Con 18 votos a favor y 18 en contra, el Congreso de Guanajuato desechó temporalmente las iniciativas para despenalizar el aborto voluntario, respaldadas principalmente por legisladores de Morena y MC.

En el exterior del recinto cientos grupos provida y colectivas protestaton dividos por una valla.

La mayoría de los votos en contra provinieron del PAN, PRI y PVEM, lo que provocó un empate técnico y pospuso la resolución hasta la siguiente sesión ordinaria, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Durante la discusión, las diputadas Karol Jared González Márquez y María Eugenia García Oliveros, autoras del dictamen, defendieron que mantener el aborto penalizado perpetúa la criminalización de las mujeres y va en contra de sus derechos sexuales y reproductivos.

En contraste, legisladores del bloque conservador insistieron en la protección del derecho a la vida desde la concepción y negaron que el Código Penal actual implique persecución sistemática contra las mujeres.

Legisladores como Sergio Contreras Guerrero y Ernesto Millán Soberanes argumentaron que la legislación vigente genera desigualdad, ya que solo las mujeres con recursos pueden acceder a servicios seguros, mientras que las más vulnerables enfrentan procesos penales y riesgos para su salud.

Pese a estos señalamientos, el voto dividido reflejó la resistencia del Congreso a modificar una norma que ha sido señalada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tema será discutido nuevamente en la siguiente sesión. Si se repite el empate, el asunto se reservará para el próximo periodo ordinario; si la paridad persiste, el dictamen se archivará de forma definitiva.

A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2021 que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, lo que abrió la puerta a la despenalización en los estados. Desde entonces, entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Aguascalientes han reformado sus legislaciones para permitir la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

En Guanajuato, sin embargo, el aborto voluntario sigue penalizado con hasta tres años de prisión, una de las legislaciones más restrictivas del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre 2018 y 2023 se abrieron más de 160 carpetas de investigación por aborto. Organizaciones feministas y de derechos humanos han denunciado que esta criminalización afecta principalmente a mujeres jóvenes, de zonas rurales o en situación de pobreza.

Gobierno estatal respetará decisión: Libia García

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo había informado previamente que, en caso de aprobarse la iniciativa, no habría veto por parte del Ejecutivo estatal.

“No, de ninguna manera (se descarta) completamente”, aseguró al ser cuestionada sobre la posibilidad de un rechazo gubernamental.

Aunque el debate en el Congreso local fue pospuesto para la próxima semana tras el empate en la votación de las y los diputados, la mandataria estatal reiteró que su administración ha sido garante de los derechos de las mujeres.

“Nosotros como autoridad estamos obligados a ello”, expresó.

García Muñoz Ledo subrayó que el tema compete exclusivamente al Poder Legislativo y manifestó su disposición a respetar el resultado de la deliberación.

“Quiero ser muy respetuosa de la discusión que se dará. Por parte del estado, como gobernadora, siempre respetuosa de los derechos de todas las mujeres”, indicó.

En medio de los señalamientos de partidos de oposición, que le han pedido fijar una postura clara frente a la negativa de legisladores panistas a aprobar la iniciativa, la gobernadora puntualizó que se mantendrá al margen del proceso legislativo.

A nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en septiembre de 2023 que la penalización del aborto es inconstitucional, lo que abrió la vía para que los congresos locales armonicen sus legislaciones.

Hasta el momento, al menos 12 entidades federativas han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que en otras, incluido Guanajuato, continúa siendo un delito, salvo en casos específicos como violación o riesgo para la salud de la mujer.

En Guanajuato, donde el Partido Acción Nacional mantiene mayoría en el Congreso, las iniciativas para despenalizar el aborto han sido históricamente bloqueadas.