En un nuevo giro del caso de violencia obstétrica sufrido por Samantha Fierro, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA) ha revelado denuncias de abuso sexual y tortura durante su detención. Samantha, actualmente privada de su libertad y cuyo bebé, Victoria, permanece desaparecido, enfrenta acusaciones que, según el OVSGA, son infundadas.

El 19 de noviembre de 2019, Erik Romani (pareja de Samantha) y su familia fueron víctimas de desaparición forzada y tortura a manos de la Fiscalía General del Estado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:45 horas en Lomas Santa Anita, cuando fueron interceptados por un grupo de 15 a 18 individuos encapuchados y armados, presuntamente agentes de la Fiscalía, aunque no se identificaron formalmente.

Romani, abogado de profesión, relató que su familia fue separada y llevada a diferentes instalaciones de la Fiscalía, donde fueron amenazados e intimidados. Pese a exigir conocer las razones de su detención y defender sus derechos, no fue hasta las 2:30 de la madrugada que se les informó sobre el hallazgo de droga en su vehículo, droga que, según Romani, fue sembrada por los agentes.

Durante la detención, Erik Romani sufrió maltrato físico por parte del agente Jorge Enrique “N”, y fue desnudado y humillado frente a la madre de Samantha. Posteriormente, fue trasladado al área de delitos contra la salud, donde vio a Samantha en condiciones deplorables: hinchada y apenas pudiendo caminar, tras haber sido abusada sexualmente por un agente identificado como Mario Arturo “N”.

Samantha fue condenada a más de 21 años de prisión por un crimen que, según se denuncia, no cometió. Su padre se declaró responsable del delito, pero fue ignorado y también torturado. Bajo coacción, fue obligado a declarar mientras le mostraban un video en el que intentaba reanimar a la víctima, amenazándolo con abusar sexualmente de su esposa si no cooperaba.

Erik Romani también fue presionado para firmar documentos incriminatorios. Al negarse, sufrió golpizas y continuas amenazas. Aunque finalmente no fue vinculado al proceso, Samantha y su padre sí lo fueron.

La Fiscalía, en un intento de justificar sus acciones, presentó una narrativa mediática que alegaba falsamente que la detención había ocurrido el 21 de noviembre, cuando en realidad fue el 19. Además, se encontró un cuerpo en la casa de la familia de Samantha, lo que llevó a que su padre se declarara culpable. Sin embargo, el caso se politizó rápidamente, con acusaciones de que la familia era parte de una banda de secuestradores, en un esfuerzo por desprestigiarlos mediante una narrativa de extorsión y prostitución.

El OVSGA sigue demandando justicia para Samantha Fierro y su familia, denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que han sufrido a manos de la Fiscalía.

“Samanta Fierro fue torturada, violentada sexualmente en la Fiscalía General del Estado y posteriormente juzgada por un delito que no cometió. Lo que decimos está sustentado en la carpeta de investigación y por eso señalamos como principales responsables a los agentes de investigación Mario Arturo Margarita y Jorge Enrique González; al fiscal, Jesús Figueroa Ortega y al juez Jesús Eduardo Méndez Martínez de lo que le pueda pasar a ella en el Cereso femenil, a su familia, a víctimas indirectas y a quienes conformamos el Observatorio de Violencia Social y de Género por esto que estamos dando a conocer”, declaró en conferencia de prensa Mariana Ávila Montejano, presidenta del OVSGA.