En el marco de las celebraciones y protestas del mes del orgullo LGBT, la comunidad de la diversidad reconoce los avances en derechos humanos hacia este sector poblacional. No obstante, consideran que aún quedan muchos pendientes, como la tipificación de los discursos de odio como delito.
Láurel Miranda Huerta Hernández, activista y periodista transgénero, explica que los discursos de odio a través de medios de comunicación, internet y redes sociales son el parteaguas para que muchas personas sigan sufriendo delitos de odio por el hecho de no ser heteronormativas o parecerlo.
En ese sentido, Huerta Hernández subrayó la importancia de que a nivel federal se tipifiquen los discursos de odio. La activista explica que una iniciativa de este tipo debe ser muy cautelosa en su definición y, más allá de buscar lo punitivo, debe apostar por la prevención.
“Este tipo de iniciativas son muy polémicas y seguramente tomarán años para ser aprobadas porque se tiene que discutir ampliamente cómo definirlo muy bien y cómo lograr que sea una iniciativa no punitiva, sino mucho más de prevención y de educación hacia la sociedad, y que además no vaya a ser empleada por otros grupos de poder para decir ‘me están censurando'”, puntualizó.
Asimismo, Huerta Hernández reconoció el avance en la Ley de Identidad de Género, la cual permite a una persona cambiar su nombre conforme a su identidad de género. A pesar de ello, consideró que los trámites suelen ser lentos, además de que no existe suficiente información para hacerlo.
“Después del acta de nacimiento, vino el INE, la CURP, el número de seguridad social, pero hay que avanzar en que los trámites sean más ágiles y que la información esté disponible para las personas trans”, indicó.
La activista habló de otros logros en materia de derechos humanos hacia la comunidad LGBT en México, como el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión y una Ley de Identidad de Género para las infancias y adolescencias en algunos estados. Sin embargo, señaló que en la mayoría de las ocasiones estas leyes quedan en letra muerta, pues no hay suficiente difusión y, por lo tanto, no suelen ser aplicables.
Además, mencionó que en México no hay estadísticas sobre las violencias en contra de la comunidad de la diversidad, lo que tiene graves consecuencias, ya que la falta de datos impide la creación de políticas públicas efectivas, invisibiliza los problemas que enfrenta esta comunidad y perpetúa la impunidad de los agresores.
