La piratería y el contrabando continúan siendo problemáticas graves en México, tanto en términos económicos como sociales. La Organización Mundial del Comercio (OMC), define a la Piratería, como la “Reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derechos de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos.”
Por su aprte la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define a la piratería como “La reproducción y distribución de copias y obras protegidas por derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos cuando dicha autorización resulte necesaria”.
Aunque se han implementado medidas legales, la aceptación social y la percepción de la piratería como un delito “sin víctimas” dificultan su erradicación. Aunado a una falta de efectividad y continuidad en las estrategias gubernamentales para controlar estas ilícitas actividades.
El panorama que se presenta hoy en México y el mundo, evidencia una problemática arraigada en factores económicos y sociales, que afecta tanto a las finanzas públicas como a la competitividad de las empresas legales en el país.
Combatir este fenómeno requiere esfuerzos integrales entre gobierno, empresas y sociedad civil.
El reciente aseguramiento de mercancías piratas en el municipio de Ensenada, Baja California, cuantificado en un monto superior a los 320 millones de pesos, pone en evidencia el impacto del consumismo y la economía informal en nuestra región y en México.
Este operativo, parte de la denominada “Operación Limpieza,” el cual tiene su acción detonante el pasado mes de noviembre de 2024 en Plaza Izazaga #89 en Ciudad de México, concurrida plaza que cuenta con 1500 locales comerciales distribuídos en 16 pisos y derivo en el aseguramiento de más de 260 mil piezas de mercancía pirata provenientes de Bangladesh, China, Vietnam, Malasia e Indonesia con un valor aproximado a 7.5 mdp; al respecto, el Secretarío Federal de Economía Marcelo Ebrard, anuncio que dicho operativo se extendería a varias entidades federativas y se procedería a la cancelación de las patentes de agentes aduanales involucrados en la importación ilegal de dichas mercancías, a los locatarios y propietarios del inmueble Izazaga 89 les advirtió, que no pueden navegar en la “zona gris” y pensar que no tendrán responsabilidad, pues será gestionada ante la FGR la extinción de dominio sobre el inmueble, ya que aún cuando se realizaron cuatro operativos previos y conforme a la ley, los arrendadores de los locales comerciales deben denunciar si saben de actividades ilícitas en sus respectivos lugares.
Operativo en Baja California
En nuestra entidad, el operativo fue bien percibido por diferentes sectores y exitosamente coordinado por el Secretario General de Gobierno de Baja California Alfredo Álvarez Cárdenas, quien se desplazo en conjunto con fuerzas federales de las Secretarías de Economía y Seguridad; este operaivo marca un punto crítico en la lucha contra el contrabando y la piratería, fenómenos que están profundamente enraizados en la dinámica económica y social del país, donde se incautaron artículos ilegales provenientes principalmente de China. Entre los productos decomisados figuran alimentos, juguetes, perfumes, dispositivos electrónicos y textiles, artículos que, aunque asequibles para el consumidor promedio, representan una amenaza para la economía formal y la salud pública. Los espacios donde se implementó el operativo, denominados Max Family y Plaza China, que abarcan 18,000 metros cuadrados, se han convertido en centros de distribución de estos productos apócrifos, alimentando un mercado paralelo que prospera bajo la demanda de productos baratos por parte de consumidores indistintamente de su poder económico y clase social.
Al respecto, el Vicepresidente Nacional de Seguridad, Combate a Pirateía y Contrabando de Canacintra México, y a la vez Consejero Editorial de este medio Edgardo Flores Campbell, señalo que la violación de derechos de autor y el contrabando representa un serio flagelo para la industria en México y un gran reto para las autoridades, por ello todo esfuerzo institucional de esta índole amerita un respaldo y no se debe escatimar el apoyo de la industria, y si bien el resultado de este operativo es un gran aliciente falta mucho por hacer, el reto es grande pues más alla del aseguramiento de la mercancía se debe proceder contra los responsables y en definitiva ya contra los consumidores, pues no se explica la abundante oferta de productos piratas y de contrabando sino es en razón de la demanda y colusión de algunas autoridades.
La pirateria y el contrabando: impactos negativos en el sector social, empresarial e industrial
Es ahí donde el tema de la piratería y contrabando tiene diversos impactos negativos y no solo en el sector social, en el sector empresarial e industrial, sino también impacta en el sector público, ya que el propio gobierno se ve afectado en su política tributaria en razón de una menor recaudación de ingresos fiscales, mismos que superan anualmente los 413 mdd, el equivalente a las 8 mil mdp.
Destaco que en piratería nuestro país ocupa el 4to lugar mundial y nada honroso 1er lugar en américa latina, lo que afecta las relaciones comerciales y la inversión extranjera, ya que gran parte de la comunidad internacional ubica en este rubro a México como un país corrupto, caracterizado por el consumismo, como un país que no respeta ni hace vales sus normas.
El consumismo y la desigualdad económica
El consumismo en México, impulsado por una creciente desigualdad económica, crea un terreno fértil para el contrabando y la piratería. Según Pierre Bourdieu, el consumo no solo es un acto económico, sino un fenómeno cultural donde las elecciones de los consumidores reflejan sus aspiraciones y limitaciones sociales. En este contexto, el acceso a productos piratas permite a los sectores de menores ingresos aspirar a símbolos de estatus que de otro modo serían inaccesibles. Sin embargo, este acceso viene con costos ocultos, desde la calidad deficiente hasta los riesgos para la salud y la seguridad.
No obstante, el impacto de la piratería no se limita a los consumidores. Las empresas formales enfrentan pérdidas millonarias debido a la competencia desleal. Este fenómeno también afecta la recaudación fiscal, privando al Estado de recursos esenciales para infraestructura y servicios públicos. Como señala Saskia Sassen, en un mundo globalizado, las economías nacionales deben lidiar con flujos transnacionales que a menudo escapan a los marcos regulatorios tradicionales. En el caso de México, la proximidad a Estados Unidos y la creciente influencia del comercio chino complican aún más la regulación de estas prácticas.
Cancelación de licencias aduanales de operación como parte del combate contra la piratería y el contrabando
La estrategia del gobierno de la república expuesta por el secretario de economía federal, además del decomiso de productos, incluyen la investigación de al menos 40 agencias aduanales y la eventual cancelación de licencias aduanales de operación, el aumento de aranceles para productos textiles (hasta un 35%). Este enfoque integral refleja una intención de disuadir tanto a los distribuidores como a los consumidores de participar en este mercado ilegal, mismo que cueta el 1.25% del PIB y se constituye como el delito más preocupante en México después del narcotráfico. Se estima que el valor de la pirateía en México es superior a los 2 mil 900 mdd, unos 60 mil mdp.
Sin embargo, la efectividad de estas acciones en contra de la piratería dependerá de su continuidad y del abordaje de las causas estructurales. Ulrich Beck, en su obra La sociedad del riesgo, argumenta que los problemas globales, como el comercio ilegal, requieren soluciones que trasciendan las fronteras nacionales. En este caso, la colaboración entre México y sus socios internacionales será clave para regular el flujo de mercancías ilegales.
Operativo en Ensenada, Baja California
El reciente operativo realizado en el municipio de Ensenada, destaca la importancia de tomar medidas contundentes, pero también plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo de estas estrategias. ¿Podrán las acciones gubernamentales reducir significativamente el mercado de piratería, o este se adaptará y encontrará nuevas formas de operar? Como advierte David Harvey, los sistemas económicos tienden a regenerarse en formas que perpetúan las desigualdades y las prácticas informales si no se abordan sus raíces profundas.
En última instancia, la lucha contra el contrabando y la piratería en Baja California no solo trata de proteger los intereses económicos del país, sino también de establecer un modelo de consumo más responsable y sostenible. Esto requiere una combinación de educación del consumidor, fortalecimiento institucional y estrategias de desarrollo económico que reduzcan las desigualdades que alimentan este mercado paralelo.
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Solo así será posible enfrentar un fenómeno que, aunque persistente, no es insuperable, por ello imperante resulta converger esfuerzos gubernamentales con la industria y cámaras empresariales. N
