EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, México ha protagonizado diversos casos de fraude corporativo y corrupción gubernamental de alto perfil y gran escala mediática. Las investigaciones sobre estos episodios han concluido que muchos ocurrieron durante un periodo de tiempo sostenido, ya sea por meses o incluso años, y tuvieron una correlación con factores como la falta de mecanismos reales que vigilen el actuar de los poderes, la ausencia de un sistema de rendición de cuentas efectiva o la falta de órganos autónomos sancionatorios. Su solución radica en un pronto y urgente trabajo conjunto de las instancias gubernamentales con el sector privado.
Tan solo el año pasado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) señaló que la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes, en 2017, a 15,732 en 2019, al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019, a pesar de que la percepción entre la población se haya reducido al pasar de 91 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019.
Por otro lado, otros estudios han evidenciado la debilidad en los procesos y lineamientos de la administración pública. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 señaló el costo total a consecuencia de la corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, la cual fue de 12,770 millones de pesos, lo que equivale a 3,822 pesos promedio por persona afectada.
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Lo anterior confirma que, a pesar de las nuevas estrategias del gobierno mexicano para reducir el margen de corrupción en el país, tales como el seguimiento a los conflictos de interés, las sanciones a exfuncionarios de alto nivel, la lucha contra el clientelismo y el corporativismo, aún existe mucho trabajo por hacer, no solo por las instancias de gobierno, sino por las empresas que se relacionan con estas.
En ese orden de ideas, cabría preguntarse qué lleva a un director general o una sección del negocio a cometer actos ilícitos frente al gobierno. La experiencia en el mercado internacional nos ha ayudado a corroborar lo que dice la teoría sobre el fraude: los principales factores son la oportunidad, la motivación y la racionalización. Asimismo, se suman los débiles controles internos y de gestión con los que cuentan las compañías de todos los niveles.
Lo anterior fue evidenciado en el reciente Estudio de Gestión del Riesgo de Fraude en Auditoría Interna, publicado en septiembre de 2020 por Kroll y la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), donde uno de los hallazgos principales fue que el 41 por ciento de los programas de gestión del riesgo de fraude son regulares o malos en empresas de la región.
¿MECANISMOS Y ESTRATEGIAS?
Otro dato relevante fue que el 80 por ciento de los encuestados manifestó carencia de personal para lograr una gestión adecuada del riesgo de fraude en su compañía. No obstante, el estudio afirma también que esto se puede corregir con equipos de auditoría interna fortalecidos y oficiales de cumplimiento porque, de hecho, el 89 por ciento de los encuestados señaló que las tareas de cumplimiento normativo (compliance) junto con buenas prácticas de control interno son los métodos más efectivos para detectar y mitigar actos de corrupción y fraude.
Entonces ¿cómo mejorar la relación entre el gobierno y las empresas? Si bien no hay una fórmula mágica que resuelva todos los problemas de un día al otro, existen mecanismos y estrategias que pueden ser puestos en práctica por ambos sectores y, con ello, lograr avances significativos en la relación, por ejemplo:
—∞—El robustecimiento de las áreas operativas de Auditoria Interna y de cumplimiento dentro del negocio o la instancia gubernamental, además de los procedimientos y controles alineados a la comunicación de los grupos de interés son una manera efectiva de control interno. También, el fortalecimiento de una cultura corporativa en contra de fraudes, involucrando a los empleados en la prevención de este delito y reforzando el mensaje de que la mitigación de riesgos de fraude corresponde a todos.
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—∞—Reforzar el uso correcto de herramientas tecnológicas acorde al núcleo del negocio. En los últimos años, y más durante la pandemia, se han incrementado los ataques cibernéticos a diversas instancias de gobierno y privadas con daños desastrosos como la publicación de datos sensibles o fuga de información. Por eso es importante contar con software de seguridad de última generación y mantener registros de los problemas de ciberseguridad y ataques de fraude dirigidos a la corporación.
—∞—Asegurar que la gerencia desarrolle capacitaciones y brinde informes sobre fraude y ciberseguridad para educar a los empleados y crear concienciación sobre el tema. Por ello es de suma importancia discutir los riesgos de fraude y seguridad cibernética regularmente en las reuniones generales y decidir sobre medidas que mejoren la prevención, detección y remediación en esas sesiones.
La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su libro Anatomía de la corrupción, puntualizó que 79 por ciento de los mexicanos consideran la corrupción como un problema serio. Por eso es importante que el gobierno y los sectores privados hagan frente a la situación reconociendo como primer paso las fortalezas y deficiencias que se tienen en esta materia; e implementar y desarrollar mejores instrumentos de prevención y protección en contra de actos corruptos desde el estrechamiento de alianzas entre ambas partes es el paso a seguir. N
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Arturo del Castillo es director ejecutivo asociado de Kroll México, división de Duff & Phelps. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
