Ante el término de la concesión del agua de la empresa Veolia y la entrada de operaciones del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), el Congreso del Estado aprobó un proyecto de decreto para que los usuarios no tengan que realizar un nuevo contrato por el servicio, sino que pasarán de manera automática al nuevo servicio.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, 25 legisladoras y legisladores se pronunciaron a favor del dictamen de la Comisión de Vigilancia que resuelve la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo Quinto Transitorio al Decreto 433 aprobado por la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, presentada por el diputado Jaime González de León.
La iniciativa modifica diversas disposiciones, tanto a la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, como el ordenamiento que rige los Ingresos 2023, con el propósito de establecer que las personas físicas o morales, a la entrada en vigor del Decreto, cuenten con toma de derivación para abastecimiento de agua y descarga a la red de alcantarillado.
Además, recibirán los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje y saneamiento por parte de MIAA, sin necesidad de formalizar un contrato.
Condiciones
El mismo proyecto establece que los usuarios del agua en el municipio de Aguascalientes recibirán el servicio, siempre y cuando cumplan con las obligaciones que les corresponden.
También se aclara que, en algunos casos, la falta de contratos o solicitudes no impedirá que MIAA ejecute las acciones establecidas en el artículo 123 de la Ley de Agua del Estado, relacionadas con la inspección y verificación de los medidores, las conexiones de descarga, la existencia de fugas, entre otros aspectos.
Finalmente, el proyecto expuesto en el Congreso del Estado recalca que gozar del derecho del agua no es sinónimo de gratuidad, ya que se debe invertir en el desarrollo de infraestructura, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, por ejemplo, o la compra de otros recursos necesarios para la prestación del servicio.
“El pago de derechos, como ya se indicó, solamente es para sufragar lo erogado en la prestación del servicio y para contar con los recursos financieros suficientes para conservar y mantener en buenas condiciones la infraestructura, así como para seguir ofreciendo el servicio, lo que quiere decir que de ninguna manera se buscará obtener utilidades, ya que su esencia no es lucrativa, por lo que este Poder Legislativo, vigilará que las tarifas sean las adecuadas para cumplir con dichos fines”, se lee en el documento.
