El canal de televisión TV8, cuya señal se transmite mediante sistemas de cable en Guanajuato, es un medio que sistemáticamente se ha dedicado a desacreditar, denostar y difamar a otros medios de comunicación. Sin duda, el ejercicio de la libertad de expresión es relevante, y su director, Jorge Rodríguez Medrano, está en su derecho de opinar respecto de todo lo que le venga en gana.

Sin embargo, cuando la crítica y el ataque se dirige a periodistas y medios que criticamos al gobierno estatal, o que hemos denunciado distintas prácticas de corrupción, políticas públicas deficientes o abusos de poder, hay una sospecha fundada de que este personaje actúa de manera oficiosa, o incluso por encargo.

El día de ayer, los portales de noticias Zona Franca y El Otro Enfoque Noticias, el Periódico El Heraldo y otros medios locales, han publicado un conjunto de informaciones, que convierten a la citada sospecha en una hipótesis de trabajo que debería ser atendida, no sólo por la prensa estatal en su conjunto, sino sobre todo, por las propias autoridades, las cuales están obligadas a aclarar cuáles son los criterios con base en los cuales se le ha dado el trato preferencial hacia ese beneficiario del poder.

Los documentos mostrados por Zona Franca, por ejemplo, evidencian que los hijos y la esposa del director de TV8, han recibido cuantiosos recursos vía contratos, liquidaciones y hasta una beca para llevar a cabo estudios de licenciatura para uno de ellos, luego de haber sido despedido de la administración pública municipal a cargo de Edgar Castro.

Entre los años 2013 y 2018, de acuerdo con lo publicado por Zona Franca y El Otro Enfoque Noticias, TV8 ha recibido mediante contratos publicitarios recursos por un monto aproximado de 6.9 millones de pesos, además de otros contratos de cientos de miles de pesos otorgados a sus hijos, para el desarrollo de “actividades publicitarias”.

Otras cifras, manejadas por Espacio Guanajuato TV, hablan de contratos por hasta 8 millones de pesos, que además, han pasado por el “lobby” de la esposa de Jorge Medrano, quien es actualmente Regidora del Ayuntamiento, Silvia Rocha Miranda.

Así, se tienen documentados, sólo del Sistema Municipal de Agua Potable (SIMAPAG), contratos en enero de 2012 y abril de 2013; uno más signado en enero de 2014, otro en enero del 2015; otro en enero de 2016; otro en agosto del mismo año; y uno más en febrero de 2017; los cuales, en su conjunto, hacen un monto de 2,902,000.00 pesos.

La pregunta es por qué tendría el Sistema Municipal de Agua Potable que anunciarse en la magnitud y frecuencia que implican los contratos asignados. Es obvio que nada lo justificaría y que en realidad se está ante un evento de posible corrupción o al menos, un marcado favoritismo para un medio de comunicación zalamero, que no ha tocado ni con el pétalo de una columna a quienes le han tratado de manera tan generosa.

A estas sumas faltaría agregar las cantidades que le han sido otorgadas a TV8 por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato, el cual también ha otorgado al parecer cuantiosos recursos a la televisora local, así como le ha facilitado apoyos y favores por los “servicios prestados”.

Lo que revela el caso del señor Jorge Rodríguez Medrano, es el uso discrecional y patrimonial de los recursos públicos, para sancionar o beneficiar a medios de comunicación, en función de sus posturas respecto de los poderes fácticos en lo local.

El debate que abre este caso es claro: ¿cuáles son los criterios con base en los cuáles el gobierno del estado y los gobiernos municipales otorgan recursos a los medios de comunicación? ¿Se basan realmente en el “rating”? ¿Tienen algún criterio cualitativo de valoración respecto del perfil y tipo de las audiencias? ¿Tienen algún criterio relativo a apoyar a medios que promueven y buscan preservar la cultura en la entidad?

Nada de lo anterior es claro, y evidentemente es urgente que, en el periodo electoral por el que atravesamos, los y la candidata al Gobierno del estado, pero también a las Alcaldías, fijen postura y hagan un compromiso tácito con la transparencia y a favor de una nueva relación entre los poderes públicos y los medios de comunicación.

En ese sentido, esperamos respuestas claras de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Gerardo Sánchez García, Bertha Solórzano, Ricardo Sheffield y Felipe Arturo Camarena, respecto de cuál será su lógica de relación con la prensa libre; y sobre todo, es legítimo exigirles un compromiso claro de ruptura con la lógica del “pan y palo” respecto de quienes ejercemos el periodismo de forma crítica y autónoma.

Por lo pronto, es dable también hacer un llamado respetuoso a Artículo 19, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e incluso, a pesar de su posición anodina y diletante, a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, para que den seguimiento y se pronuncien respecto de este caso que, hay que insistir, resulta paradigmático de las peores prácticas de un personaje que recibe una concesión del Estado, para golpear a otros medios y para hablar bien y halagar a quienes le dan dinero.