UN JUEZ de El Salvador ordenó la liberación de Sara Rogel, quien a sus 22 años de edad fue condenada a 30 años de prisión, acusada por delito de homicidio agravado, luego de sufrir un accidente que ocasionó que perdiera su embarazo.
Este lunes 31 de mayo, el juez le otorgó la libertad condicional anticipada al considerar que la joven, quien ha estado en prisión durante 10 años, ha cumplido la mayor parte de su pena y que no representa un peligro para la sociedad. Sin embargo, Sara no ha recuperado su libertad, pues la Fiscalía externó estar en desacuerdo con el fallo y prevé presentar esta semana un recurso de revocatoria o de apelación.
La sentencia otorga 5 días hábiles para que la Fiscalía presente el recurso. En dicho supuesto, los abogados de Sara tendrán otros 5 cinco días para responder y, con ambos planteamientos, un tribunal superior analizará el caso y tendrá que emitir un fallo. Este proceso se prevé que tarde hasta un mes, tiempo en el que la joven seguirá en prisión.
Si la Fiscalía no presenta algún recurso, Sara, de ahora 30 años de edad, quedaría en libertad tras los cinco días otorgados a la Fiscalía.
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En octubre de 2012, Sara resbaló cuando lavaba ropa y presentó una hemorragia, por lo que fue trasladada al Hospital Nacional de Cojutepeque donde la acusaron de aborto y luego de homicidio.
Actualmente, hay 14 mujeres salvadoreñas que permanecen privadas de su libertad por casos similares a los de Sara. La ley salvadoreña tiene las prohibiciones más estrictas del mundo sobre el aborto al no contemplar ninguna excepción, incluso en casos de embarazos derivados de una violación, incesto o cuando la vida o salud de la madre están en riesgo. Hasta las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo, abortos espontáneos y emergencias obstétricas son comúnmente criminalizadas.
María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas CAM en Centroamérica y México, explicó que la región tiene el mayor número de países que criminalizan el aborto. “Tenemos siete países en la región centroamericana, de los cuales tres: Nicaragua, El Salvador y Honduras, penalizan el aborto en todas sus formas. Es un pendiente enorme. Es la realidad más retrógrada y más violenta que existe en el mundo contra las mujeres”, mencionó.
De acuerdo con la organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, la penalización total del aborto también afecta a quienes sufrieron una emergencia obstétrica, limitando el acceso a servicios de salud a los que tienen derecho.
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Entre el 2000 y el 2019, 181 mujeres fueron detenidas arbitrariamente y judicializadas por aborto u homicidio agravado, delito que tiene penas previstas entre 30 y 50 años de prisión. De estas mujeres, el 67% fueron sentenciadas cuando tenían entre 18 y 25 años, el 42% son analfabetas o cuentan con un bajo nivel de escolarización, el 53% no cuentan con ingresos económicos, y la mayoría provienen de zonas rurales o urbanas marginales.
La criminalización del aborto en El Salvador ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad internacional en reiteradas ocasiones. Instancias como la ONU o la CIDH han llamado a las autoridades del país a dejar de perseguir a las mujeres, principalmente las de escasos recursos, por estos casos. N
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