La propuesta presidencial quedó aprobada por la Cámara de Diputados con algunos cambios y ahora irá al Senado. Investigadores señalan que los ajustes que se hicieron aún son insuficientes y solamente fueron para “acallar” las críticas.

En un proceso en el que no se cumplieron los acuerdos de las comisiones unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación, y en el que Morena echó mano de su mayoría para sacar adelante el tema, la Cámara de Diputados aprobó ayer la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

La norma, que hoy mismo pasará al Senado, plantea puntos como transformar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), incluir a varias secretarías en su Junta de Gobierno y establecer nuevos criterios para la asignación de recursos del sector. Para investigadoras consultadas, en San Lázaro al final se consideraron algunos puntos positivos, aunque en general el documento privilegia solamente la visión del gobierno en la política científica.

Se trata de una ley que desde 2021 tendría que haber sido aprobada, pues así se dispuso en los artículos transitorios de la reforma correspondiente al artículo tercero constitucional. Sin embargo, la “impericia legislativa” retrasó el proceso al grado de que cinco propuestas estuvieron congeladas por años en la Cámara y el Senado, señaló Brenda Valderrama, investigadora y miembro de la Red ProCienciaMX.

En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su propuesta, que fue duramente criticada por la comunidad científica, que consideró que el proyecto atentaba con la libertad de investigación y significaba un retroceso para el desarrollo de la ciencia y tecnología del país.

A pesar de ello, en la víspera de la conclusión del periodo ordinario de sesiones en la Cámara y con el rechazo de los científicos, al documento se le hicieron pocos cambios de fondo, fue aprobado y enviado al Senado.

Todo esto, a pesar de que solo se celebraron dos de los siete parlamentos abiertos en los que los legisladores habían acordado escuchar a la comunidad para incorporar sus opiniones e inquietudes al dictamen.

¿Ciencia sin recortes?

Actualmente, el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología dispone que la Federación, los estados y los municipios deben destinar al menos 1% del PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico. La nueva ley deja fuera este punto.

Históricamente nunca se alcanzó esta meta, pero, de acuerdo con la comunidad científica, el que quedara enunciada incentivaba a las autoridades a tratar de cumplirla.

De último momento, y como parte de una de las tres reservas que se aprobaron en el pleno, la Cámara aceptó la adhesión de un párrafo que señala que no se permitirán recortes al presupuesto para la ciencia.

“El monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior en términos reales a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”, indica el artículo 30 del dictamen aprobado.

A decir de Alma Maldonado, integrante del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, que se haya sumado este párrafo es positivo, pero hay que tomarlo con cautela.

“En general, los presupuestos de educación y ciencia, cuando tú lo revisas, siempre son mayores al año anterior porque está hasta mal visto que des menos a estos sectores; entonces, siempre, aunque sean dos pesos, siempre le ponen más”, dijo la académica, también miembro de la Red ProCienciaMx.

“Me parece que hay que tomar con reserva qué va a significar y creo que no sustituye esta meta de poner un porcentaje con este argumento de que nunca se cumplió”, agregó.

Maldonado expuso, por ejemplo, que la ley de España contempla que se debe alcanzar el 1.35% del PIB para ese sector para 2030, lo que es una meta más realista que decir “no va a ser menos (presupuesto), porque ni siquiera dice que el incremento deba ser mayor a la inflación”.

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