En sesión a distancia, la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, que preside la diputada Paloma Amézquita Carreón, aprobó tres dictámenes, a través de los cuales plantean diversas reformas a los Códigos Civil y Penal del Estado de Aguascalientes, en materia de pensión alimenticia, sanciones por ejercer violencia familiar y de pareja, además de establecer lineamientos para aplicar la figura de custodia compartida.
De esta manera, el primero de ellos está encaminado a mejorar los procedimientos de pensión alimenticia, al proponer que los alimentos líquidos y determinados, tendrán un incremento en automático mínimo al equivalente con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que publica el Banco de México, debiendo el acreedor alimentario comprobar que los ingresos del deudor han aumentado en igual proporción.
Y en los casos que no puedan comprobarse el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez deberá resolver con base en la capacidad económica y el estilo de vida que haya llevado en los dos últimos años.
Por otro lado, avalaron el dictamen que busca reformar los artículos 132 y 133 del Código Penal del Estado de Aguascalientes, para establecer penas de 1 a 4 años de cárcel, además del pago de 50 a 10 días de multa a quien ejerza violencia familiar.
Así también, estipula el mismo castigo de prisión para quien cometa violencia en contra de su pareja, pero con la agravante de que la pena aumentará hasta las dos terceras partes, respecto de los mínimos y máximos, cuando la víctima sea menor de 18 o mayor de 60 años de edad.
En otro sentido, también aprobaron un dictamen que resuelve una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Aguascalientes, mediante la cual establecen los lineamientos para que el Juez cuente con las herramientas necesarias y aplique de manera más adecuada la figura de custodia compartida de los hijos de padres divorciados, siempre anteponiendo el interés superior de la niñez.
De esta forma, el Juez deberá allegarse de dictámenes de peritos en materia psicológica y trabajo social, que le permitan visualizar con claridad las circunstancias del caso y proceder en consecuencia, garantizando que los derechos de los infantes no se vulneren.
Por su parte, la diputada Paloma Amézquita refirió que los dictámenes se turnarán a la Junta de Coordinación Política, con el objeto de que éste máximo órgano parlamentario delibere su inclusión en el inventario de asuntos por desahogarse ante el pleno.
