Durante una conferencia impartida por grupo 21 sobre la problemática migratoria y efectos de los cruces migratorios, José Luis Pérez Canchola experto en materia de derechos humanos y migración, compartió su postura sobre el incremento de migrantes en los albergues de Tijuana.
“El artículo primero de la Constitución Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por éste. Ante esto a la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben ser respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.” Publicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su portal oficial
El derecho y la responsabilidad de México es solo recibir a deportados mexicanos, deben de existir recursos para sustentar a las personas, cuando el Fondo Federal de Migralidad fue cancelado, el cual permitía financiar los proyectos productivos que los connacionales proponían en sus comunidades de origen, facilitando la participación de las mujeres en la economía de sus comunidades, desde 2019 se ha diferentes organizaciones con base en derechos humanos y migratorios han propuesto la reactivación para apoyar a los diferentes albergues ya existentes en Tijuana. Comentó Pérez Canchola
Cuando Estados Unidos propuso el traslado de migrantes a México para que pudieran esperar su proceso de reingreso a su país de origen, los grupos sociales de derechos humanos han tomado una postura en contra, ya que México no cuenta con la responsabilidad de recibirlos, el proceso debido es mandarlos directo a sus lugares de origen.
Actualmente son 5 mil personas sin recursos en los albergues, donde diferentes organizaciones han protestado que el gobierno apoye con recursos económicos para que se realice el pago de diferentes servicios como apoyo a los lugares donde los migrantes son acogidos.
Y es que se deben tomar en cuenta cuestiones que ponen en debate dicha postura. 1) Como país de origen, México tiene una responsabilidad especial hacia sus ciudadanos deportados. 2) La recepción y el apoyo a migrantes requieren recursos significativos, como vivienda, atención médica, educación y empleo. 3) Al centrarse en atender a los compatriotas que han sido deportados, el gobierno puede asegurarse de que los recursos y servicios se utilicen para beneficiar a las personas que ya forman parte de la comunidad nacional. 4) México puede tener un mayor control sobre su política migratoria y evitar una posible carga excesiva en los sistemas de asilo y recepción de migrantes.
Las razones para priorizar a los mexicanos deportados expuestas, tienen su contraste en las siguientes: 1) México ha ratificado diversos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y refugiados, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 2) abrir las puertas a los migrantes, México puede brindarles la oportunidad de reconstruir sus vidas y contribuir al país de diversas maneras, enriqueciendo la sociedad con su diversidad cultural y habilidades. 3) La llegada de migrantes puede tener un impacto positivo en la economía y la demografía del país receptor. 4) Al recibir migrantes de otros países, México puede promover la cooperación internacional y fortalecer los lazos con la comunidad internacional.
Finalmente se debe recordar que de recibir a mexicanos deportados y no a migrantes de otros países es un enfoque restrictivo que no considera los principios de derechos humanos ni la realidad de la migración en el mundo actual. N
