Tanto el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazaron que la medida estuviera vinculada a evitar posibles aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump.
Decisión basada en la seguridad nacional
En conferencia de prensa, Gertz Manero explicó que la entrega de los detenidos se llevó a cabo conforme al marco legal establecido en la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo quinto, así como en el artículo 89 de la Constitución, que faculta al Ejecutivo Federal para tomar decisiones que garanticen la seguridad nacional.
“Este procedimiento se realizó bajo las disposiciones legales más estrictas. No hay ninguna irregularidad ni intromisión externa en este proceso”, subrayó el fiscal.
Una extradición sin precedentes
La entrega masiva de 29 capos del crimen organizado a EE.UU. ocurrió días antes de que se renegociaran aranceles del 25 % sobre productos mexicanos impuestos por Trump. Pese a la coincidencia en tiempos, Gertz Manero descartó cualquier vínculo entre ambas situaciones y calificó de “encomiable” la labor del gobierno mexicano en la lucha contra la criminalidad.
Por su parte, García Harfuch reforzó la postura del fiscal y aseguró que la decisión fue tomada de manera colegiada dentro del Gabinete de Seguridad. También enfatizó que la presidenta Claudia Sheinbaum no tuvo injerencia en el proceso.
“Esta acción fue resultado de un acuerdo entre las instituciones de seguridad. No responde a presiones externas ni tiene relación con el tema comercial con Estados Unidos”, afirmó Harfuch.
Evitar la liberación de criminales
Uno de los motivos centrales para acelerar las extradiciones fue el riesgo de que algunos de los delincuentes fueran liberados en México. García Harfuch indicó que existía evidencia de que ciertos jueces favorecían retrasos en los procesos de extradición y que, en algunos casos, estos criminales podrían haber recuperado su libertad.
“Estos individuos representaban una amenaza constante para la seguridad del país. Con su entrega a Estados Unidos, garantizamos que enfrenten la justicia sin que haya interferencias que les permitan eludir la ley”, concluyó el secretario de Seguridad.
La extradición de los 29 capos marca un momento clave en la relación bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos. Mientras las autoridades mexicanas insisten en que la decisión responde únicamente a criterios de seguridad y justicia, las implicaciones políticas y diplomáticas siguen generando especulación. N
Con información de Animal Político.