La candidata del PRI al Senado de la República, Lorena Martínez Rodríguez, se manifestó contra la Ley de Movilidad publicada hoy en el Periódico Oficial del Estado y llamó al gobierno de Aguascalientes a rescatar el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) elaborado durante la pasada administración.
“Hay una propuesta integral que se dejó terminada desde el sexenio anterior para instalar un sistema de transporte integral en Aguascalientes; un estudio que nos permitiría, de manera muy rápida, modernizar el transporte en Aguascalientes. Yo haría una invitación al gobierno del estado a no perder tiempo, a aprovechar el esfuerzo y el trabajo de seis años, de un estudio de movilidad que se hizo en Aguascalientes, que me parecería que deberían de utilizar, deberían de aprovechar para poder modernizar el transporte en Aguascalientes a la brevedad posible”, expresó Martínez Rodríguez al término de un acto de campaña.
El PIMUS fue altamente cuestionado por el precio que se pagó a la empresa española Idom para realizarlo -casi 30 millones de pesos-, por la opacidad con la que se manejó y porque fue elaborado a partir de datos estadísticos actualizados hasta 2013.
A pesar de que ese aspecto fue una de las reservas presentadas por el PVEM y de que la votación del PRI en este punto fue dividida, la ex alcaldesa de Aguascalientes también criticó que la Ley de Movilidad no hiciera exclusivo de los choferes el derecho a concesiones de taxi.
“El PRI se pronunció porque la entrega de concesiones fuera exclusivamente para quienes tienen el carácter de choferes de taxi y, sin embargo, el PAN se opuso y dejaron una vez más la discrecionalidad del gobierno a entregar las concesiones de taxi a quienes sean o no taxistas. Una vez más, teniendo la oportunidad de una vez por todas, de regular la entrega de concesiones de taxi solo a los choferes de taxi, se dejó abierta la posibilidad de que no sea así”, se lanzó.
Con Lozano como gobernador, la pasada administración otorgó alrededor de 400 concesiones de taxi presuntamente de forma irregular. Entre los beneficiarios estaban ex funcionarios de gobierno, diputados e incluso personajes cercanos a la propia Martínez Rodríguez.
La candidata censuró además la prohibición a plataformas como Uber de cobrar en efectivo, pues dijo, esa regulación es facultad del Congreso de la Unión y no de la Legislatura local.
