En México, el cuidado de personas con discapacidad recae predominantemente en las mujeres, especialmente en las madres. Según una encuesta de Plena Inclusión, el 83% de las cuidadoras familiares de personas con discapacidad intelectual son mujeres, siendo el 68% madres. Este trabajo, fundamental para la sociedad, representa aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto si fuera remunerado. A pesar de su importancia, las políticas públicas en México han sido insuficientes para apoyar a estas cuidadoras.

En 2020, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Sistema Nacional de Cuidados (SNC), pero su implementación se ha visto obstaculizada por la falta de voluntad política y de asignación presupuestaria. Aunque en marzo de 2024 se reconoció el ‘derecho al cuidado’ en la Ley General de Desarrollo Social, aún no se ha establecido una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados.

La Ciudad de México es la única entidad que ha reconocido el derecho al cuidado en su Constitución Política. Sin embargo, este reconocimiento no se ha traducido en programas sociales específicos para apoyar a las cuidadoras de personas con discapacidad.

Las iniciativas existentes son limitadas y, en su mayoría, consisten en transferencias económicas que no abordan las necesidades estructurales de las cuidadoras. Recientemente, se ha propuesto una iniciativa para otorgar un sueldo y oportunidades de capacitación a las personas que cuidan a familiares con discapacidad, reconociendo su labor como un trabajo formal.

Esta propuesta busca modificar varios artículos constitucionales y leyes generales para establecer un sistema que brinde apoyo económico y descanso a las cuidadoras.

Es imperativo que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en la creación de políticas públicas que reconozcan y apoyen adecuadamente a las madres cuidadoras. Esto incluye la implementación efectiva del Sistema Nacional de Cuidados, la asignación de recursos suficientes y la creación de programas que vayan más allá de las transferencias monetarias, proporcionando servicios que permitan a las cuidadoras retomar sus proyectos de vida y garantizar el bienestar de las personas con discapacidad.

La falta de acción en este ámbito perpetúa la desigualdad de género y socava los derechos fundamentales de quienes dedican su vida al cuidado de otros. Es hora de que las políticas públicas reflejen el valor real de esta labor esencial y brinden el apoyo necesario a quienes la desempeñan.