EN EL CONTEXTO actual en que la democracia arroja bajos niveles de satisfacción en la región, es preciso escuchar lo que la ciudadanía quiere expresar; brindar espacios de diálogo y deliberación para atender puntualmente: ¿cuáles son sus necesidades y demandas?
En últimas fechas hemos sido testigos de diversos movimientos sociales, en donde la ciudadanía ha tomado las calles y las redes sociales como una forma de expresión para hacer escuchar su inconformidad y propuestas; y que refiere a decisiones públicas en las cuales no se les ha tomado en cuenta, o bien, no se ha tenido una estrategia de comunicación e inclusión adecuada. Colombia y Chile son algunos ejemplos en América Latina, pero va más allá de ser un fenómeno propio de la región, ya que Tailandia y Birmania también han dado paso a manifestaciones demandando democracia y garantías a sus derechos. Varios de estos movimientos, en mayor o menor medida, han venido acompañados de represión y derivado en encarcelamientos, personas heridas, así como pérdidas humanas de niños, jóvenes y adultos.
Las manifestaciones en octubre de 2019 en Chile, conocidas como el “estallido social”, fueron propiciadas por el alza de precios en el transporte público, pero su origen representaba un descontento general ante el gobierno, la desigualdad y el modelo socioeconómico, y sus principales demandas estaban orientadas hacia la redacción de una nueva Constitución. La juventud salió a las calles y estas acciones encaminaron a un acuerdo entre gobierno y Congreso de distintas fuerzas políticas, a fin de convocar a un plebiscito, el cual se llevó a cabo en octubre de 2020.
En el Plebiscito Nacional del 25 de octubre en Chile se consultó a la ciudadanía si querían que se redactara una nueva constitución y, de ser así, quiénes debían redactarla. Ante tal escenario, el 50.9 por ciento de la ciudadanía chilena salió a votar, además de haber tenido oportunidad de hacerlo quienes radican en el extranjero. Las preguntas fueron dos, a saber: 1) “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”, con opciones de respuesta “Apruebo” o “Rechazo”; y 2) “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, con opciones a responder “Convención Mixta Constitucional”, integrada por partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio; o bien, “Convención Constitucional”, integrada exclusivamente por miembros elegidos popularmente.
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La respuesta a la primera pregunta ganó el “Apruebo” con el 78 por ciento, y a la segunda, ganó la opción por la “Convención Constitucional” con un 79 por ciento.
En un contexto histórico, la ciudadanía chilena salió a votar el pasado fin de semana para elegir a las 155 personas, quienes les representarán, a través de la asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución; además de que se eligieron diversos cargos locales. Dos fueron los días que se asignaron para que manifestaran en las urnas su elección, siendo sábado 15 y domingo 16 de mayo; sin embargo, la participación ciudadana alcanzó únicamente el 43 por ciento. Recordemos que, hasta hace no mucho tiempo, el voto fue obligatorio en Chile y alcanzaba altas cifras de participación.
Entre los aspectos más relevantes de esta votación encontramos que, por primera vez, se ha conformado una constituyente ciudadana, paritaria, además de 17 lugares reservados para la representación indígena. Sumado a ello, han resultado victoriosas las candidaturas independientes, con un 31 por ciento, así como aquellas de izquierda y oposición. El mismo presidente Piñera ha dicho que “la ciudadanía ha enviado un claro y fuerte mensaje, tanto al gobierno como a las fuerzas políticas tradicionales; no estamos sintonizando adecuadamente con sus demandas y anhelos”. Cuánta verdad envuelven esas palabras y en los resultados que arrojan estas votaciones, y aunque hoy se toma mayor conciencia de la voz ciudadana, no deben, quienes gobiernan, esperar a que las calles se desborden para detenerse a escuchar y promover los consensos y el diálogo.
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Hoy Chile se encuentra en camino de redactar un nuevo orden constitucional, buscando dejar atrás aquella carta magna de 1980, la cual había tenido su origen bajo el régimen de Pinochet. La convención constituyente cuenta con un plazo de nueve meses para presentar la nueva constitución, pudiendo considerar hasta tres meses más en caso de requerir extensión, para luego ser votada en un plebiscito de salida a fin de ser aprobada o rechazada por la ciudadanía a mediados de 2022.
Este momento será un parteaguas en la historia de la democracia, no solo para Chile, sino para todas aquellas personas quienes observamos desde otras latitudes y que a la vez compartimos ese anhelo de una democracia efectiva, participativa e incluyente; que no deje a nadie atrás y donde todas y todos se sientan representados. N
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Gema N. Morales Martínez es consultora en democracia, elecciones y participación ciudadana. Consejera Electoral 2014-2020. Secretaria de Investigación y Estudios Electorales AMCEE. Coordinadora de publicaciones sobre participación ciudadana, educación cívica, voto nulo, pueblos originarios y juventud. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
