Santiago no sabe que su papá está desaparecido. Tiene cinco años de edad y no comprende la ausencia de su padre, ni la angustia que vive su familia.

De un día a otro, el hombre que lo acompañaba a ver partidos amateur de fútbol, dejó de llevarlo. No volvió a cargarlo, ni darle un beso antes de dormir. Santiago tenía apenas dos años y medio cuando José Alberto Ortigoza no volvió a casa.

¿Quién le quitó a su papá? ¿Se fue por voluntad? ¿Dónde está? Nadie en la familia lo sabe. ¿Y por qué casi nunca ve a mamá? Ella no está desaparecida, pero también está ausente. Trabaja de sol a sol para llevar el pan a la mesa.

El caso del pequeño Santiago es uno de 28 mil 472 casos de personas en México que desconocen si algún familiar vive o ha muerto.

En Baja California, 617 están desaparecidas de 1989 a la fecha, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

Cuando se habla de desapariciones, se cuenta la historia de quien se fue, pero no de quién se queda. A los hijos de los desaparecidos se les niega el reconocimiento a su dolor y se les culpa de violencia para justificar el crimen y aceptar la impunidad, según activistas.

El desaparecido y sus hijos, pierden el carácter de víctima y se transforman en culpables de su propio atentado, porque “en algo andaban” o porque “ellos se lo buscaron”.

Eso creen Fernando Ocegueda, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (AUDBC) y Miguel Ángel García, fundador de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad.

Pero no todas las desapariciones están ligadas al narcotráfico y eso es algo que, en opinión de Vicente Sánchez, académico de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), debe preocuparnos como sociedad.

Cualquiera es vulnerable a vivir historias similares. Cada siete días una persona desaparece en Baja California. Esta constante, inició con la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid que a sus 35 meses, suma 196 desapariciones, de acuerdo al RNPED.

“La vida de los otros también nos debe importar”, dice Sánchez. Si la sociedad permite callar a algunos, se comparte el riesgo de que nos callen a todos. En su opinión, contribuimos a silenciar a las víctimas cuando negamos la solidaridad a una familia afectada.

Lo mismo cree Jacqueline Ramírez, familiar política de una mujer que lleva diez años desaparecida.

“Quizá la gente piense ‘a mi nunca me pasará’ pero yo difiero de esa opinión. Ya no es segura la calle. Ni en nuestro hogar estamos seguros”.

Los hijos de personas desaparecidas no son más vulnerables que cualquier otra persona: todos estamos indefensos en algún punto de nuestras vidas.

Así lo cree Francisco Sillas Noriega, psicólogo de la Coordinación de Atención a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), quien trabaja con personas en situaciones similares a las de Jacqueline y Santiago.

El pequeño Santiago se convirtió en víctima cuando su padre, que se dedicaba a hacer depósitos de dinero en bancos de Estados Unidos para una empresa de Tijuana, desapareció.

José Alberto Ortigoza, de entonces 24 años de edad, ingresaba en cada cruce peatonal por la garita de Otay, alrededor de 70 mil dólares que declaraba al gobierno.

El dinero pertenecía a Especies y Granos de Baja California S.A. de C.V., e iba destinado a pagos para su homóloga en Estados Unidos,CaliforniaGrain & Spice Company.

El joven padre de familia nunca se preocupó por transportar esos montos de dinero, pero el 24 de enero de 2014 no llegó al banco después de cruzar.

Un video de la garita de Otay registró que el joven fue abordado por una camioneta Arcadia en sentido contrario, por la salida del cruce peatonal.

Las imágenes muestran a José intercambiando palabras con el piloto, por casi un minuto, antes de subirse al auto y salir de cuadro. La grabación fue lo último que se supo de él. Ese día, no llevaba 70 mil dólares a depositar, sino 300 mil.

Su padre, Fernando Ortigoza, lo ha buscado sin descanso y dice que siente que está cerca de encontrarlo.

Una de las preguntas que Fernando plantea es, ¿por qué la empresa donde trabajaba José no ha querido colaborar con él?, ni siquiera para recuperar su dinero, que al tipo de cambio actual rebasa los 5 millones de pesos.

“Nuestro sentir es que la empresa estuvo inmiscuida, o que tal vez la policía del Departamento de Tesoro vio un mal movimiento del dinero que llevaba y lo pudo haber detenido. Hay detenidos protegidos en Estados Unidos. Es la esperanza que tenemos”, dice.

Pero el asesor legal de Especies y Granos de Baja California niega complicidad. Vicente Santillano administrador y asesor legal de la firma, se dice interesado en localizar a José Alberto y en recuperar el dinero.

Niega que Especies y Granos de Baja California yCalifornia Grain & Spice sean filiales, sino que son cliente y proveedor. Pero en directorios web corporativos, ambas aparecen como propiedad del mismo empresario: Miguel Ángel Ramos.

Hoy la familia Ortigoza mantiene siempre vigilado al hijo de José Alberto. Si con algo les pueden hacer más daño, dice Fernando, es con él.

Desde que su hijo no regresa, los roles familiares cambiaron y Fernando ya no es el “Tata”, sino papá. Su esposa ya no es “Abita”, sino mamá. Y aunque el niño no sabe que su padre desapareció, ya están en planes de hacérselo saber cuando cumpla los seis años de edad, con ayuda de un psicólogo infantil.

El psicólogo Sillas dice que es probable que Santiago no resienta la desaparición de su padre, al encontrar la figura paterna en el abuelo. Pero cuando gente cercana a Santiago sufra, él también sufrirá.

Para Baja California las desapariciones no son novedad, pero tampoco son tarea resuelta.

En el estado, 22 personas desaparecen por cada 100 mil habitantes durante los últimos diez años, de acuerdo a datos del RNPED.

 

Una frontera que diluye

Así como el papá de Santiago desapareció después de cruzar de Tijuana a Estados Unidos, otros habitantes de la ciudad se han perdido en la frontera. Otro caso es el de José Luis Méndez.

José Luis Méndez tenía días contando que cruzaría hacia Estados Unidos. Lo dijo en tantas ocasiones que su familia ya no le creía. Solo asentían y lo apoyaban como quien escucha a un niño que quiere ser astronauta o presidente.

De entonces 43 años, José Luis salió de su casa en Tijuana un día de abril en 2014, rumbo a Los Ángeles, California. Quería trabajar para ganar dólares y mantener a sus dos hijos.

“Se animó y se fue, y hasta la fecha no sabemos nada de él”, cuenta su hermana, Alicia Méndez. José cruzó con ayuda de un traficante de personas.

“Llegó con un conocido de mi papá. Cuando llegó, se comunicó con ese señor, pero él no pudo ir a recogerlo. Desde ahí, nada más esa llamada hizo y no se volvió a comunicar”, dice Alicia.

José Luis era un padre amoroso, y hasta hoy, la familia no comprende el motivo de su distancia, si es que continúa con vida.

En Tijuana, a José Luis lo espera un adolescente de 16 años y una niña que acaba de cumplir 12. Ambos saben que su papá, de un día para otro, se desvaneció.

Actualmente, sus hijos y una sobrina que lo aprecia como su propio padre, lo buscan por medio de Facebook, publicando su foto en distintos grupos de desaparecidos.

El mayor no deja de pensar en él. Todos los días se pregunta cómo estará, dónde y con quién. En ocasiones, comentarios en redes sociales le hacen creer que su papá sí falleció y busca consuelo en la religión.

Alicia cuenta que no han intentado acercarse a las autoridades, ni tienen el plan de hacerlo porque José desapareció en Estados Unidos y a la autoridad mexicana no le compete, pero también, por desconocimiento del proceso.

Solo en la frontera norte de México, el Centro de Derechos Humanos Colibrí, ubicado en Arizona, cuenta con más de 2,500 reportes de migrantes desaparecidos, que no forman parte del estadístico mexicano, pues se consideran asunto—o problema— de los Estados Unidos.

Otro caso es el de Yarery Orozco Torres, quien viajó desde la capital del país hasta Tijuana para cruzar. Aunque no lo consiguió, tampoco regresó. Yarery tenía 33 años y dejó tres hijos en casa.

Cuando la familia reportó su desaparición en 2006, la autoridad les contestó lo que suelen explicar cada vez que una mujer desaparece: “Seguramente se escapó con su amante. Ya aparecerá”.

Ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California, Yarery no está desaparecida; es una persona “no localizada”. Está ausente por razones ajenas al crimen organizado. Por decisión propia, según oficiales.

Unos años después, sus hijos que viven en la Ciudad de México, la empezaron a buscar: Soledad, Cristian y Samantha, de 24, 22 y 19 años, hoy en día.

Yarery trabajaba como ayudante de cocina en un restaurante en la Ciudad de México, pero la última vez que supieron de ella fue en Tijuana intentando cruzar a Estados Unidos.

Jacqueline, exnuera de Yarery y amiga de la familia, también sigue buscándola desde su casa en Monterrey. Es ella quien cuenta la historia de esta madre desaparecida y en qué circunstancias se dio.

—¿Creen probable que ella se haya ido con otro hombre?, se le pregunta.

—No, no, no. La señora lo que buscaba era darle una mejor vida a sus hijos, responde.

El dolor es tan grande que los hijos de Yarery ya no hablan de mamá. Jacqueline sí. Ella es quien publica la foto de su exsuegra en redes sociales esperando que alguien la identifique. Solo bromistas y personas fraudulentas la contactan.

En una ocasión, Soledad entregó poco menos de 10 mil pesos a un hombre que decía tener información, aunque éste, ya con el dinero, no volvió a comunicarse con ella.

La afectación que tienen las familias es cíclica, y a pesar de los años, nunca se recuperan del todo, dice el psicólogo Sillas Noriega. Sin un cuerpo al cual llorar, el duelo nunca es superado.

Cuando Yarery desapareció, Soledad, la hija mayor, quedó al frente de su familia. Dejó de estudiar para ocuparse de sus hermanos, y vivió de prisa casándose joven.

Soledad y Samantha siguen viviendo en la Ciudad de México, mientras Cristian se encuentra preso en un reclusorio de esa misma ciudad.

Y aunque una hipótesis dice que el cadáver de Yarery está en Tijuana, los hijos no tienen capacidad económica para trasladarse a Tijuana.

Una persona de Tijuana les envío un mensaje diciendo que en una fosa común había un cadáver con características similares a las de Yarery. Nunca pudieron trasladarse a la frontera.

Explicar cuántos desaparecidos hay en Baja California es una tarea que ningún nivel de gobierno, ni asociación, ha logrado con éxito a la fecha.

El gobierno estatal solo reconoce 80 desaparecidos en Tijuana —incluyendo Tecate y Rosarito—, 22 en Mexicali y ninguna en Ensenada, de 2006 a la fecha. Aunque según activistas, la Procuraduría General de la República (PGR) ha admitido que existen 1,275 personas sin ser localizadas en todo el estado.

Las diferencias existen porque hay desconfianza en los funcionarios y algunas familias se niegan a denunciar, cree el activista Ocegueda. Lo que más necesitan los familiares es ser escuchados y reconocidos. Algo que dice no encontrar en figuras de autoridad.

Para él, lo más justo sería que el gobierno estatal aceptara que existe un problema y se pronunciara al respecto.

“Estamos solicitando al señor gobernador que pida perdón a todas las víctimas de desaparecidos en Baja California, como lo está haciendo el gobernador electo de Chihuahua. Que se sensibilice con todas las madres de desaparecidos y que les den la atención adecuada”.

 

Baja California ha sido azotada por la violencia. Gráfica: Áxel Márquez/ dato.mx con datos del RNPED.

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“Las víctimas en Baja California no quieren la reparación del daño” dice Ocegueda. “Lo que quieren es justicia”. Y sin embargo, entre todos los casos que se han denunciado ante el estado, la PGJE ha localizado solo a diez: nueve en Tijuana y uno en Mexicali. Ninguno con vida. Esto es una efectividad del 1.6%.

Porcentaje lejano al de los “no localizados”. Un 95% de la personas extraviadas, sí llegan a comunicarse con la familia o incluso volver.

El otro 5% que “no se localiza”, dice la PGJE, son reportes que nunca se dieron de baja y que por lo tanto, no saben si la persona en cuestión regresó, o no.

Por su parte, la AUDBC reporta haber encontrado a 18 en los últimos siete años, pese a las trabas, que según Ocegueda, obtienen del gobierno.

Hasta ahora, las personas que buscan a sus desaparecidos, se han visto obligadas a investigar por cuenta propia, básicamente desde cero, pues activistas denuncian que ha sido imposible acceder a la información que recoge el estado.

“Ya nos estamos preparando en cuestión de leyes, para próximamente empezar a trabajar amparos, para que un juez obligue al ministerio a que les brinde información a las víctimas, inclusive copia de su averiguación previa porque si vas y la pides, te la niegan”, dice Ocegueda.

La Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado prohíbe, en su artículo 41, que un servidor público divulgue información que obtuvo en el ejercicio de su trabajo, aún cuando la Ley General de Víctimas, estipula que deben proporcionar una copia de su expediente a la familia.

Al respecto, Pedro Ariel Mendívil, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, considera que el congreso estatal tendría que trabajar en una iniciativa propia, para efectos de cubrir vacíos fácticos y jurídicos mientras llega la reforma federal.

“En lo personal, considero que es un derecho humano el que las familias tengan acceso a sus carpetas para coadyuvar y participar en la integración de las desapariciones. Si tenemos una PGJE o una PGR que limita estos derechos de acceso a la justicia, indudablemente que se están violando derechos humanos”, dice Mendívil.

Después de que se promulgara esta ley en 2013, las entidades federativas serían obligadas a conciliar sus leyes locales con el nuevo decreto, a más tardar en mayo de 2014. Sin embargo, la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California sigue pendiente.

Y con ella, sus beneficios: garantía de recibir un trato digno y humano, donde el poder no justifique o cuestione la condición de víctima en un afectado, y se conceda atención médica, psicológica y jurídica, de forma gratuita.

“Porque no importan las circunstancias en que alguien desapareció”, dice Jacqueline. “Mientras una hija, un hermano o una madre siga llorando su ausencia, lo importante será actuar como sociedad y ayudarnos”.