Además de los más de 32,000 palestinos muertos, más de 75,000 heridos y 1.9 millones de desplazados, hasta ahora, un nuevo informe publicado este martes 2 de abril por el Banco Mundial y la ONU calcula que la destrucción económica en Gaza, derivada de los daños causados a las infraestructuras, ronda los 18,500 millones de dólares. Esto equivale a 97 por ciento del PIB combinado de Cisjordania y Gaza en 2022.
El informe de evaluación provisional, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, el mayor donante de Palestina, mide los daños sufridos por las infraestructuras físicas en sectores críticos entre octubre de 2023 y finales de enero de 2024.
El documento concluye que los daños a las estructuras afectan a todos los sectores de la economía. La vivienda representa 72 por ciento de los costes. Las infraestructuras de servicios públicos, como el agua, la sanidad y la educación, representan 19 por ciento, y los daños en edificios comerciales e industriales, 9 por ciento.
26 MILLONES DE ESCOMBROS EN PALESTINA
En varios sectores, el ritmo de los daños parece estar estabilizándose, ya que son pocos los activos que permanecen intactos. Se calcula que la destrucción ha dejado 26 millones de toneladas de escombros, una cantidad que se tardará años en retirar.
En el informe también se analizan las repercusiones en la población de Gaza. Más de la mitad de los habitantes está al borde de la hambruna y 100 por ciento sufre inseguridad alimentaria aguda y malnutrición. Más de un millón de personas no tienen una vivienda y 75 por ciento de la población ha sido desplazada.
Los impactos acumulativos catastróficos en la salud física y mental han afectado en mayor medida a las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad, y se prevé que los niños más pequeños sufrirán consecuencias en su desarrollo durante toda su vida, indica el documento.
LA DESTRUCCIÓN ECONÓMICA EN GAZA TAMBIÉN AFECTA LAS REDES ELÉCTRICAS
Dado que 84 por ciento de los establecimientos sanitarios han resultado dañados o destruidos, y no hay electricidad ni agua para el funcionamiento de las instalaciones restantes, la población tiene un acceso mínimo a atención de salud, medicamentos o tratamientos vitales.
El sistema de abastecimiento de agua y saneamiento prácticamente ha colapsado, suministrando menos de 5 por ciento de su producción anterior, y las personas dependen de raciones de agua más pequeñas para sobrevivir. El sistema educativo se ha desintegrado, y 100 por ciento de los niños no asiste a la escuela.
En el informe también se hace referencia al impacto en las redes eléctricas, así como en los sistemas de generación de energía solar, y al apagón casi total desde la primera semana del conflicto. La entrega de ayuda humanitaria básica a la población se ha vuelto muy difícil debido a que 92 por ciento de las carreteras primarias están destruidas o dañadas y la infraestructura de comunicaciones se encuentra seriamente afectada, alerta el documento. N
