LA CONFERENCIA de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos pidió al presidente Joe Biden cumplir con su promesa de campaña de abolir pena de muerte y conmutar las sentencias de 49 personas con esta condena. 

En una carta firmada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Human Rights Watch y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, entre otras 79 más, se argumenta que la pena de muerte se aplica de manera desproporcionada a los prisioneros afroamericanos y a aquellos con enfermedades mentales graves.

Refiriéndose a la pena capital como “cruel e inusual”, el texto agrega que “no se ajusta ni a la octava ni a la decimocuarta enmienda y viola nuestras obligaciones del derecho internacional”.

“Le escribimos para instarlo a que cumpla su promesa de garantizar la igualdad, la equidad y la justicia en nuestro sistema legal penal conmutando inmediatamente las condenas de todas las personas que se encuentran bajo pena de muerte federal y restableciendo la moratoria federal sobre el uso de la pena de muerte”, dice la misiva. 

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“A lo largo de la historia, los afroamericanos han sido ejecutados rutinariamente por delitos por los cuales los blancos recibieron castigos menores”, subraya. De hecho, las cifras del Proyecto de Habeas de la Capital Federal muestran que 41 por ciento de los condenados a muerte son afroamericanos, en comparación con 13 por ciento de la población estadounidense.

También se ha registrado una representación desproporcionada de personas con enfermedades mentales graves, dificultades de aprendizaje, lesiones cerebrales e historial de abuso infantil entre los condenados a muerte, según el Centro de Información sobre Pena de Muerte.

Durante 17 años, esta pena dejó de aplicarse, pero en 2019 el fiscal general William Barr anunció que cinco reclusos serían ejecutados mediante inyección letal de pentobarbital. Un total de 13 personas fueron ejecutadas en la administración de Trump.

El uso de pentobarbital ha generado polémica, pues hay evidencia de que no suprime que el condenado sienta el dolor que le provocarán los medicamentos que le suministran para provocar parálisis respiratoria y paro cardiaco. Por lo que es considerado como un método inhumano.

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Desde 2007, diez estados han terminado con el uso de la pena capital, elevando a 25 el número total de estados que han abolido la práctica o le han impuesto una moratoria. Treinta y tres estados no han llevado a cabo una ejecución en más de una década.

“La única forma de eliminar la posibilidad de ejecutar a una persona inocente es eliminar por completo el castigo”, dice la carta dirigida al presidente.

En el camino electoral, Biden se comprometió a aprobar una legislación que eliminara la pena de muerte federal, así como a “incentivar a los estados a seguirla”.

Al cierre de esta edición, la Casa Blanca no ha respondido la solicitud de Newsweek para comentar al respecto. N