El representante de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, Raymundo Sandoval Bautista, pidió que se garantice un proceso abierto, transparente y legítimo para designar al nuevo titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), luego del antecedente de 2020, cuando se eligió al militante del PAN, Vicente Esqueda Mendez.
Tras acudir a la instalación de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, que será presidida por Plásida Calzada Velázquez, la primera diputada indígena del Congreso de Guanajuato, el activista insistió en el relevo al frente de Prodheg, pues la ley establece como plazo para la renovación el 15 de diciembre.
“Vicente Esqueda fue un procurador que tuvo una actuación totalmente parcial con el Gobierno del Estado, especialmente con la Fiscalía. Hay que recordar que, si bien cumplía lo establecido en la Ley respecto a no haber ocupado un puesto partidista en los últimos cinco años, sí es importante señalar que había sido un militante panista dirigente del propio partido” señaló.
Apuntó también que los tiempos corren una vez que la Junta de Gobierno y Coordinación Política emita la convocatoria que tendría que ser en octubre o en noviembre, con un plazo aproximado de un mes para cumplir el procedimiento establecido en la convocatoria, pues la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables tiene que recibir los currículos de las personas postulantes.
“Se debe establecer el filtro y eventualmente cumplir con los indicadores, para establecer una terna que pase a la mesa directiva y a la al pleno del Congreso para que sea designada a la persona titular de la Prodheg”.
Puntualizó que en este trayecto primero se requiere hacer una evaluación de la actuación de Vicente Esqueda, después establecer una convocatoria que incluya el Parlamento Abierto y la participación amplia de todos los sectores, que haya una deliberación al momento de las entrevistas que sociedad civil tenga la oportunidad de preguntar y poner estudios de caso prácticos para las personas candidatas.
“Una cuestión fundamental dentro del proceso es el perfil idóneo, es decir, que no se elija a una persona partidista, que no se elija una persona que haya sido reconocida como violadora de derechos humanos y que se escuche a las voces de la sociedad civil”.
Advirtió que en los últimos años ha surgido un movimiento de víctimas con gran fuerza a nivel local y a nivel nacional que por supuesto tiene que ser escuchado.
“Una mala práctica de hace cuatro años fue la opacidad en la construcción de los indicadores de evaluación de la persona titular que en ese momento se designó. En este proceso exigimos desde la sociedad civil que los indicadores sean claros, apegados al perfil idóneo y transparentes. Que no haya una votación por cédula como hace cuatro años y que se conozca cuál es este proceso deliberativo” exigió.
Advirtió que la Junta de Gobierno, la Mesa Directiva y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, deben apegarse a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Derechos Humanos para cumplir con lo establecido en este proceso según el criterio de Parlamento Abierto.
