UNA treintena de periodistas, organizaciones y medios de comunicación de todo el continente han manifestado su preocupación e indignación ante lo que consideran un proceso de despojo de dos derechos elementales en agravio de los ciudadanos de Nicaragua: la libertad de expresión y el acceso oportuno a una información veraz e independiente.

A escala internacional han hecho un llamado de indignación, y mediante una carta pública han manifestado que, desde 2018, una serie de protestas ciudadanas ya han denunciado la represión sistemática contra las voces disidentes y medios de comunicación que el Estado “no tiene bajo su control, hasta llegar a la confiscación de instalaciones donde operaban medios independientes”.

Recientemente, según señalamientos del gremio periodístico, el gobierno de Daniel Ortega, sin orden judicial, “consumó la usurpación ilegal de las oficinas de los medios Confidencial y 100% Noticias, para después inaugurar en esos espacios dependencias de fachada del Ministerio de Salud”.

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Estos hechos constituyen los más recientes ataques contra el periodismo y son parte de una estrategia de agresión sistemática y abierta desde el inicio de la actual crisis, en abril de 2018, señalan los periodistas en desacuerdo.

Los medios también han documentado ataques de grupos paramilitares afines al gobierno contra periodistas, documentalistas y reporteros gráficos que cubren las manifestaciones de protesta contra las políticas gubernamentales.

En una denuncia pública los periodistas dan cuenta de ataques como un asalto realizado por paramilitares que destruyó las instalaciones de Radio Darío, en León, el 20 de abril de 2018.

El asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields, el 21 de abril de 2018 y las agresiones físicas, robos de equipos, amenazas, espionaje e intimidación contra los reporteros en las coberturas noticiosas por parte de policías y paramilitares también forman parte de los ataques gubernamentales.

También señalaron el exilio forzado de más de 70 periodistas después de haber sido amenazados de muerte en Nicaragua y la exclusión sistemática de reporteros, medios independientes y corresponsales extranjeros en el acceso a la información pública.

Los periodistas agregaron en su carta el bloqueo aduanero contra el diario La Prensa y otros medios durante 500 días, “para impedirles acceso a papel e insumos”.

El asalto armado, robo y ocupación policial de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias en diciembre 2018 son otros de los hechos dados a conocer en la denuncia.

“La censura de facto impuesta en el sistema de cable y televisión abierta contra 100% Noticias, los programas Esta Semana y Esta Noche y otros medios independientes.
La criminalización del ejercicio del periodismo, el juicio político y el encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda (director y jefa de Información de 100% Noticias), sometidos a torturas, entre diciembre de 2018 y junio de 2019” se suman a los delitos denunciados por los periodistas.

Un gran número de organizaciones han manifestado su profunda preocupación por el contenido de la iniciativa que ahora representa una grave lesión a los derechos humanos, externó Article 19.

“En particular, a la libertad de expresión y a la libertad de información de la ciudadanía nicaragüense, que se suma a la serie de candados y obstáculos que el Estado en su conjunto ha impuesto de jure y de facto al ejercicio de estos derechos.

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“La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros obliga a toda organización o persona que reciba financiamiento externo a registrarse como presunto agente extranjero y les prohíbe expresarse sobre asuntos internos del país, conculcando sus derechos políticos. Esto ha provocado la suspensión de labores de varias organizaciones de defensa de la libertad de expresión”, señalan en el documento.

Además, han observado los tres allanamientos policiales, en lo que va de 2021, a la residencia particular de Aníbal Toruño en León, director del medio de comunicación Radio Darío.


Sin dejar de mencionar “la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y 100 % Noticias, cuyas propiedades fueron adjudicadas el 23 y 25 de febrero de 2021 al Ministerio de Salud, contraviniendo el artículo 44 de la Constitución Política que prohíbe la confiscación de bienes”.

A decir por los periodistas de ese país, los hechos confirman que “el actual gobierno nicaragüense ha buscado por distintas vías la asfixia de toda forma de crítica a sus políticas y conflictos de interés que deterioran la calidad de vida de los ciudadanos de ese país, agravada por el oscuro manejo de la pandemia de COVID-19”.

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Los periodistas aseguran en su carta que la creciente opacidad sobre las operaciones financieras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto con la minimización de la pandemia, han vuelto aún más urgente el periodismo independiente, “para que pueda informar de lo que verdaderamente ocurre en el país”.

El próximo 7 de noviembre Nicaragua deberá enfrentar un decisivo proceso electoral, sin embargo, los periodistas señalan que el país no cuenta con “ninguna garantía democrática. Sin periodismo independiente no puede haber elecciones libres y limpias, ni democracia”.

Por ello, el 1 de marzo de 2021, fecha en que se celebra el Día del Periodista en Nicaragua, los periodistas que firmaron la denuncia pública piden a los gobiernos del mundo que “exhorten y presionen al presidente Daniel Ortega para que cese de inmediato su política represiva contra los medios y los periodistas independientes”.

También demandan al gobierno de Nicaragua que permita el ingreso al país de los organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH de la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los relatores para la Libertad de Expresión de la OEA y de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, para que puedan investigar en terreno las violaciones a los derechos humanos y “la situación de acoso y asfixia que padecen medios y periodistas nicaragüenses”.

Article 19 aseguró que el establecimiento de un sistema de control informativo arbitrario es propio de regímenes autoritarios, por lo que resulta indispensable que el Poder Legislativo instaure un procedimiento de Parlamento Abierto con la participación activa, libre y significativa de las distintas partes interesadas ─incluida la sociedad civil─, en aras de asegurar que cualquier legislación en materia de ciberdelitos respete los derechos humanos y contribuya realmente a la seguridad de las personas naturales o jurídicas. N