Vania Gutiérrez Barrera, presidenta de la Asociación de Maternidades Autónomas y Libres, destacó la importancia de que la renovación del Poder Judicial en Aguascalientes esté acompañada por la implementación plena de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género. Esta legislación establece que personas con antecedentes de violencia, deudas por pensión alimenticia o acoso no pueden ocupar cargos públicos.
La presidenta subrayó que la exigencia de cumplir con esta ley debe ser un criterio fundamental en la selección de jueces y magistrados.
“Es prioritario que los candidatos al Poder Judicial sean personajes íntegros, libres de antecedentes de violencia, acoso o incumplimiento de obligaciones alimenticias. Esto no se trata solo de señalamientos; debe haber sentencias firmes que respalden estas restricciones”, enfatizó Gutiérrez.
Además, la Asociación de Maternidades Autónomas y Libres está trabajando para que esta normativa no se limite a ciertos puestos públicos, como el de diputados, sino que se extienda a todos los niveles de gobierno, tanto municipales como estatales, así como a directores y mandos medios.
“Un servidor público con antecedentes de violencia o acoso no debe tener acceso a cargos desde donde sirva a la sociedad”, remarcó.
En este contexto, Gutiérrez explicó que uno de los aspectos clave para garantizar la aplicación efectiva de esta legislación es el Registro Estatal de Deudores Alimentarios, el cual será manejado por el Poder Judicial en Aguascalientes.
“El Poder Judicial ya cuenta con la información necesaria y trabaja en coordinación con el Registro Nacional. Esto permitirá que los procesos sean más rápidos y transparentes, minimizando la posibilidad de manipulaciones”, explicó.
La presidenta también destacó que la renovación del Poder Judicial debe ser un ejemplo del compromiso con la justicia y la equidad. La aplicación de la Ley 3 de 3 en este proceso no solo contribuirá a fortalecer las instituciones, sino que también enviará un mensaje claro sobre la importancia de erradicar la violencia de género en todos los niveles de la administración pública.
Aunque reconoce que los tiempos legislativos pueden ser un reto, Gutiérrez confía en que, a través del trabajo conjunto con legisladores y la presión de la sociedad civil organizada, se logrará implementar esta legislación de manera efectiva.
“Estamos comprometidos a garantizar que estos problemas no se repliquen y que Aguascalientes sea un ejemplo de justicia y equidad”, concluyó.
