LA AGENDA bilateral México-Estados Unidos es amplia y multitemática, incluye una gran cantidad de rubros que van de cuestiones políticas, comerciales y de seguridad nacional hasta temas técnicos y de cooperación transfronteriza, además de asuntos como tráfico de armas, drogas y personas, por solo enlistar algunos. Entre todos estos temas que evidencian una agenda múltiple, diversificada y con una jerarquía cambiante, la cuestión del flujo de personas adquiere particular relevancia y más específicamente la migración irregular e indocumentada.
El desarrollo económico de Estados Unidos, que lo ubican como la economía más importante del mundo en términos de su PIB, frente a la profundización de la pobreza, desigualdad e inseguridad que se vive en los países al sur de su frontera han sido, entre otras, variables que han intensificado el anhelo de amplios sectores poblacionales mayoritariamente de Guatemala, Honduras, El Salvador y México para cruzar el Río Bravo y ser parte del llamado “sueño americano”.
La idea de una mejora en la condición de vida, conseguir un empleo que sea remunerado en dólares y tener la posibilidad del envío de dinero a los hogares de origen, así como el reencuentro de familias que han sido separadas son incentivos constantes para migrar.
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Actualmente la situación de los migrantes se ha agravado no solo por el creciente número de personas que abandonan sus países y se lanzan a una travesía incierta con todos los riesgos que implica, sino que esta se agrava por la crisis humanitaria que representa un sector particular de estos migrantes: los niños y niñas sin acompañamiento que se suman día a día.
Como nunca en la historia de la migración de México hacia Estados Unidos y que se amplía al triángulo del Norte, el aumento de infantes crece de manera espectacular y, en este contexto, México ya no es solo país de tránsito, sino de origen y retorno de una gran cantidad de niños y adolescentes migrantes.
La ONU informa que en lo que va del año 2021 ha habido un aumento sin precedentes de este grupo de migrantes, ya que se pasó de 380 al arranque del año a más de 3500 solo en el primer trimestre, y la cifra continúa en ascenso.
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Agencias internacionales como el UNICEF y organizaciones internacionales no gubernamentales alertan sobre los peligros que corren los infantes, ya que en sus recorridos son víctimas de violencia, explotación, reclutamiento por parte de bandas del crimen organizado y ahora su condición se hace aún más vulnerable a causa de la pandemia del covid-19.
De lado mexicano y de los otros países de origen de estos infantes migrantes pocas acciones se están llevando a cabo para reducir e idealmente eliminar las causas que mueven a estos desplazamientos. Y tampoco se están ejecutando acciones efectivas para la defensa, promoción y resguardo de este grupo vulnerable.
Ciertamente hay iniciativas como el Plan de desarrollo integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur sureste de México, así como otros planes del gobierno mexicano; no obstante, la implementación de estos no atiende un problema que urge acción inmediata.
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De lado estadounidense, en la administración de Donald Trump se implementaron duras restricciones a la inmigración, entre las que destacaron: la construcción de un muro fronterizo, la separación de familias y el endurecimiento de condiciones de acceso y deportación a los migrantes particularmente indocumentados, acciones que hoy explican en buena parte la problemática de estos niños y adolescentes.
Con el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca el problema se agravó, entre otros factores, por las declaraciones e iniciativas que lanzó apenas iniciado su mandato, las cuales fueron un incentivo para los migrantes, ya que parecían augurar una nueva gestión y tratamiento de su condición e incluso se vislumbraban posibilidades de regularización.
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Biden ha declarado en distintos momentos y foros un manejo más humano, ordenado y coherente frente a los migrantes, particularmente los niños y niñas no acompañados; no obstante, en la práctica, y las cifras así lo evidencian, ha habido aumento de las deportaciones, situación que se pone de manifiesto en los reportes de Amnistía Internacional que señalan que la administración actual está devolviendo de forma sumaria a prácticamente todos los menores no acompañados apenas una horas después de su arribo a Estados Unidos, en tanto que México hace lo mismo para los niños y niñas centroamericanos.
Disputas políticas y partidistas, gobiernos anquilosados en discusiones demagógicas, agencias internacionales como la UNICEF cuyos programas no alcanzan a atender de manera efectiva la problemática, y poblaciones poco solidarias y empáticas en ambos lados de la frontera, además de la profundización del clima de violencia, crisis económica e inseguridad en los puntos de origen de estas niñas y niños migrantes parecieran hacernos olvidar el tema central de esta problemática: la urgente necesidad de actuar de manera efectiva y conjunta anteponiendo la seguridad de estos niños, niñas y jóvenes que día a día se aventuran en una odisea motivada por la aspiración a una vida mejor. N
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Luz Araceli González Uresti es profesora investigadora de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
