresa en sitios como Baja California, que es una isla energética donde no hay cimientos, no hay explotación, no hay refinación y que la distribución viene de otros lados. Eso conlleva a un gasto en el transporte, en almacenamiento y en la distribución”, dice.

En México existen seis refinerías y nueve centros procesadores de gas que producen todo el gas LP nacional, según la Sener. Entre ambas, el promedio de producción en los últimos 12 meses fue de 138 mil 200 barriles diarios, a marzo de 2018.

En el mismo periodo, entre Pemex y empresas privadas importaron 153 mil barriles diarios.

Es decir, que se importa más gas del que se produce internamente.

Mientras no exista inversión en infraestructura que permita al país producir su propio consumo, académicos como Palafox de la Universidad de Sonora, o Muñoz del Colef, opinan que el tema de los precios altos, persistirá en México.

 

*Con información de Daniel Ángel Rubio
*Segunda y última parte.