El 12 de enero del presente año los legisladores Dan Crenshaw y Michael Waltz presentaron una iniciativa para que se catalogaran los actos realizados por los grupos de narcos mexicanos como terroristas, con la intención de que Estados Unidos pudiera hacer uso de sus fuerzas especiales para combatir a los cárteles mexicanos. 

En México la propuesta fue condenada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso advirtió con impulsar una campaña para evitar los votos contra el partido rojo y la calificó como “una falta de respeto” a la soberanía del país; mientras que el canciller Marcelo Ebrard aseguró que esta iniciativa es perjudicial en las relaciones bilaterales para combatir el narcotráfico.

De manera concisa, el artículo 33 de la Constitución Mexicana, ubicado en el capítulo III, que se refiere a la intervención de extranjeros en asuntos de soberanía nacional, menciona que ninguna persona “podrá de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”, por lo que el gobierno de México se reserva el derecho a expulsarlos con fundamento en la ley. En la misma Constitución se lee: 

 “Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.” 

Para confirmar la posición del Gobierno de México, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que no permitirá ningún tipo de intervención extranjera, y mucho menos si incluye el ingreso de fuerzas armadas al suelo mexicano, por lo que hacerlo de manera unilateral podría conllevar un conflicto internacional.

De igual forma, el mensaje fue secundado por el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, quien aseguró que se trata de una estrategia electoral y que México jamás permitiría una intervención militar, pues catalogó la intención con fines “catastróficos” en la cooperación antidrogas. N

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