El Cabildo de Tijuana aprobó este jueves presentar una demanda de juicio de Controversia Constitucional, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del decreto 158 que faculta al gobernador de Baja California para designar a los suplentes de los alcaldes que soliciten licencia por un periodo mayor a 30 días.

La demanda se hará en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien propuso la iniciativa de reforma; de Amador Rodríguez Lozano, quien la presentó como Secretario General de Gobierno; y del Congreso del Estado que la aprobó el 14 de noviembre pasado.

En sesión extraordinaria virtual, celebrada este jueves 26 de noviembre, Luis Antonio Quezada Salas, regidor de la Comisión de Régimen Interno, presentó el punto de acuerdo para solicitar la suspensión de las consecuencias jurídicas y ejecución del decreto 158.

En el documento que será presentado a la SCJN, se expone que este tipo de reformas “violentan la soberanía y competencia Constitucional del Régimen de Gobierno Interno del que goza el Ayuntamiento de Tijuana”.

La controversia detalla que la reforma invade la esfera de competencia del municipio en violación al artículo 115 de la Constitución Federal, al determinar que el suplente del Presidente Municipal dependerá del “ánimo” no solo del Congreso del Estado, sino también del gobernador.

El decreto 158 establece una reforma a la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California para determinar los supuestos de las ausencias de los munícipes y otorgar al gobernador la facultad de proponer suplentes.

Con esto, la legislatura local “incumplió el mandato de no intromisión en las atribuciones de los Ayuntamientos”, se expuso en la controversia.

En ella se argumentó que la reforma omite el derecho que tienen los munícipes de solicitar su separación provisional en aras de acceder a otro cargo público, pues condiciona las ausencias a que sean temporales, para aquellas por periodos menores a 30 días, o definitivas.

“Es equivalente a obligar al funcionario a una renuncia, cuando la propia constitución no lo establece”, se agregó al documento.

La mayoría de los regidores presentes en la Sesión extraordinaria de Cabildo votaron a favor de presentar la demanda de Controversia, con excepción de la síndica municipal, María del Carmen Espinoza Ochoa, que lo hizo en contra.

Asimismo, la mayoría de la asamblea votó a favor de que la síndica procuradora sea quien firme el documento que deberá entregarse a la SCJN, en un término no mayor de tres días hábiles.

Espinoza Ochoa observó que no existía necesidad de colocarla como representante del Ayuntamiento de Tijuana para la firma de la demanda “cuando el presidente municipal puede firmar en el ejercicio de su representación legal del municipio”.

Cuestionó a sus compañeros de Cabildo por la presentación de la controversia Constitucional en contra del decreto, “cuando el espíritu de la reforma fue el establecer un procedimiento para suplir la ausencia de los munícipes”.

Advirtiendo la postura de la síndica procuradora, el punto de acuerdo estableció en uno de sus puntos que, en caso de no acceder la fiscal municipal a firmar la Controversia, deberá presentar un escrito “manifestando su imposibilidad para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento”.