Una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión compromete a las compañías de telefonía móvil a construir una base de datos pública de sus usuarios a nivel nacional, pero una especialista ve más riesgos que beneficios en ello.
Los únicos beneficiados terminarán siendo los delincuentes y las empresas dedicadas a la venta de servicios, opinó Elena Estavillo, ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y actual directora asociada de la consultora AEQUUM, especializada en estudios y proyectos de desarrollo urbano, de transporte, ambientales y sociales.
“No veo ningún beneficio, más que a los delincuentes para que tengan más fácil acceso a los datos de las personas de las líneas telefónicas”, comentó Estavillo.
El dictamen fue aprobado ayer martes por unanimidad en la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y propone la creación de un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que permitirá identificar a los propietarios de las líneas telefónicas.
Según su exposición de motivos, este dictamen pretende prevenir y disminuir los delitos que son realizados a través de llamadas telefónicas o mensaje de texto, por ejemplo, la extorsión.
Actualmente, cualquier persona puede obtener una sim card de prepago con facilidad y su masificación ha creado un área de oportunidad para la criminalidad, según el inicialista, que es el diputado de Morena con licencia, Mario Delgado.
La iniciativa, que aún debe ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, establece que las empresas de telefonía móvil deben registrar los números celulares, el número de la tarjeta SIM, la fecha y hora de activación de la línea, el nombre completo o razón social del usuario, los datos de su identificación oficial, CURP, su domicilio, la información del concesionario, entre otros.
También otorga el poder para operar, vigilar y mantener el registro, al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La información será recolectada y proporcionada por los concesionarios de los servicios móviles y se obtendrá al momento de comprar o rentar el celular, según la iniciativa.
Además, propone que cualquier persona tenga la posibilidad de consultar la información del Registro, accediendo a la página del IFT.
“Lejos de combatir la delincuencia este directorio podría facilitarla porque ya no habría ninguna dificultad para ningún delincuente de ver cómo tienen nuestros datos, número, nombre, y hacer llamadas de extorsión y utilizar esta información en delitos graves”, comentó Estavillo Flores.
En lo que va del 2020, se han realizado 9 mil 539 denuncias por extorsión telefónica en Baja California, según datos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), siendo Tijuana la ciudad con más denuncias registradas con 4 mil 293, seguida de Mexicali con 2 mil 855, Ensenada con mil 647, Tecate 473 y Rosarito con 273.
Las llamadas de extorsión suelen provenir desde otras partes del país, principalmente de Ciudad de México, Jalisco, Sonora y Nuevo León, por personas que generalmente se encuentran recluidas en cárceles, según datos de la GESI.
Los tipos de extorsión más denunciados por los bajacalifornianos son amenaza del crimen organizado, secuestro de un familiar, amenazas por supuesta denuncia, fraude, familiares detenidos en la aduana o por cometer un delito.
Estavillo Flores mencionó que además de ser una herramienta ineficaz tendría un costo muy alto, y que generaría diferentes riesgos para la privacidad de los usuarios, además de que esto ya se intentó previamente en 2009 con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT).
“Fue un gran fracaso, pero al menos nos debería de servir para aprender de lo que funciona y lo que no funciona, entonces preocupa esta propuesta se está haciendo como si no tuviéramos una antecedente en este país, como si no lo hubiéramos intentado antes”, aseguró.
