ERA DOMINGO 21 de junio de 2020 cuando unas 300 personas rodearon el plantón que estaba al pie de la cabecera municipal de San Mateo del Mar, Oaxaca, donde 31 indígenas ikoots denunciaban las violencias y privación arbitraria de la libertad de la que, un mes antes, habían sido víctimas. Entre ellos había tres mujeres.
Al tenerlas rodeadas y sin aceptar diálogo alguno, comenzaron a lanzarles piedras y quitar las lonas en las que se leía la palabra “Justicia”.
De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de aquel 21 de junio de hace un año, después de la asamblea celebrada en la escuela Telesecundaria Huazantlán del Río, Oaxaca, y tras la llegada de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Policía Vial a los alrededores de San Mateo del Mar, arribaron agentes de otras colonias aledañas al municipio que comenzaron a agredir a las 31 personas que eran parte del plantón.
En el documental Vientos de sangre, algunos sobrevivientes narran que los presuntos sicarios comenzaron a lanzarles piedras. Sin ánimo de negociación, agredieron a los 31 indígenas ikoot y derribaron las lonas que eran parte del plantón. Sin uso de armas más que piedras, palos de madera y tubos que se encontraban cerca de un terreno abandonado, los agredieron hasta dejarlos inconscientes para después rociarlos con gasolina y quemarlos vivos.
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Testimonios de los sobrevivientes denuncian que los agresores iban en estado de ebriedad y drogados y que, además, les lanzaron la constante amenaza: nadie va a escapar y ni saldrá vivo, después de las detenciones arbitrarias de las que ya habían sido víctimas desde mayo pasado en los retenes que aún se encuentran ubicados en la entrada a Huazantlán del Río, según señalan en entrevista con Newsweek México.
“Fue una triste tragedia lo que pasó ese 21 de junio. Si salimos vivos o muertos [fue porque] tuvimos que arriesgar la vida. Con piedras, barrotes y demás escombros que se encontraban cercanos a la agencia de Huazantlán del Río, en San Mateo del Mar, donde se vivió una masacre entre pobladores de colonias aledañas a este municipio, en el estado de Oaxaca”, cuenta uno de los sobrevivientes, bajo anonimato, en entrevista para este medio.
Santiago, como lo llamaremos para proteger su identidad tras las constantes amenazas de muerte que ha recibido, cuenta que, durante los acontecimientos de ese 21 de junio en la comunidad, un grupo de agentes —entre ellos de las cinco colonias aledañas— de San Mateo del Mar ingresaron en la cabecera municipal.
De acuerdo con declaraciones de los sobrevivientes, las 300 personas identificadas por las víctimas fueron las que ingresaron a la comunidad para agredir, torturar y asesinar a quienes se encontraban al pie de la cabecera municipal donde 16 indígenas ikoots fueron asesinados.
SIN MIEDO PARA SEÑALAR A SUS AGRESORES
“No usaron armas, pero sí piedras y gasolina para asesinar a 16 personas indígenas, donde 15 más salimos huyendo para salvar nuestras vidas”, señala. Sin embargo, a un año de la masacre del 21 de junio, los sobrevivientes que lograron escapar hoy día continúan amenazados, sin protección y en espera de que se gire la orden de aprehensión en contra de sus agresores tras las denuncias que realizaron.
Entre los presuntos agresores señalados, de acuerdo con los testimonios de testigos y sobrevivientes, se encuentran: José Luis Chávez Salinas, Camerino Dávalos Larrínzar, Pedro Dávalos Larrínzar, Laura Fiallo Sandoval, Máximo Leyva Piamonte, Teófila Ochoa y Emmanuel Villaseñor Bustillos, entre otros.
Dichos personajes también son señalados en el documental Vientos de sangre, que el Colectivo de Víctimas y Sobrevivientes de la Masacre del 21 de junio realizaron para denunciar estos hechos.
Santiago recuerda que, durante los hechos de ese 21 de junio de 2020, tanto la Guardia Nacional como la Policía Estatal y municipal de Salina Cruz no los apoyaron ni resguardaron.
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“Oyeron ruidos y gritos de todos los compañeros de los que andaban maltratando. De todos, de las señoras y de la mujer que mataron. Fue una triste tragedia lo que pasó ese 21 de junio. Yo los conozco; y los que entraron fueron los agentes municipales de Huazantlán, Cuauhtémoc, Juárez, Costa Rica, San Pablo, de la colonia Santa Cruz y otras personas de San Mateo del Mar, pero eso [la denuncia] ya lo tiene la Fiscalía General del Estado”, narra.
Si bien la matanza en la comunidad de Huazantlán se perpetuó el 21 de junio de 2020, semanas antes ya habían ocurrido detenciones ilegales, como la de Okas Marissa, a quien privaron de la libertad, sin una orden aprehensión en su contra, el 2 de mayo de 2020 en compañía de su hija, una menor de tan solo dos años.
De acuerdo con una de las víctimas de familiares que fueron asesinados en Huazantlán, a Okas Marissa la metieron en la cárcel “con la intención de matarlos o colgarlos”, señala en entrevista a este medio quien nombraremos Sara para proteger su identidad, ya que también vive con amenaza de muerte.
De acuerdo con ella, Okas y dos mujeres fueron privadas de su libertad. A Okas no solo la atacaron, sino también fue agredida sexualmente y amenazada de muerte. Sin embargo, gracias a los familiares de las 15 personas que fueron detenidas de manera arbitraria, ella y otras personas lograron salir.
Después de todo lo sucedido, las mujeres que fueron privadas de su libertad comenzaron a buscar justicia junto con los hombres que también fueron encarcelados; entre las acciones que emprendieron fue iniciar un plantón en Huazantlán del Río. Entre las personas que se unieron a ellas está el padre de Sara, a quien describe como un hombre que siempre apoyó a las mujeres, como a ella, que la impulsó a estudiar para tener una mejor calidad de vida.
“Cuando mi papá escucha esto, él decide apoyar a las compañeras. Son varios hombres que van en apoyo a ellas y hacen su plantón en Huazantlán del Río”, narra.
Sara describe que, en su pueblo, la mujer no es vista como un ente social con la libertad de decidir o hablar. “Para los hombres —cuenta en este testimonio—, las mujeres no tenemos valores. No tenemos voz ni voto. Frente a ellos somos como un objeto que solamente sirve para tener hijos y no votar. Solo criar hijos”.
En su comunidad el machismo que permea en la sociedad llega a expresiones como “¿Por qué haces esto? No deberías porque tú debes estar en la casa con tus hijos. Nada más para eso sirve una mujer en mi pueblo”, repite Sara.
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El 5 de mayo de 2020, Okas Marissa, una de las víctimas de la masacre, acudió a la ciudad de Oaxaca para solicitar medidas cautelares ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Dichas medidas le fueron negadas.
Santiago, uno de los sobrevivientes de la masacre, explica que, al ver la situación que atravesaron Rosario, Argelia y Okas decidió apoyarlas después de que las autoridades y la DDHPO no les dieran respuesta a sus demandas.
“La Comisión de Derechos Humanos no quiso intervenir en este llamado de las demandas, entonces, decidieron las mujeres tener un plantón frente a la agencia municipal de Huazantlán. Nosotros decidimos apoyarlas. El 27 de mayo fue que decidieron poner el plantón y ahí estuvimos hasta el 21 de junio de esta triste historia”, narra Santiago.
Los testimonios proporcionaron a este medio el número de la carpeta de investigación que las víctimas realizaron: 19244/FIST/SALINA/2020 2 MAYO; 19223/FIST/SALINA/2020; 19502/FIST/SALINA/2020; 19625/FIST/SALINA/2020 y 19265/FIST/SALINA/2020 21 DE JUNIO FALLECIDOS.
UN PAPEL NO LES DA SEGURIDAD
En abril pasado, medios de Oaxaca señalaron que en San Mateo del Mar se anunciaron asambleas para revocar mandato al presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, tras llevar un año y medio fuera de la comunidad. En una entrevista a El Universal de Oaxaca, el edil señaló tener miedo de que lo maten.
En la entrevista, Ponce Hinojosa es cuestionado por el reportero y responde: “No vivo en el pueblo por temor a que me hagan daño, despacho en la comunidad de La Reforma, cerca de San Mateo; obras sí he hecho”.
Ante las recientes elecciones del pasado 6 de junio en la entidad, la revista Proceso advirtió que el “INE reconoció que en al menos siete comunidades indígenas de Oaxaca no se instalaron casillas por conflictos político-sociales y que horas antes de que arrancara la jornada electoral fueron robadas 800 boletas electorales”, entre ellos, el municipio de San Mateo del Mar.
Al padre de Sara lo desmembraron y quemaron vivo. Esta saña se repitió con las demás víctimas, a quienes apedrearon, a otros los golpearon con tubos, les rociaron gasolina y fueron quemaron vivos.
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Para Santiago, las secuelas físicas de las agresiones de las que fue sobreviviente no se comparan con el miedo y el daño mental con el que ahora vive; además de tener que exiliarse de Huazantlán del Río.
“Los que salimos de esa agencia [municipal] estuvimos con el psicólogo porque esa triste historia que pasó no la hemos olvidado. Yo no puedo olvidarlo. Ahorita ya estoy [con] la mente tranquila, y por ahora quiero justicia. Quiero que los masacradores que entraron los metan en la cárcel para estar más tranquilo de lo que estoy ahorita”, narra.
De acuerdo con el Colectivo de Víctimas y Sobrevivientes de la masacre del 21 de Junio, en Huazantlán de Río, tan solo 18 familias se encuentran desplazadas de su comunidad de origen y 19 menores de edad, entre ellos niñas y niños, se han quedado en la orfandad, donde seis esposas y seis padres se encuentran en desamparo, ya que dependían económicamente de las y los fallecidos.
Al cierre de esta nota, sobrevivientes de la matanza y familiares víctimas de este hecho señalan que la CNDH no se ha acercado a ellos. De acuerdo con los testimonios, a pesar de haber acudido a Oaxaca y a la Ciudad de México, tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) como la CNDH dijeron que les darían medidas cautelares, pero hasta ahora no ha ocurrido.
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Sara comenta que a ella no le sirve un papel para sentirse protegida porque el día de mañana van a su casa y un papel no le sirve de nada. “Esta gente no viene a leer papeles, viene a matarte”, señala.
“Yo necesito algo que físicamente cuide de mi familia y que cuide de mí porque un papel no me sirve de nada. A los familiares no nos sirve de nada. Un papel no es nada y ellos te pueden hacer lo que quieran, por eso no puedo regresar”.
Ante el miedo y la falta de respuesta de las autoridades, que recibieron las denuncias en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, tanto sobrevivientes como familiares de víctimas decidieron no regresar a su pueblo, mantener comunicación entre ellos, cuidarse y protegerse porque las amenazas no ceden.
“Entre todos nos protegemos y estamos atentos porque hemos recibido amenazas diciendo que nos van a buscar y matar”, denuncian. N
