EL PRESIDENTE de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se convirtieron este lunes en los candidatos del oficialismo para buscar un cuarto mandato durante en las elecciones del 7 de noviembre, mientras sus principales rivales están en prisión.
La pareja fue registrada como los candidatos de la alianza “Nicaragua triunfa”, de partido en el poder Frente Sandinista (FSLN, izquierda), después que un congreso partidario los ratificara como su fórmula presidencial.
“Con Daniel y Rosario seguimos transformando” Nicaragua, dijo el representante legal del FSLN, Edwin Castro, tras presentar la documentación en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Ortega, exguerrillero de 75 años, gobierna desde 2007 tras dos reelecciones sucesivas, aspira a asentarse en el poder por cinco años más junto con Murillo, de 70 años, quien lo acompaña en la vicepresidencia desde 2017.
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“La permanencia de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua perpetuaría la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos bajo su mando”, dijo Amnistía Internacional ante el anuncio de su candidatura en las próximas elecciones presidenciales.
Las elecciones, programadas para el 7 de noviembre, tendrán lugar mientras el país atraviesa una grave crisis de derechos humanos, que iniciaron en abril de 2018 y que se ha profundizado en los últimos meses, señaló la organización internacional.
“Mientras se anuncia la candidatura de Daniel Ortega, miles de víctimas de violaciones a derechos humanos siguen esperando justicia por los crímenes cometidos por las autoridades nicaragüenses bajo su gobierno”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Mantener las estructuras que han asegurado la impunidad no puede ser la base para la construcción del futuro del país. Para salir de la crisis se necesita que las violaciones a los derechos humanos se detengan, que los señalados como sospechosos sean investigados con imparcialidad y prontamente y que las víctimas obtengan justicia, verdad y reparación”.
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Durante la crisis de derechos humanos el gobierno de Ortega, quien actualmente ostenta su tercer mandato presidencial consecutivo, “ha echado mano de los órganos judicial y legislativo para implementar tácticas represivas. Esto, en parte, ha permitido la construcción de un sistema que garantiza la impunidad y que individuos acusados de cometer crímenes del derecho internacional eviten comparecer ante la justicia y, en cambio, intenten obtener cargos de poder”.
En el 2018, el informe de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua determinó que las autoridades nicaragüenses cometieron crímenes de lesa humanidad. Asimismo, señaló que existen elementos que llevan a pensar que los crímenes cometidos fueron tolerados, alentados u ordenados por las máximas autoridades, incluyendo al presidente del país, quien además ejerce como Jefe Supremo de la Policía Nacional, rango más alto del mando institucional.
El informe también señaló que estos hechos fueron realizados en el contexto de un plan definido desde las más altas esferas del gobierno.
“Actualmente ninguna persona acusada de cometer crímenes del derecho internacional está siendo investigada. Al contrario, Daniel Ortega se erige nuevamente como candidato a la presidencia, en cuyo cargo será inmune a cualquier investigación en su contra”, dijo Erika Guevara Rosas. N
