Tijuana, B.C.- Las víctimas del derrumbe que dejó sin hogar a 147 familias en la colonia Lomas del Rubí, denunciaron que el Ayuntamiento de Tijuana autorizó una licencia para movimientos de tierra con número de oficio URB-305/2024 en un predio cercano al fraccionamiento Valle de Pedregal, propiedad de la constructora Melo, la cual está en medio de un litigio con los afectados, y se encuentra vigente un amparo para que no se les permita maniobrar en la zona.
En el lugar se observaron camiones de carga de tierra con logotipos de la empresa Constelorza, sin embargo, ninguno de los trabajadores admitió ser el encargado de obra.
Mariana Morales Alvarado, representante de las familias afectadas y víctima del deslizamiento de Lomas del Rubí, informó que tanto la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, se comprometieron a no dar permisos de obra de construcción o movimiento de tierra en la zona, sin embargo, desde esta semana se percataron que se está trabajo en la zona.
“Nosotros como afectados de Lomas del Rubí hemos promovido todo tipo de cuestión jurídica, pero aquí es donde la administración jurídica del Ayuntamiento y la delegación San Antonio de los Buenos, no deben autorizar este tipo de movimientos de tierra o tipo de obra que pueda afectar a los alrededores de la zona. En este caso, las acciones administrativas, de acuerdo al reglamento del Control Urbano no se ve aplicado aquí, porque esta obra se está trabajo por autorización”, señaló Morales Alvarado.
La también afectada de los deslizamientos de tierra que ocurrieron en febrero de 2018, precisó que cuentan con un amparo para que no se trabaje en la zona cercana a donde ocurrió el derrumbe del talud, sin embargo, la obra que se realiza a la entrada del fraccionamiento Valle del Pedregal, suponen que es de Grupo Melo, podría no tener la supervisión que corresponde por lo que acudieron al lugar para conocer más sobre la obra, pero los trabajadores les negaron información.
Señaló que las autoridades municipales y estatales no son transparentes y han caído en la negligencia con todas las familias que exigen justicia. Asimismo, refirió que esta situación les hace pensar que las autoridades que dieron el permiso podrían incurrir en actos de corrupción porque ya se cuenta con el antecedente de la problemática que existe en la zona.
Ante la falta de información, los afectados acudieron ante el Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente en la Delegación de San Antonio de los Buenos, en donde le levantaron el reporte, y para darle información le indicaron que la solicitara a través de transparencia. N
