EN COLOMBIA las desapariciones forzadas continúan ocurriendo, incluso durante la pandemia, sin que se haya adoptado una política integral para prevenirlas, asegura el Comité de la ONU contra esta práctica.
En su informe sobre el país, el Comité asegura que no se han producido “avances significativos” en la investigación a cargo de la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz y hay “escasos resultados” en la búsqueda de desaparecidos que la Fiscalía cifra en 84,330 adultos y 9,964 niños
El Comité insta al Estado a investigar todos los casos y pide medidas para asegurar que los presuntos autores, incluidos militares y funcionarios del Estado, sean juzgados y sancionados adecuadamente y que las víctimas tengan acceso a una reparación integral.
El Comité también muestra su preocupación por las alegaciones recibidas sobre casos en los que se impidió a personas detenidas comunicarse con sus familiares. Asimismo, muestra su preocupación por las informaciones recibidas sobre la falta de actualización de los registros de las personas privadas de libertad.
No te pierdas: Colombia: Amnistía Internacional exige cese de violencia contra indígenas en paro nacional
También señala que le preocupa que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo, incluso en el contexto de la pandemia por covid-19, sin que hasta la fecha se haya adoptado una política integral para prevenirlas.
“El Comité considera imprescindible y, consiguientemente, recomienda al Estado que adopte una política pública integral para prevenir las desapariciones forzadas construida sobre la base de las obligaciones que emanan de la Convención y tomando también en cuenta las directrices sobre covid-19 y las desapariciones forzadas adoptadas por el Comité y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas e Involuntarias”.
Actualmente Colombia lleva 13 días de manifestaciones de la sociedad civil en contra del gobierno, en donde se han denunciado muertes, heridos y desapariciones.
La comunidad internacional ha señalado los excesos cometidos por la fuerza pública durante las protestas, mientras el gobierno denuncia actos vandálicos e infiltración de grupos armados en las manifestaciones. N