En Durango, las plataformas de transporte privado recurrieron a la vía legal para detener la implementación de la nueva Ley de Transportes del Estado, aprobada en 2023 por el Congreso Local.
Las reformas a esta ley contempla, entre otras medidas, la imposición de un impuesto del cuatro por ciento sobre la tarifa cobrada y la entrega obligatoria de un padrón de conductores que operan a través de estas plataformas.
El diputado Ricardo Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Tránsito y Transportes, explicó que las plataformas promovieron un amparo ante el Poder Judicial Federal, lo cual ha suspendido la entrada en vigor de estas reformas. Mientras esta situación jurídica se resuelve, la ley anterior sigue vigente, la cual establece que los servicios de transporte público operados mediante estas plataformas son ilegales en el Estado.
Señaló que, aunque la nueva ley no se ha aplicado, la autoridad puede actuar con base en la legislación anterior, esto permitiría detener los vehículos que operan en la ilegalidad, comparando su situación con la de los “taxis piratas”.
El legislador también destacó que el gobierno del Estado ya está trabajando en operativos para detener a los vehículos que prestan este tipo de servicio, los cuales dijo esperar sean activados de manera inmediata.
Refirió que la competencia desleal de estas plataformas, sumada al incremento de costos de refacciones y combustibles, está afectando la economía de los transportistas formales en Durango.
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