LA CÁMARA de Diputados de Chile aprobó este martes tras un maratónico debate un juicio político contra el presidente, Sebastián Piñera, por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, en una operación revelada en los Papeles de Pandora.
Con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del presidente de la república, Sebastián Piñera.
La discusión partió con la intervención del diputado Jaime Naranjo, quien representó ante los legisladores la postura de los acusadores, cuyo libelo contempla dos capítulos: “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”.
En su amplia exposición, que se extendió por casi 15 horas, el parlamentario relató con sumo detalle algunos de los fundamentos del libelo. Explicó el negocio del proyecto Dominga y las situaciones que se estiman como cuestionables y que se le imputan al Primer Mandatario.
Lee: Chile: fiscalía abre investigación penal al presidente Sebastián Piñera por caso ‘Papeles de Pandora’
“En dicho contexto, repasó los negocios y la forma en la que el Mandatario opera. Particularmente, hizo mención a los casos de Bancard y Exalmar. Sostuvo que los denominados ‘Papeles de Pandora’ vienen a complementar este tipo de comportamiento, pues se presume, en el caso de Dominga, una negociación incompatible y uso de información privilegiada”, informó en un comunicado la Cámara.
DEFENSA
Por su parte el abogado Jorge Gálvez, representante del presidente de la república, Sebastián Piñera, desestimó la procedencia del texto en sus alegaciones de hecho y de derecho.
El profesional fue categórico al cuestionar no solo el tenor de la acusación constitucional, sino que también la forma en la que se dio el debate en la Sala, insistiendo en que no es más que una maniobra político electoral.
El profesional llamó a los parlamentarios a rechazar el libelo. “Aprobarlo significaría un golpe a la institucionalidad que puede dejar heridas no solo para el próximo, sino que para los próximos gobiernos”, sentenció.
Tras la aprobación, la acusación deberá ser vista por el Senado, por lo que desde la Cámara se debe conformar una comisión, integrada por tres diputados, que serán los encargados de sostener dicha acusación.
En tanto, el Primer Mandatario queda inhabilitado para salir del país, a la espera de lo que resuelva el pleno de los senadores, que deberán actuar ahora en calidad de jueces, para ponderar los méritos de la acusación. N