Los expertos que realizaron el informe final de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia detectaron que hubo una “manipulación dolosa” y señalaron la imposibilidad de validar los resultados.
“El equipo auditor ha detectado una manipulación dolosa de los comicios”, sentenciaron los expertos en su informe final después de que las denuncias de irregularidades en el proceso llevaron al presidente de Bolivia, Evo Morales, a renunciar el 10 de noviembre conminado por las presiones de las Fuerzas Armadas.
Morales, que renunció el 10 noviembre tras perder el apoyo de los militares y la policía y fue reemplazado provisionalmente por la senadora de derecha Jeanine Áñez tres días después, denuncia un golpe de Estado.
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Tras las elecciones del 20 de octubre la oposición denunció “fraude” luego de una detención del conteo de votos de más de 20 horas que cambió la tendencia e inició ubna ola de protestas y enfrentamientos que dejaron 33 muertos y centenares de heridos.
Informe final de Análisis de Integridad Electoral en #Bolivia. #OEAenBolivia
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— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 4, 2019
Según los resultados finales emitidos el viernes 25 de octubre, Morales fue declarado ganador con el 47,08% de los votos, frente a 36,51% para el opositor Carlos Mesa. En virtud del sistema electoral boliviano, se lo declaraba electo para un nuevo mandato sin necesidad de balotaje.
Entonces, la auditoría preliminar de la OEA dio cuenta de “irregularidades” que ameritaban una nueva votación.
En el informe final los expertos señalan que el margen de victoria en primera vuelta, en la que se impuso Morales, es “mínimo si se lo compara con el volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas”.
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“A partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas”, sentenciaron.
Morales, el primer mandatario indígena de Bolivia que ahora está refugiado en México, buscaba un cuarto mandato luego de lograr una habilitación especial a una prohibición constitucional y tras perder un referendo en 2016.
