LAS DENUNCIAS de espionaje sobre el programa Pegasus muestran “una crisis mundial de los derechos humanos”, advirtió la organización Amnistía Internacional (AI), que pidió este sábado una moratoria en la venta y uso de las tecnologías de vigilancia hasta que se cree un marco reglamentario.
La organización alertó a través de un comunicado sobre “los efectos devastadores en los derechos humanos en todo el mundo por un sector de la cibervigilancia poco reglamentada”.
Las revelaciones del proyecto Pegasus “muestran claramente los peligros y los perjuicios a los cuales están expuestas las personas tomadas de manera ilegal como objetivo”, declaró Agnès Callamard, secretaria de Amnistía Internacional, citada en ese comunicado.
La compañía israelí NSO, que creó el programa, “es una empresa como otras. Se trata de un sector peligroso que opera desde hace mucho tiempo al límite de la legalidad”, lamentó AI.
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“Es absolutamente urgente que se refuercen la reglamentación del sector de la cibervigilancia (…) y el control de ese sector muy opaco”, estima la organización.
Amnistía Internacional pide una moratoria que se “instaure de manera inmediata sobre la exportación, la venta, la transferencia y el uso de tecnologías de vigilancia hasta que se aplique un marco reglamentario respetuoso de los derechos humanos”.
El programa Pegasus puede infiltrar los teléfonos móviles sin que el usuario lo sepa, lo que permite a los clientes leer todos los mensajes, rastrear la ubicación del usuario e intervenir la cámara y el micrófono del celular.
Pegasus se ha visto implicado en la posible vigilancia masiva de periodistas, defensores de los derechos humanos y 14 jefes de Estado. Sus números de teléfono figuraban entre los 50,000 posibles objetivos de vigilancia en una lista filtrada a Amnistía Internacional y a Forbidden Stories.
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El miércoles, Reporteros sin Fronteras, con sede en París, también pidió una moratoria para el programa de cibervigilancia.
La autoridades mexicanas también han informado que existe una investigación abierta por una presunta línea de corrupción en la compra, por 32 millones de dólares, del software Pegasus, el cual se sospecha fue utilizado por autoridades para espiar a opositores y periodistas, según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). N
