La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que congeló miles de millones de dólares en ayuda extranjera, ha comenzado a generar estragos en Tijuana. Agencias humanitarias y organizaciones locales se han visto obligadas a suspender servicios esenciales, afectando a miles de migrantes y residentes de bajos ingresos.
El impacto fue inmediato. Comunidad AVES, una clínica comunitaria que brindaba atención médica, psicológica y asistencia social, cerró sus puertas de manera indefinida el viernes pasado. “No estaremos brindando servicios por el momento”, decía una nota escrita a mano en un pizarrón afuera de las instalaciones.
Albergues y programas en la cuerda floja
Los efectos de la congelación de fondos van más allá del cierre de AVES. Una iglesia que albergaba a más de mil migrantes perdió su programa de vales de comida, un centro de cuidado infantil para niños y adolescentes fue cancelado y un proyecto de mejora de infraestructura en un refugio para mujeres y niños quedó en pausa.
La orden ejecutiva, firmada el 20 de enero, suspendió los pagos de ayuda estadounidense por 90 días, mientras la administración revisa si los programas cumplen con la política de “América Primero”. Según Trump, muchos de estos fondos “no están alineados con los intereses estadounidenses y, en algunos casos, son antitéticos a los valores de EE.UU.”.
Un presupuesto mínimo, pero vital
A pesar de representar solo el 1% del gasto total del gobierno estadounidense—unos 72 mil millones de dólares en 2023—, la ayuda exterior es una herramienta clave en la política internacional de EE.UU. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas sobre su efectividad y el retorno de inversión para los contribuyentes.
Para organizaciones en Tijuana, esta pausa en el financiamiento representa un golpe devastador. “Nos quedamos solos”, afirmó Claudia Portela, directora del Proyecto Salesiano, una congregación católica que opera albergues y un comedor para migrantes. La organización atiende diariamente a más de mil solicitantes de asilo, deportados y personas sin hogar. Según Portela, más de la mitad de sus servicios han sido afectados por la suspensión de fondos.
La mayoría de los más de 30 albergues en Tijuana dependen de donaciones y subvenciones privadas, por lo que financiar necesidades básicas ya era un reto antes de esta crisis. La ayuda estadounidense suplía carencias críticas, permitiendo ofrecer atención médica, apoyo psicológico y asesoría legal.
¿Excepciones a la congelación de fondos?
Días después de la orden de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio anunció que habría excepciones para asistencia humanitaria vital, aunque no está claro si los programas en Tijuana califican.
En 2023, EE.UU. destinó más de 240 millones de dólares en ayuda a México, canalizados a través de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y UNICEF. De ese monto, aproximadamente 30 millones fueron dirigidos a asistencia humanitaria, mientras que el resto financió iniciativas de desarrollo económico, seguridad y gobernanza.
Recortes en USAID agravan el panorama
La administración Trump también ha puesto en la mira a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), encargada de distribuir una parte importante de la ayuda exterior. Un juez federal bloqueó el viernes los planes de recortar el personal de USAID, pero la incertidumbre sobre su futuro sigue latente.
Sin respuestas y sin recursos
Mientras la administración estadounidense revisa su estrategia de ayuda exterior, las organizaciones en Tijuana luchan por encontrar soluciones ante el vacío dejado por los fondos congelados.
Por ahora, la única certeza es que la crisis humanitaria sigue creciendo, y aquellos que dependen de estos programas se enfrentan a un futuro incierto. N
