Parte 3 de 3

Después de casi cinco años del escándalo generado por el caso Ficrea, las investigaciones continúan y, sin embargo, el deslinde de responsabilidades no ha terminado.

Ante la certeza de que el Poder Judicial del Estado de Coahuila habrá de perder al menos 90 millones de pesos de la inversión que llevó a cabo con Ficrea, y cuyo monto actualizado asciende a una suma de alrededor de 150 millones de pesos, la cuestión de fondo es determinar quién o quiénes son los responsables de la toma de decisiones, y establecer las sanciones que corresponda.

Por eso es relevante la información que proporcionó en exclusiva a Newsweek en Español, Jesús Flores, titular de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Coahuila.

En esta entrevista, el Fiscal informa tres cuestiones relevantes para el caso:

1) Hay una carpeta de investigación abierta en contra de quien resulte responsable, a partir de una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

2) Se está en el proceso de obtención de datos y a la espera de información procedente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

3) Por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el compromiso es que no habrá impunidad, si es que se acredita la comisión de algún delito.

De acuerdo con lo expresado por el Fiscal Anticorrupción, el caso Ficrea estaría en su programa de trabajo prioritario de 100 días, plazo en el que una o varias de las personas involucradas podrían estar recibiendo citatorios para declarar lo que a su derecho convenga.

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La denuncia ante el Fiscal Anticorrupción

El 28 de agosto del 2018, mediante oficio signado, el licenciado en Derecho, Adrián Narro Pérez, quien se acredita como director adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, compareció ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, a fin de interponer querella en contra de “quien o quienes resulten” responsables, por la probable comisión de los delitos que resulten, en perjuicio del patrimonio del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

El punto quinto de la denuncia (de la cual NW-Coahuila tiene copia digital), dice a la letra:

“Del estudio de la información y/o documentación presentada durante la visita domiciliaria de mérito, se destacaron diversos hallazgos, los cuales pudieran traducirse en conductas penalmente relevantes para configurar algún ilícito penal, mismos que se precisarán en el apartado correspondiente y que fueron desplegadas por funcionarios de la administración del Poder Judicial del estado de Coahuila, quienes manejaron, custodiaron y/o utilizaron recursos públicos o bienes de la entidad”.

Destaca que en el apartado B de la querella presentada por la Auditoría Superior, se encuentra consignado que mediante acuerdos del 13 de junio del 2008 y del 15 de julio del 2009, el Consejo de la Judicatura del Estado, autorizó a su presidente (en ese entonces el magistrado en retiro, Gregorio Pérez Mata), invertir los recursos del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial del estado de Coahuila. El monto aprobado mediante esos Acuerdos fue de 100 millones de pesos. Este depósito se concretó mediante la “apertura de inversión número 43000” con Ficrea, SA de CV SFP.

Sin embargo, en el Inciso B, del Antecedente Sexto de la querella presentada por la Auditoría, se destaca el Artículo 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (la cual es la aplicable a una institución como Ficrea), en el cual se establece que “las sociedades financieras populares únicamente podrán recibir depósitos de los gobiernos federal, estatales o municipales, ya sea a través de sus sectores central o paraestatal, cuando se ubiquen en los niveles de operaciones III y IV, y se obtenga autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

Este tema es crucial, pues si alguien no puede desapartarse de la ley, y menos aún por desconocimiento de la misma, es el Poder Judicial, en cualquiera de sus niveles. Así, es obvio que en el Poder Judicial de Coahuila se debía tener conocimiento de que Ficrea no cumplía expresamente con esta disposición. Aun así, su presidente llevó a cabo la inversión de la suma señalada de 100 millones de pesos. La pregunta obvia es, ¿por qué, si estaba fuera de toda normatividad, se decidió llevar a cabo ese depósito?

Debe insistirse en el hecho de que, de los resultados de la revisión de la Auditoría, en el apartado número dos dice: “los funcionarios responsables de recomendar y autorizar la contratación de productos con Ficrea, SA de CV SFP no se percataron o hicieron caso omiso del nivel de operaciones asignado a la Sociedad Financiera Popular por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que, de acuerdo con la autorización publicada en el DOF, del día 5 de agosto del 2008, el nivel de operaciones aprobado para esta Sociedad Financiera, fue el Nivel de Operaciones I.”

Otro hallazgo de la Auditoría es que los contratos de depósito no fueron inscritos en el registro de contratos de adhesión, establecido en la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Adicionalmente, el dinero del Poder Judicial fue depositado en una cuenta distinta a la establecida en el contrato, de lo cual el Poder Judicial tuvo conocimiento, y la Auditoría no encontró evidencia de que se hayan rendido los informes de ley relativos a este dinero.

Otro de los “detalles” encontrados por la Auditoría es que el Poder Judicial no cuenta con los estados de cuenta de su inversión en Ficrea, relativos a los meses que van de abril del 2011 a diciembre del 2011.

Esta misma situación se repitió para los meses que van de enero a octubre del año 2012, con el añadido de que, en ese año, el número de cuenta del Poder Judicial de Coahuila, con Ficrea cambió del 43000 al 42788 sin que conste ninguna comunicación oficial que dé cuenta de las razones de la modificación del número del contrato.

Hay otros elementos que muestran enormes irregularidades en el manejo del fondo, como el correo electrónico del 9 de octubre del 2012, consignado en la querella de la Auditoría (se omite el nombre de quien lo envía y recibe, a fin de garantizar sus derechos), en el que dice: “Licenciado: hace un rato se comunicó el Lic. Javier Carrillo de Ficrea, informándome de una revisión-certificación que les está practicando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para ubicarlos en otro nivel, más alto del que actualmente tienen. Y que para tal efecto deben confirmar que tienen los recursos suficientes y en líquido para reintegrarlo a sus clientes. Es una comprobación o prueba de su capital. Por este asunto, es que nos van a estar regresando los recursos paulatinamente, el día de hoy nos reintegraron 3,000,000.00, y así sucesivamente, como vayan venciendo los documentos nos los van a ir devolviendo, según me informó, nos lo van a devolver todo y posteriormente, cuando ya los certifiquen nos pide que volvamos a invertir con ellos, en el entendido de que sería con el mismo rendimiento”. Por mi parte voy a cotizar con las instituciones bancarias para ofertarlas al mejor postor, e invertir…”.

Ante tal advertencia, cualquier profesional hubiese tomado la decisión de dar por concluido el contrato con Ficrea, ante el nivel de riesgo que evidentemente representaba; pero no fue así, y la decisión del Poder Judicial del estado de Coahuila fue continuar con la inversión, omitiendo la recomendación que hace quien envía el correo señalado.

De marzo a diciembre del 2013 tampoco hay estados de cuenta, y, para colmo, la Auditoría detectó inversiones adicionales en las que se utilizó dinero proveniente de partidas con subejercicio presupuestal, contraviniendo con ello diversas disposiciones y normatividad.

Y hay más: en las revisiones que hizo la Auditoría Superior del estado se encontró la manipulación de cifras en varios estados de cuenta y reportes oficiales de Ficrea, ante los cuales, quien administraba la cuenta solicitó las aclaraciones pertinentes, aunque sus superiores hicieron caso omiso en el sentido de tomar la determinación de dar por concluida la relación contractual con Ficrea.

Como puede verse, las irregularidades no son pocas ni menores. Hay evidencia aportada por la Auditoría Superior del Estado relativa a que el entonces presidente del Tribunal y los otros funcionarios responsables estuvieron al tanto de lo que ocurría y no actuaron en el sentido que les indicaba la Ley y la normatividad aplicable, asunto que es doblemente grave si se considera que se trata de quienes estaban a cargo de la máxima instancia de impartición de justicia en la entidad.

Por esta información es que es relevante la entrevista con el fiscal anticorrupción de la entidad, el licenciado Jesús Flores, y, sobre todo, su compromiso público de no impunidad en este y los demás casos que le competen. A continuación los extractos más relevantes.

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Saúl Arellano (NW Coahuila): Estamos a punto de cumplir cinco años de que se declaró la quiebra de Ficrea, en la cual está involucrado el Poder Judicial del estado de Coahuila. Tuve la oportunidad de entrevistar al síndico de la quiebra, y él me decía tres cosas relevantes de las cuales quisiera conocer su opinión:

Evidentemente, el Tribunal invirtió en recursos o en instrumentos que no tenían la calificación crediticia para someter dinero público ahí, el nivel de riesgo era fuera de norma; 2) el Tribunal Superior de Justicia contrató a un despacho para litigar el tema cuando ya les reconoció el crédito y les ha pagado incluso 26 millones de pesos.

Adicionalmente, lo que se conoce del dictamen de la Auditoría Superior del Estado es que no hubo fincamiento de responsabilidades, y que, en todo caso, el tema se dejaba del lado de la autoridad ministerial. Al respecto, ¿qué sí y qué no llegó a la oficina del Fiscal Anticorrupción del estado? ¿La Fiscalía tiene en curso o tuvo en curso alguna investigación respecto al caso Ficrea, porque, además, está abierto el tema, y, de hecho, me decía el síndico de la quiebra que están iniciando los juicios, tanto en Florida como en España, por las triangulaciones que hubo, y que, además, en diciembre hubo sentenciados por lavado de dinero, por diferentes delitos que no se han resuelto y que involucran al Poder Judicial de un estado?

Jesús Flores (JF): En lo referente al caso de Ficrea, en la Fiscalía Anticorrupción tenemos una carpeta de investigación derivada de una denuncia presentada el pasado 28 de agosto de 2018 por la Auditoría Superior del Estado, y esa es en contra de quien o quienes resulten responsables.

Ahorita nos encontramos en la etapa de investigación, recabando indicios y pruebas para ya ir fortaleciendo esta carpeta y, en su caso, determinar lo conducente. Sin embargo, ahorita es prematuro, dado que se presentó a finales de agosto la carpeta, y como lo decía, estamos ahora en la etapa de investigación, recabando indicios y pruebas.

SA: Yo sé que las investigaciones deben conducirse con mucha secrecía, pero a mí una fuente anónima me comentaba, que en algún momento, quien era encargada o responsable de las operaciones financieras del Tribunal era madre de un muchacho que era gerente de Ficrea en Coahuila, lo cual, evidentemente, constituiría un severo conflicto de intereses, dado que los registros hablan de cinco años de inversiones del Tribunal en FICREA ¿ustedes tienen un acta o algún indicio o prueba de una situación asís?

JF: Tenemos que guardar la debida reserva desde el proceso de investigación de asuntos que podría generar algún juicio posterior. La verdad es que debemos de guardar el debido proceso de las investigaciones, porque luego, a lo mejor, filtramos alguna información o damos a conocer algún dato que les pueda ayudar para una primera plana o una exclusiva, pero luego puede ser usado en la defensa y eso puede ser algún delito en el que yo incurra.

SA: ¿Cuánto tiempo sería lo razonable en la investigación para que esto no se quede en el tintero? Hay investigaciones que se van prolongando y nunca llegan a una consignación o un cierre que le dé a la ciudadanía la convicción plena de que sí tiene en este tipo de órganos, como la Fiscalía Anticorrupción, una entidad que defiende los intereses de la ciudadanía?

JF: Estamos dándole celeridad. Ahorita todo el Sistema Estatal Anticorrupción está trabajando en un proyecto, en un programa de 100 días en los que buscamos resolver la mayor cantidad de asuntos de forma adecuada, innovar y eficientar los procesos de investigación, los protocolos, etcétera, para dar mejores resultados.

Desgraciadamente, o así es como se han dado las cosas, la Fiscalía Anticorrupción lleva un año y medio y, por ejemplo, a final del año pasado nos llegaron casi 200 denuncias de la Auditoría Superior del Estado que vienen de años del 2013 a la fecha, y tenemos una carga de trabajo considerable; sin embargo, se le está dando el seguimiento puntual.

No puedo adelantarme ahorita, nosotros requerimos mucha información, por ejemplo, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la misma Unidad de Inteligencia Financiera, que, a veces sí han tardado algún tiempo en entregarnos la información, inclusive andamos analizando toda la información que se vertió en otras dependencias, pero no podríamos hablar de una temporalidad, simplemente que sí es algo a lo que le estamos dando puntual seguimiento.

SA: ¿Habrá impunidad, señor Fiscal, en el caso de FICREA?

No, de ninguna manera, en este, como en otros casos, el tramo que nos corresponde lo vamos a atender de manera precisa; no vamos a dejar de lado ningún elemento en la investigación, hasta determinar si efectivamente hubo algún ilícito en la materia que nos toca investigar, y a partir de ahí, determinar en su caso si hay uno o varios probables responsables, lo que nos llevaría lógicamente a la consignación del caso ante la autoridad judicial.

Lo que nos toca lo habremos de hacer.

SA: La gente a veces no tiene claridad de qué hace la Fiscalía. Me gustaría aprovechar para explicarle a la población qué hace la Fiscalía Anticorrupción, cuáles son sus mandatos, hasta dónde llegan sus funciones y qué deben esperar de ustedes.

JF: Derivado de las reformas que se hicieron en el Artículo 103 constitucional, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, y, a su vez, en una reforma espejo, en todos los estados, se crearon las Fiscalías Anticorrupción, que dependemos de la Fiscalía General, pero tenemos autonomía operativa y técnica.

Tenemos las facultades de: dirigir, coordinar, revisar investigaciones y ejercer la acción penal relativa a los delitos de materia de nuestra competencia que marca el Código Penal; solicitar en otras instancias información que resulte útil para las mismas investigaciones; dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para las reparaciones del daño de los delitos que perseguimos o que son competencia de nosotros.

Podemos inclusive aplicar una facultad de extracción, dependiendo del asunto, el otorgamiento ilícito de cargo-empleo-comisión, el tema de cohecho, que es el servidor público que, a través de terceras personas, solicite, exija, acepte, obtenga o pretenda obtener algún beneficio que no esté contemplado dentro de su remuneración.

Otro de los delitos que se pueden cometer por parte de particulares es el caso de la simulación de propiedad sobre bienes obtenidos ilegalmente por un servidor público, o sea, que son los prestanombres; la usurpación de funciones públicas, el uso particular de bienes, muebles o inmuebles que sean de uso público, de propiedad pública, y son muchos: la contratación ilícita, la solución de funcionarios públicos, el enriquecimiento ilícito, son los delitos que estamos persiguiendo y, a su vez, previniendo.

Algo que tenemos en la Fiscalía también es buscar prevenir este tipo de conductas, primero en los funcionarios públicos y luego concientizando. Ahorita estamos en la ciudad de Torreón, precisamente concientizando a la sociedad civil y estudiantes sobre qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.

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