Un feminicidio en Ecuador que involucra a un venezolano derivó en brotes de violencia contra personas de esa nacionalidad que llevaron al gobierno a hacer un llamado para intentar apagar las muestras de xenofobia, pero también a tomar medidas migratorias más rígidas.
El asesinato de una ecuatoriana el sábado en Ibarra desencadenó que sectores de la población desalojaran a venezolanos de hoteles, viviendas y parques donde dormían y les exigieran que abandonen la ciudad, principal paso hacia el interior de Ecuador, según medios nacionales.
El crimen en Ibarra se produjo cuando el hombre sostenía del cuello a su pareja y la acuchilló mientras estaba rodeado por varios policías que lo apuntaban con sus armas y que no actuaron para evitar el feminicidio en plena calle.
“El agresor, en este caso, es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que sólo traerá más violencia. Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante”, dijo el lunes el vicepresidente Otto Sonnenholzner.
El funcionario -de ascendencia alemana y libanesa- pidió a la población por radio y televisión “actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros”.
Sin embargo, también anunció nuevas disposiciones para los venezolanos que ingresan a su país.
“Desde hoy y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la Comunidad Andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado”, señaló.
Ante la diáspora de venezolanos, Quito apenas requería la cédula para dejarlos ingresar.
Previamente, el presidente Lenín Moreno dijo en Twitter que había “dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera”.
“Persecución fascista”
Entretanto, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Ecuador de alentar la persecución de venezolanos.
“El Presidente Lenín Moreno y su gobierno han incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador. Los hacemos responsables de la seguridad e integridad de nuestros compatriotas”, escribió en Twitter el canciller venezolano, Jorge Arreaza.
Como lo hicieran la víspera de manera multitudinaria, grupos feministas volverán a movilizarse el lunes por la tarde en la capital ecuatoriana contra la violencia a la mujer.
Sectores ciudadanos de Ibarra también se convocaban por redes sociales para marchar en esa localidad, donde el gobierno desplegó más fuerzas policiales.
Las autoridades estiman que unos 300,000 venezolanos que han huido de la crisis política y económica en su nación viven actualmente en Ecuador. Entre 2014 y 2018 ingresaron más de 1.2 millones, de acuerdo con la cancillería, que ha otorgado unas 97,000 visas a peticionarios de esa nacionalidad.
Asociaciones de venezolanos en Ecuador expresaron su descontento por los gestos de fobia.
“De manera categórica rechazamos cualquier tipo de xenofobia o discriminación que pueda nacer a partir de los sucesos ocurridos en Ibarra”, manifestaron en un comunicado.
El presidente de la Fundación Venezolanos en el Exterior, Eduardo Febres Cordero, denunció en Quito que los hechos en Ibarra supuestamente dejaron cuatro venezolanos muertos, mientras que en el resto del país habría 82 heridos.
Sin embargo, la policía reportó que “no existen ciudadanos venezolanos fallecidos o heridos producto de altercados”, y que uniformados realizan “controles permanentes a fin de resguardar la seguridad ciudadana”.
Sin datos de venezolanos
Moreno expresó el domingo por Twitter que “Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate”.
A los venezolanos “les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, añadió el gobernante, quien desde el lunes participa en el Foro de Davos.
Sonnenholzner agregó el lunes que los controles migratorios “se fortalecerán” mediante un registro para conocer con “mayor precisión” la situación de los venezolanos en Ecuador.
“Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de (Nicolás) Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”, indicó el vicepresidente.
Sostuvo que su gobierno ha agotado todos los esfuerzos, pero que “Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país”.
El vicepresidente expresó que los policías que acudieron a la llamada de auxilio de la mujer “no fueron capaces de actuar para salvar su vida”, por lo que habrá sanciones para los uniformados responsables de la “inacción”.
