Estado de México.— La situación legal en torno al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se ha tensionado tras la detención de 12 personas vinculadas con la empresa Shield Seguridad Privada NSU Protección, S. A. de C. V., contratada por este órgano del Poder Judicial de la Federación.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en una operación llevada a cabo por elementos de la Fuerza Especial de Seguridad (FES), destapó no solo la falta de documentación legal de dicha empresa para el desempeño de las funciones de seguridad, sino también exhibió la presentación de documentos apócrifos y la posesión de armas de fuego sin justificar su procedencia legal.
El descubrimiento de documentos falsificados ostentados por parte de los elementos de seguridad privada y las detenciones por el uso de armas de fuego sin justificar agrava la gravedad del caso.
Este incidente no solo cuestiona la operación de la empresa involucrada, sino que también pone en duda la eficacia de los mecanismos de control y supervisión empleados por el Consejo de la Judicatura Federal en la selección y contratación de sus proveedores de servicios.
SE DEMANDA TRANSPARENCIA EN EL CJF
La implicación del Consejo de la Judicatura Federal en estos hechos ha llevado a que se realice un llamado urgente a poner un ojo en lo que pasa en el Estado de México, gobernado por la recién electa Delfina Gómez.
En este sentido, se demanda transparencia, diligencia y responsabilidad, especialmente de un órgano tan influyente y vital para el mantenimiento de la justicia en el país como lo es el CJF.
Desde este 17 de enero, la Secretaría de Seguridad del Estado de México realiza revisiones a empresas de seguridad privada en la entidad con el objetivo de verificar que cumplan con los requisitos para operar.
Aunque el servicio de seguridad privada resulta esencial tanto para las empresas como para las entidades públicas, para operar de manera legal los proveedores deben poseer un permiso vigente, expedido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Dicha autorización se concede solo después de cumplir con varios requisitos que aseguran que el servicio cumple con estándares de calidad.
En ese sentido, la Secretaría exhorta a personas físicas y morales a prestar y contratar servicios que cumplan con la normatividad y bajo el amparo del permiso vigente que expide la Secretaría.
DELITO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES EQUIPARADA
De lo contrario, explica la dependencia, quienes presten dicho servicio de manera iregular podrían cometer el delito de usurpación de funciones equiparada, el cual tiene una pena de hasta ocho años de prisión y mil días multa. Y quienes contraten dicho servicio a quien no cuente con la referida autorización vigente, puede hacerse acreedor a sanciones administrativas y económicas.
El secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez, ha reafirmado su compromiso de abordar estas cuestiones con la seriedad que ameritan y ha asegurado que habrá una respuesta firme y medidas correctivas para enfrentar las irregularidades reveladas en las empresas de seguridad.
De este modo, se espera que el incidente de la CJF y otros conduzcan a un fortalecimiento en la regulación y supervisión de la irregularidad de esta empresa, así como a una revisión exhaustiva de los procesos de contratación en entidades gubernamentales para proteger la integridad de las instituciones y asegurar la seguridad de la ciudadanía.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso y se enfocan en asegurar que se apliquen todas las sanciones correspondientes y evitar la repetición de tales incidentes, con lo que busca reafirmarse el compromiso del Estado con la legalidad, la justicia y la seguridad pública. N
