EN BOLIVIA tras el arranque de una huelga indefinida convocada por sectores de la oposición al gobierno de Luis Arce, la policía informó que hay 86 bloqueos localizados en dos regiones, Cochabamba y Santa Cruz, donde se ha registrado “cierta conflictividad” en las primeras horas del paro.
El comandante general de la policía, Jhonny Aguilera, informó que más allá de estas dos regiones, el resto del país está “en completa normalidad”, mientras que ha adelantado que en Santa Cruz se habrían movilizado unas 2,000 personas, informó EuropaPress.
Para dispersar los bloqueos que se han formado en la primera jornada de huelga, las fuerzas de seguridad han usado gas lacrimógeno, según dieron a conocer medios locales. En este contexto, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunció que se han desplegado 4,000 agentes de policía por todo el país para garantizar la libre circulación, informó La Razón.
“El derecho a la protesta no puede afectar a la libre transitabilidad de los ciudadanos”, declaró Ríos.
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“LEY MADRE”
En tanto, la Asociación Boliviana de Supermercados (Asobsuper) confirmó que su posición oficial es la de no atender al público durante el paro. Sergio Weise, presidente de la organización, expresó: “No vamos a abrir puertas y estaremos cerrados pues no hay condiciones para hacerlo. Esa es nuestra posición final”.
Anteriormente hubo un paro cívico el pasado 11 de octubre seguido de movilizaciones el 21 de ese mismo mes. Fueron los líderes sindicales y gremialistas quienes anunciaron nuevas acciones si el gobierno no derogaba la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, también conocida como “Ley madre” que fue aprobada en agosto pasado.
Son principalmente comerciantes informales, transportistas y organizaciones quienes exigen que el gobierno derogue dicha ley bajo el argumento de que el gobierno en el poder busca imponer un “totalitarismo económico y financiero” en contra del pueblo.
“El paro durará lo que tenga que durar”, afirmó la semana pasada el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.
Los temores de los manifestantes radican en que tanto la ley marco como el proyecto de ley frenado le permitía al gobierno investigar el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial, y obligaría a profesionales como abogados y periodistas a revelar información de clientes o fuentes informativas, informó AFP. N
