La secretaria de Planeación y Finanzas de Puebla, Josefina Morales Guerrero confirmó que están en curso las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para fincar responsabilidades contra servidores públicos por el hueco financiero de 600 millones de pesos que se hizo al invertir en el extinto Banco Accendo.
Durante su comparecencia ante diputados de la LXI Legislatura, Morales Guerrero detalló que está en trámite la liquidación judicial ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Josefina Morales Guerrero explicó que en este paso se ven involucrados más de 400 acreedores formados para la recuperación de sus recursos, en este procedimiento se va a conocer los activos que dispone el banco para cumplir con sus obligaciones.
Dejó claro que no es de su ámbito determinar presuntas responsabilidades hacia la ex titular de esta cartera, Teresa Castro Corro, pero sí presentar todas las pruebas de las investigaciones a las autoridades, para que éstas esclarezcan el caso.
FINANZAS PUEBLA BUSCA FORTALECER MECANISMOS DE CONTROL
Josefina Morales indicó que, dado seguimiento al procedimiento de liquidación judicial, así como la auditoría que se realizó al tema, formularon las denuncias, pero además se está trabajando en fortalecer los mecanismos de control para evitar lagunas financieras que puedan causar una afectación al erario público. Se incluyó al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos para el 2024.
“Han iniciado los procedimientos. Se han iniciado la revisión minuciosa de fondos mitigó, en el sistema financiero y garantizar la integridad del erario. Programa de Trabajo de Riesgos 2024 de la dependencia.
Explicó que tras las revisiones que se hicieron por la situación del SAT en materia de ISR retenido por salarios y asimilados a salarios, también fueron atendidos para evitar que se siguieran generando “montos adicionales” en detrimento de las finanzas públicas.
Se pagaron dos créditos fiscales, uno por 2 mil 609 y otro por 662 millones de pesos, recuperando del primer crédito mil 957 millones de pesos, y del segundo 496 millones de pesos, es decir, el 95 por ciento de lo perdido.