El próximo 22 de marzo se celebrará el día mundial del agua. La ONU estableció la fecha para recordar la relevancia del vital líquido. A pesar de que la mayor parte de las actividades humanas dependen del agua, en el mundo, hay 2 mil 200 millones de personas viven sin acceso a ella. Esto se refiere al servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura, es decir, el agua a la que se puede acceder en las viviendas, cuando se necesita y que no está contaminada.
A nivel mundial, una de las principales amenazas a la disponibilidad del agua es el crecimiento de la población, así como las elevadas demandas de la agricultura y de la industria. Por esta causa, en varios lugares, los hogares a pesar de contar la infraestructura necesaria carecen de la disponibilidad o el servicio es intermitente. El problema persiste y se vuelve más complicado con la presencia del COVID-19. ¿Qué hacer si ni siquiera tengo agua para lavarme las manos?
Al problema de la disponibilidad se le debe de sumar la gestión del gobierno para asegurar que el agua llegue a todos los hogares. Los gobiernos locales para no hacerse responsables de su responsabilidad han otorgado concesiones de todo tipo, desde el servicio hasta el cobro. El problema de esto es que los particulares ponen por encima el negocio antes que garantizar el acceso del bien a la ciudadanía. Además, se otorgan concesiones a pesar de ir en contra del beneficio para la población o incluso del medio ambiente.
Lo peor es que en las entidades en las que el suministro del agua está en manos del sector privado no han visto reflejados los altos costos del agua en mejores servicios, infraestructura, calidad del agua o servicios de mantenimiento. Al contrario, la ciudadanía muestra un rechazo. De acuerdo con la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, en Aguascalientes el porcentaje de satisfacción de estos servicios es del 44%, en Puebla del 47% y en Quintana Roo del 44%, todos por debajo del promedio nacional que es del 56%.
Aunado a lo anterior, existen concesiones de largos periodos, a pesar de la inconformidad. Tal es el caso de Quintana Roo, donde la ciudadanía busca anular la concesión que tiene vigencia hasta 2053, a través un recurso jurídico y una consulta ciudadana que se llevará a cabo el día de las elecciones. Incluso, se han hecho esfuerzos a nivel nacional, como la iniciativa de la Ley General de Aguas impulsada por la organización Agua Para Todos, en la que se propone otorgar concesiones en el corto plazo, para que, en caso de que no cumplan, se les pueda anular.
En el caso de Aguascalientes, la concesión termina en 2023. A pesar de que otros gobiernos prometieron terminar con ella en sus campañas políticas, nunca dejaron de proteger a las empresas. Hay que ver por el bien de los ciudadanos, cuidar su economía y al mismo tiempo, al medio ambiente.
Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analytics y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).
@ArturoAvila_mx
