Sin precedentes es calificable la relevante sentencia dictada por el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento con sede en el Primer Partido Judicial, que, atendiendo al destacado trabajo de la Fiscalía General del Estado, dictó una sentencia de 196 años y seis meses de prisión en contra de José Antonio Rodríguez Rodríguez y/o José Rodríguez Rodríguez y Domingo López Rodríguez, por su intervención en el delito de Trata de Personas, cometido en agravio de catorce menores de edad y una persona adulta del sexo femenino.
Era el año 2018 cuando los cómplices del delito se trasladaron hasta la comunidad denominada Israelita de Simojovel, en el estado de Chiapas. Una vez en el lugar, se desplazaron por diversos sitios, hasta encontrarse con sus víctimas, hacia quienes realizaron labores de convencimiento con la intención de que los acompañasen para obtener empleo temporal como vendedores de fruta en Aguascalientes, prometiéndole también a la fémina que trabajaría lavando ropa.
Los ofendidos escucharon a detalle la propuesta en la que se incluía una paga mensual de dos mil pesos, además de beneficios como la obtención de ropa y calzado nuevos, así como la ingesta de alimentos de primera calidad, esto durante un periodo de cuatro a siete meses.
La oferta les pareció por demás atractiva a los afectados, con lo que accedieron a ser trasladados por el par de sujetos, quienes, en primera instancia, eligieron movilizarlos en diferentes fechas para resguardarlos en la casa del padre de José, ubicada en la comunidad de Chamal, en territorio chiapaneco.
Una vez reunidos todos, se realizó una segunda movilización, esto hasta las inmediaciones de la central de autobuses, de donde partieron con destino a la Ciudad de México, en la que transbordaron para tomar un diverso colectivo con destino a la ciudad de Aguascalientes.
Horas más tarde, ya se encontraban en el municipio capital de la Entidad, lo que detonó algunos movimientos más por la ciudad, siendo que, como lugar de residencia, adoptaron una vivienda ubicada en la calle Nieto del Barrio de San Marcos.
Al instalarse en el domicilio, los agraviados se percataron de que la oferta de empleo carecía de veracidad, toda vez que ambos sujetos comenzaron con malos tratos hacia ellos, que derivaron en su explotación laboral a través de la mendicidad.
Es así que era común para los ciudadanos aguascalentenses verlos pidiendo dinero en los cruceros de la avenida de la Convención de 1914 esquina con avenida Independencia, en el fraccionamiento Circunvalación Norte; avenida de la Convención de 1914 esquina con avenida Universidad, fraccionamiento Arboledas, avenida de la Convención de 1914 esquina con avenida Siglo XIX, en diversos puntos de la Avenida López Mateos o cerca de la Monumental Plaza de Toros, entre otros lugares.
El modo de operar de los hombres se desarrollaba durante el transcurso del día, cuando obligaban a los menores a realizar malabares con la cara pintada como payasos, así como a subirse en los hombros de sus compañeros para ejecutar diversas suertes, además de limpiar parabrisas, entre otras actividades.
Es importante señalar que, por cada día de trabajo, exigían a cada niño cantidades que oscilaban entre los $400 y los $700 pesos; cuando los menores no completaban el monto señalado, eran golpeados, los dejaban sin comer y los sometían a vejaciones vulnerando su integridad.
Aunado a lo anterior, los instruían respecto a sus respuestas en caso de que alguien deseara auxiliarlos, indicándoles que evadieran cualquier cuestionamiento que pusiera en evidencia la situación, además de manipularlos refiriéndoles que, si deseaban escapar, no podrían hacerlo puesto que se expondrían a fuertes peligros, exigiéndoles además el saldar una deuda por la cantidad de 8 mil pesos a cada uno, según su criterio por concepto de los traslados efectuados para darles la oportunidad laboral.
Al ser puesta en evidencia la situación, se detuvo a los participantes de la conducta de Trata de Personas, y se realizaron los trámites correspondientes para devolver a sus familias a los menores afectados.
Derivado de la importante captura, se inició el proceso penal correspondiente, que se tradujo en la celebración de la audiencia de juicio y emisión de fallo condenatorio en la que se acreditó la responsabilidad de los acusados en calidad de coautores.
Posteriormente en audiencia de individualización de sanciones, se les impuso un grado de culpabilidad mínimo; por cada víctima menor de edad, una pena de 13 años y seis meses de prisión y el pago de 2 mil días de multa, además, por las vejaciones cometidas contra la fémina, se les impuso la pena de siete años y seis meses de prisión y 1500 días de multa.
Ascendiendo a una histórica pena acumulada de 196 años, seis meses de prisión y 22 mil 500 días multa.
De acuerdo con los artículos 25 del Código Penal Federal y 18 de la Constitución Federal, atendiendo a la idoneidad de la sentencia con base en los derechos fundamentales de los sentenciados, se limitó la pena a 60 años de prisión y 15 mil 750 días de multa, equivalentes a un millón 269 pesos.
Dentro de lo establecido en la reparación del daño, deberá tratarse psicológicamente a las víctimas, además de que personal de la Fiscalía General del Estado, acudirá a la comunidad chiapaneca de donde se les sustrajo para alertar a la población sobre los delitos de esta índole.
