La mañana de este jueves el Presidente López Obrador dio a conocer su propuesta de reforma electoral, en la cual, contempla los siguientes puntos:
- Crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
- Elegir a Consejeros y Magistrados Electorales mediante voto popular con candidatos postulados por los Poderes de la Unión a elegirse el primer domingo de agosto.
- Desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales y Tribunales Electorales Locales.
- Federalizar las elecciones.
- Eliminar las diputaciones plurinominales y reducir el número de legisladores federales y locales. La Cámara de Diputados pasaría a tener 300 Diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 Senadurías.
- Cambiar el modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos por “representación pura”, en la que el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
- Establecer un límite de nueve regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
- Eliminar el financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales, pero conservarlo para campañas electorales.
- Suprimir los tiempos fiscales en radio y televisión.
- Reducir al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante.
- Ampliar las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
- Que toda la normatividad en materia electoral se contenga en un solo instrumento normativo;
Al respecto, el Consejero Ciro Murayama, de visita en Aguascalientes para el Foro Estatal de Distritación Nacional Electoral, refirió que a lo largo de su historia México ha incorporado disposiciones constitucionales para garantizar la “limpieza” de los comicios, la equidad de los mismos y el derecho a la representación de las minorías, por lo que de autorizarse la reforma, pide que sea a través de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, de lo contrario, será un acto de autoritarismo.
Respecto a la disminución del financiamiento a partidos, afirma que esto vendría a romper el modelo mexicano, lo que abre la posibilidad de la entrada a dichas instituciones de dinero privado, que implicaría el riesgo que este sea de procedencia ilícita.
Referente a la reducción de puestos de representación en el Poder Legislativo, Murayama señala que esto afectaría principalmente a las minorías, pues a través del sistema propuesto, sería más complicado que accedan a las Cámaras para representar a sus grupos.
Sobre el que la sociedad sea quien elija a los Consejeros y Magistrados, mencionó que es importante distinguir entre las autoridades electorales y los actores políticos, pues el pretender que “el árbitro” sea electo es confundirlo con “el jugador”, para lo cual se deberían hacer campañas políticas de impacto nacional similares a las del Presidente, corriendo el riesgo de que los partidos políticos se involucren en el proceso y se pierda autonomía.
“Sería desandar el camino de la ciudadanización y volver partidista otra vez la integración de la autoridad electoral como ocurrió en la crisis política de 1988, donde los partidos estaban sentados por voz y voto, y el partido entonces mayoritario tenía la mayoría de votos de la Comisión Mexicana Electora y eso nos condujo a una crisis política” advirtió el Consejero.
A partir de este 28 de abril, se legislará para resolver si la reforma electoral promovida por el líder del ejecutivo es aceptada o rechazada.
