La decisión del gobierno de Baja California de eliminar la representación ciudadana y de la iniciativa privada en los consejos de las Comisiones del Agua es arbitraria, excluyente y contraria al interés público, según líderes empresariales de Ensenada.
Así lo expresaron mediante un comunicado la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Amalia Vizcarra Berumen y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ensenada, Carlos Ibarra Aguiar.
Los dirigentes coincidieron en que no contribuye a mantener las finanzas sanas del organismo ni a evitar el robo de agua, aunque eso expuso el gobernador Jaime Bonilla en la iniciativa del dictamen 70 que fue aprobada por el Congreso del Estado el 24 de noviembre pasado.
Opinaron que la propuesta es una expresión más del desprecio que este gobierno tiene por ejercer una administración transparente.
De acuerdo al comunicado, el único interés del gobierno estatal es justificar la cancelación de la participación de la sociedad para evitar la vigilancia en el manejo de las paraestatales y librarse de sus opiniones incómodas y a veces críticas.
Los voceros de Canacintra y CCEE también desmintieron que sus representantes en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) tuvieran algún conflicto de interés, ya que ninguno tenía una función directiva u operativa, además de que su posición era honoraria, sin ningún tipo de prerrogativas.
El gobierno siempre ha tenido mayoría para la toma de decisiones en los consejos de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, señalaron.
Anteriormente, la CESPE, tenía un consejo de administración plural integrado por 7 miembros, 4 gubernamentales, 1 ciudadano propuesto por el cabildo y 2 provenientes del sector empresarial a través de la CANACINTRA y CANACO.
Pero a raíz del dictamen aprobado por mayoría en el Congreso del Estado, el consejo queda integrado exclusivamente por 4 funcionarios de Gobierno del Estado y el presidente municipal en turno.
Con esta acción, los diputados reiteraron su lealtad al gobernador y optaron por dar la espalda a la sociedad, opinaron los dirigentes empresariales de Ensenada.
