Durante la sesión del Congreso Estatal en la que se aprobó la licencia para separarse del cargo de 12 diputados locales que contenderán por la reelección o por otro cargo de elección popular en los comicios del 6 de junio, se aprobaron también dos proyectos de asociación público privada (APP) ordenados por el gobierno del estado: el Plan Maestro de Ciudad Justicia y el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de Energía de Aguascalientes.
¿Qué es una asociación público-privada (APP)?
Se trata de esquemas de desarrollo de proyectos estratégicos, viables económica y financieramente, en los que participa el sector público (niveles de gobierno) y el sector privado, mediante la celebración de contratos a largo plazo para la prestación de servicios públicos.
En otros estados del país se han implementado esquemas de APP para construir infraestructura como hospitales, carreteras, escuelas y prisiones, entre otras obras.
No obstante, en el panorama internacional la figura de las asociaciones público-privadas ha sido muy cuestionado, al permitir al sector público la obtención de infraestructura útil y operativa, pero a cambio de contratos lucrativos para el sector privado.
¿En qué consiste el Plan Maestro de Ciudad Justicia?
Ciudad Justicia es un complejo de juzgados, tribunales, salas de oralidad penal y espacios administrativos del Poder Judicial del Estado, construido desde el año 2016 en la administración estatal del priísta Carlos Lozano de la Torre, con el que se lograría la incorporación de Aguascalientes a la naciente “justicia alternativa”.
Desde entonces, se ha ido consolidando su espacio físico a través de ampliaciones y nuevas edificaciones, que buscan en el futuro la mudanza de las actuales instalaciones del Palacio de Justicia.
El 25 de febrero, fue presentado ante la diputación permanente del Congreso Estatal el Plan Maestro de Ciudad Justicia, emitido por el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, para posteriormente ser turnado a la Comisión de Vigilancia.
El proyecto consiste en la construcción de nueve edificios en una superficie de 43 mil 713 metros cuadrados, destinados a la instalación de juzgados, salas y oficinas institucionales del Poder Judicial. Para ello, el gobierno estatal destinará dos terrenos de 64 mil 434 metros cuadrados y 16 mil 999 metros cuadrados.
Para llevarse a cabo, se estima una inversión total de 1,383 millones 950 mil pesos, por lo que se solicitó la aplicación del esquema de asociación público-privada, en la que una empresa particular proporcione el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y conservación de los nuevos edificios del Poder Judicial del Estado.
La vigencia del contrato será por los próximos 15 años -es decir que estará activo del 2022 al 2037- con pagos multianuales que podrían ir hasta los 310 millones 906 mil pesos.
De no aplicarse bajo este mecanismo, la deuda pública se hubiera incrementado en un 56%, además de reducir las participaciones federales para el estado, se refiere en el dictamen.
Diputados de MORENA votan en contra
El dictamen del Plan Maestro de Ciudad Justicia fue aprobado con el voto a favor de 25 diputados y únicamente el voto en contra de dos diputados de MORENA: Héder Guzmán Espejel y Cuitláhuac Cardona Campos.
De acuerdo a este último, el costo total del proyecto podría ser del triple de lo que se menciona, rebasando los 4 mil 500 millones de pesos.
“Se nos dice que el proyecto vale en números redondos 1,400 millones de pesos, pero se propone un pago plurianual de poco más de 300 millones. En vista de que el proyecto se plantea a 15 años, el saldo final será de 4 mil 500 millones, es decir, casi 3 MIL millones más de lo originalmente previsto”.
El legislador de MORENA consideró el proyecto como innecesario, ya que la infraestructura que requiere el Poder Judicial del Estado no justifica la inversión que se pretende llevar a cabo a través de la asociación público-privada.
“Si bien es cierto por muchos años se ha hablado de la necesidad de nuevos juzgados, los mismos se pueden abrir de manera escalonada en los próximos años. Considero que resulta más adecuado desarrollar el proyecto por módulos creando uno o dos juzgados por año, sin necesidad de recurrir a una asociación público privada”, agregó en su posicionamiento.
Finalmente, Cardona Campos cuestionó la figura de las APP, ya que han sido una oportunidad para llevar a cabo actos de corrupción en el modelo neoliberal.
“Las asociaciones público-privadas surgieron en Inglaterra y pronto se abandonaron por no dar los resultados esperados. Como es bien sabido, se utilizaron para la construcción de autopistas de cuota y algunos hospitales. En México se intentó lo mismo, pero casi la totalidad de las autopistas bajo esta modalidad tuvieron que ser rescatadas”, concluyó.
