A trece días de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Pedro Castillo afronta un duro panorama político en Perú. Las últimas encuestas de empresas como IPSOS, Datum y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), arrojan que el profesor rural tiene tan solo 20 por ciento de aprobación y 80 por ciento de rechazo a su gestión.
Durante estos meses, Castillo no ha logrado trazar una ruta fija para su gestión. Más de cincuenta ministros se han designado en el Gobierno y centenas de funcionarios públicos sin experiencia han rotado en diferentes entidades del Estado. Además, no se ha puesto en marcha reformas que permitan bloquear el impacto de la crisis económica producto de la pandemia de covid-19.
Esto se ha complementado con que Castillo ha perdido apoyo político de aliados que lo llevaron al poder. El presidente izquierdista llegó de la mano del partido Perú Libre al Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos meses, las diferencias con esta agrupación llegaron a su límite y, hace algunas semanas, le pidieron que renuncie a su militancia, lo cual ocurrió.
Actualmente, Castillo solo cuenta con dos bancadas pequeñas que lo respaldan en el Parlamento. En tanto, la oposición lidera dos procesos que podrían llevarlo a la destitución e inhabilitación. Uno está referido por presunta traición a la patria debido a que deslizó la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia y la otra por organización criminal por reuniones que tuvo en una casa fuera de Palacio de Gobierno.
El presidente ha reiterado, en varias oportunidades, que desean sacarlo. Hasta el momento, dos procesos de destitución no tuvieron éxito porque no se llegó a los 87 de los 130 votos que se necesitan en la actual cámara del Parlamento.
PEDRO CASTILLO INVESTIGADO POR LA JUSTICIA
Fuera del terreno político, Castillo también está con una delicada situación judicial. El mandatario peruano afronta cuatro investigaciones en la fiscalía. Ello por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, por la licitación de combustible en la petrolera del Estado peruano, por el plagio de su tesis de maestría y, el más delicado, por la licitación de un puente en la selva peruana. Esta última revelada por una empresaria llamada Karelim López.
La última vez que López habló fue ante una comisión del Parlamento para señalar al presidente de liderar una mafia dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para recibir sobornos a cambio de otorgar obras. A ello se suma la declaración de Zamir Villaverde, otro empresario que ha dicho que entregó dinero a Castillo para beneficiar a constructoras chinas con contratos en
este régimen.
Por este caso, Juan Silva, exministro de Transportes y que se habría encargado de recibir los sobornos para el presidente, se encuentra fugado desde junio. Bruno Pacheco, exsecretario personal de Castillo, también está en esa misma condición.
No solo Castillo también afronta una situación delicada. A inicios de este mes, un reportaje reveló que la hermana de su esposa, Lilia Paredes, ofrecía obras a una comunidad de su región natal Cajamarca sin ser funcionaria pública. El escándalo familiar del presidente se agrava más debido a que uno de sus sobrinos se encuentra prófugo de la justicia. El hombre está involucrado en actos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
PANORAMA SOMBRÍO
“El presidente no decide tomar un rumbo definido en ninguna dirección. Está intentado quedar bien con varios grupos”, señala el politólogo Martín Tanaka a Newsweek en Español. Señala que el mandatario de izquierda no ha logrado ninguna iniciativa importante y el debate político se ha llenado de denuncias y confrontación con la derecha más extrema.
“El presidente está navegando entre estos dos extremos: un electorado que estuvo dispuesto a votar por él en la segunda vuelta, que seguramente en gran proporción se siente decepcionado, y en el otro con una derecha muy extremista y recalcitrante”, menciona.
El docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú agrega que, hasta ahora, el presidente trata de premiar a su círculo político más cercano.
“Voy a darle un cargo importante a una persona que me apoyó en campaña como una forma de retribución político. Sin embargo, no tiene el perfil ni un objetivo claro para la institución. El saldo de esa maniobra es el descredito, la crítica y el desprestigio”, apunta. Ahí radica la impopularidad de Castillo que, según una encuesta de la empresa Datum Internacional, el 78 por ciento de peruanos considera que estaría utilizando el poder para beneficiar a sus familiares.
Por su parte, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia consideró que el presidente Castillo, en cuanto a su situación judicial, se encuentra muy mal asesorado. “Siempre ha salido a decir que está dispuesto a asumir cualquier investigación. Hemos visto que en la fiscalía ha tratado junto a sus abogados de entorpecer y evitar las investigaciones”, apuntó a Newsweek en Español.
Vargas Valdivia fue uno de los procuradores que investigó la corrupción del régimen del expresidente Alberto Fujimori. Por esa razón, cuestiona al mandatario Castillo por tratar de visualizar ante la opinión pública que las investigaciones en su contra se tratan de una campaña mediática y política de la derecha.
“El presidente no tiene una real compresión de estos hechos y no logra entender todavía su cargo. Tampoco está tomando decisiones adecuadas para el manejo del Estado. Su posición no ayuda a la lucha contra la corrupción”, finalizó el exprocurador anticorrupción. N
