El gobierno de Argentina anunció este martes la disolución de la comisión especial que investigaba la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, cuyo valor se disparó y colapsó en cuestión de horas tras haber sido promocionada por el presidente Javier Milei en redes sociales.
La comisión había sido creada en febrero por el propio Poder Ejecutivo tras el estallido del escándalo financiero, que provocó pérdidas millonarias a pequeños inversores. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, la disolución responde a que la comisión “cumplió con la tarea que le fuera encomendada”, que consistía en recabar informes de entidades como la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y otras dependencias para ser remitidos al Ministerio Público Fiscal.
PROMOCIÓN PRESIDENCIAL Y SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN
El escándalo estalló cuando el presidente Milei compartió públicamente el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Tras su difusión, el valor de la moneda digital —inicialmente valuada en 0,01 dólares— se disparó a 5 dólares por unidad. Sin embargo, el alza fue seguida de una abrupta caída, lo que desató sospechas de que algunos inversores contaban con información privilegiada para vender sus activos antes del desplome.
Yo no tengo nada que ocultar (…) yo no lo promocioné, lo difundí
“Yo no tengo nada que ocultar (…) yo no lo promocioné, lo difundí”, declaró Milei a la prensa, deslindando responsabilidades. También afirmó que desconocía los detalles del proyecto. Pese a ello, la situación generó una denuncia judicial en Argentina y otra investigación paralela por parte de la justicia de Estados Unidos.
JUSTICIA Y CONGRESO MANTIENEN SUS PROPIAS INVESTIGACIONES
Aunque el Ejecutivo dio por terminada su investigación interna, el caso continúa bajo la lupa de la jueza federal María Servini, quien la semana pasada ordenó al Banco Central que informe sobre las operaciones bancarias y financieras del propio Milei, así como de su hermana Karina Milei, actual secretaria de la Presidencia.
La jueza también solicitó datos sobre transacciones realizadas por empresarios vinculados al desarrollo de la criptomoneda $LIBRA, en un intento por determinar si hubo manipulación del mercado o uso indebido de información privilegiada.
En paralelo, el Congreso argentino conformó una comisión parlamentaria investigadora. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado a declarar y respondió a los legisladores el pasado 29 de abril. Durante su intervención, negó que el caso se tratara de una estafa y pidió respetar los tiempos de la investigación judicial.
Otros altos funcionarios, como el ministro de Economía Luis Caputo, el titular de Justicia Mariano Cúneo Libarona y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, fueron convocados por el Parlamento, pero se excusaron de asistir mediante escritos.
CIERRE POLÍTICO, PERO NO JUDICIAL
La decisión del Ejecutivo de disolver la comisión generó nuevas críticas de la oposición y de organismos de control, ya que el escándalo salpica directamente al presidente. La comisión estuvo presidida por una asesora del Ministerio de Justicia y funcionó bajo la órbita del Ejecutivo, lo que para muchos comprometía su imparcialidad.
Mientras el gobierno intenta cerrar el capítulo administrativo del caso $LIBRA, la investigación judicial —tanto en Argentina como en Estados Unidos— sigue su curso, con implicaciones que podrían escalar en las próximas semanas. N
