Los críticos aseguran que la marihuana legal no hará más que llenar los bolsillos de las grandes compañías. Pero los defensores dicen que les pondrá fin a algunas políticas injustas de las autoridades. Aquí las reflexiones de dos expertos en el tema.
SERÍA UN ERROR MUY GRAVE
Por Kevin A. Sabet
La marihuana parece estar en todas partes hoy día. En las películas, en el patio escolar, en el centro de ancianos. Ha unido a Martha Stewart y Snoop Dogg. Otrora una droga de la contracultura de la década de 1960, ahora es el tema de informes anuales y precios bursátiles. Incluso ha llegado a las salas de juntas de las grandes tabacaleras, farmacéuticas y destilerías.
Pero deberíamos desacelerar este tren de la hierba.
Los defensores de la legalización a menudo empiezan con el dicho muy gastado de que no deberíamos encarcelar a los consumidores de marihuana. Más bien, dicen, deberíamos regularla para obtener ingresos fiscales y revertir la injusticia social.
Es una gran teoría.
Pero nunca ha funcionado en la práctica. A fin de cuentas, legalizar la hierba se trata de una sola cosa: dinero. Permíteme parafrasear: se trata de hacer más ricos a los blancos ricos.
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No necesita ser de esa manera. Hemos establecido una falsa dicotomía entre criminalización y comercialización. Pensamos que tenemos que darles la hierba a las grandes tabacaleras o tenemos que meter a los criminales en prisiones privadas. Ninguna de las dos es una buena decisión política; afortunadamente, no son las únicas que tenemos.
Mejor, podemos ver la ciencia y, a pesar de la creencia popular, sabemos tanto de la marihuana que nos debería dar una pausa. La hierba de hoy día es a menudo diez veces más fuerte que aquella de hace 20 o 30 años. Cada vez más problemas de salud mental están conectados con la marihuana de alta potencia: un estudio británico halló que el riesgo de esquizofrenia se quintuplica entre los consumidores habituales.
Esto me dice que necesitamos una política de disuasión y tratamiento, no de idealización y comercialización.
Veamos el caso de Illinois. Ahí se trató de darle prioridad a la gente de color en el proceso de licencias para vender hierba. ¿El resultado? Solo 3 por ciento de los solicitantes pasó la primera ronda, incluso a alguien le pagaron 4 millones de dólares, a través de la megacompañía KPMG, para calificar a los solicitantes reales. Tal vez él venderá uno de los productos hechos por el gigante de la marihuana Cronos, quien acaba de contratar a un exejecutivo de una gran farmacéutica para presidir la compañía. O quizás él venderá algunos de los productos de hierba de las grandes tabacaleras; después de todo, Altria Philip Morris ha invertido más de 2,000 millones de dólares en la industria de la marihuana.
No está sucediendo mucha justicia social.
Para empeorar las cosas, algunas personas en el Congreso quieren redoblar las políticas. Con los incendios forestales propagándose en el oeste, una pandemia fuera de control y penurias económicas sin precedentes, los líderes en el Congreso han programado una votación de la Ley MORE, la cual legalizaría y comercializaría federalmente la marihuana.
Es una retribución a los cabilderos de la hierba por su trabajo. Y no, la Ley MORE no se trata de la despenalización, los derechos estatales o la justicia social, como la han tratado de pintar sus defensores.
Se trata de la comercialización general de la marihuana. Potencia ilimitada, estímulos fiscales para las compañías de hierba por publicidad y —según un grupo comercial nacional— el fin de las pruebas de drogas que comprometen la seguridad para los trabajadores del transporte como las conocemos.
Dado lo que hemos aprendido sobre el uso juvenil —sorpresa, aumenta en los estados legales—, las muertes vehiculares bajo influjo (lo mismo) y el mercado clandestino (adivinaste, se fortalece), esto no es lo que nuestro país necesita ahora.
Después de todo, según la independiente Academia Nacional de las Ciencias, el uso de la marihuana tiene conexiones significativas con enfermedades de salud mental graves adicionales, incluida la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión y el suicidio. Se ha demostrado que el uso prolongado reduce el coeficiente intelectual y la función motora, y puede provocar un daño especial en los cerebros en desarrollo de los jóvenes. Y esto lo sabemos de la hierba de baja potencia; la ciencia todavía está muy atrasada cuando se trata de la marihuana que ya está disponible en estados “legales”.
Tal vez deberíamos dar un paso atrás, desacelerar, respirar una bocanada de aire fresco y volver a trabajar para poner al país de nuevo en orden. La marihuana —y los ejecutivos de las grandes farmacéuticas, tabacaleras y destilerías ahora a cargo de ese negocio— ciertamente no nos ayudará a hacerlo.
LEGALIZACIÓN, ÚNICA MANERA DE MEJORAR EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Por Neill Franklin
Pasé 34 años como oficial de los Departamentos de Policía Estatal de Maryland y de Policía de Baltimore, trabajando principalmente en casos de narcóticos, por lo que Kevin Sabet y yo una vez estuvimos en el mismo lado del debate. Me retiré en 2000, poco después de que un amigo y colega murió mientras compraba drogas de forma encubierta. Después de más de tres décadas en el frente, caí en cuenta de que nuestras acciones para erradicar la marihuana no solo eran fútiles, también eran activamente contraproducentes para la seguridad pública. La legalización, no la despenalización, es la única opción que en verdad provoca un cambio.
En este momento, la mayoría de la gente que ha estudiado este problema (incluido el Sr. Sabet) está de acuerdo en que la prohibición de la hierba ha sido una catástrofe. La policía hace cientos de miles de arrestos por marihuana cada año —663,000 solo en 2018—, desperdiciando tiempo que podría usarse en resolver y prevenir crímenes graves. Las personas negras son arrestadas con mucha más frecuencia que las personas blancas, aun cuando ambos grupos consumen hierba más o menos en la misma cantidad. Y estos arrestos aquejan a los jóvenes de por vida, impidiéndoles encontrar empleo, vivienda, becas escolares y elegibilidad para préstamos.
El Sr. Sabet argumenta que deberíamos despenalizar la marihuana para que su consumo sea legal, pero que no lo sea venderla. A primera vista, esto parece tener sentido. Pero esto delata una profunda falta de comprensión de cómo funciona en realidad el sistema de justicia penal. Y, por cierto, “despenalizar” fue el modelo fallido con el alcohol durante la Prohibición.
Gran parte de la manera en que los departamentos de policía son evaluados —y, por ende, financiados— se basa en el número de arrestos que hacen. Con el fin de asegurar que hagan tantos arrestos como sea posible, los departamentos evalúan a sus oficiales con la misma base, dando ascensos y aumentos a quienes traigan más arrestos.
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Como resultado, muchos actores de bajo nivel son arrojados al sistema de justicia penal. Muchos nunca resurgirán. Esto también perpetúa disparidades raciales enormes, porque los vendedores al aire libre tienen más probabilidades de ser personas de color. Y, aun así, esto da exactamente cero resultados en el mercado, en general.
He aquí unas cuantas reglas más que a los policías no les gusta comentar:
Afirmar que hueles a marihuana en un auto o una casa es una de las maneras más fáciles de justificar un cateo cuando no tienes razones legales para realizar uno. La ausencia de un olor es excepcionalmente difícil de probar después del hecho, por lo que es una de las maneras más efectivas de negarle a la gente sus derechos constitucionales. La despenalización no prevendrá estos cateos. En la mayoría de los estados donde tenemos despenalización, el olor a hierba todavía es una causa probable para catear a una persona, un vehículo u hogar.
A causa de esta laguna, los cateos relacionados con la marihuana son la herramienta preferida de la policía para confiscar dinero bajo los programas de incautación de bienes civiles, el aspecto más destructivo del sistema de justicia penal del que probablemente nunca has oído hablar. Los programas de incautación criminal tienen mucho sentido. En la incautación civil, la policía no necesita una sentencia. Ni siquiera necesitan acusar a alguien de un crimen. Solo deciden que un bien o cierta cantidad de dinero es el resultado de una actividad ilegal, y lo toman. Acusan a la propiedad en vez de a alguna persona, porque la propiedad no tiene derechos constitucionales, como el derecho al debido proceso. El dueño puede demandar que le devuelvan su propiedad, pero el proceso es tan oneroso y complicado que, en la mayoría de los casos, sería más costoso impugnar que perder la propiedad sin pelear.
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Bajo un modelo de legalización, la gente compraría en una cadena de abastecimiento regulada, en la cual las instalaciones de cultivo son monitoreadas para asegurar que sigan las leyes medioambientales y el producto se mantenga dentro del sistema legal; en la cual los dispensarios están licenciados, pagan impuestos y están sujetos a inspecciones rigurosas de salud y seguridad; en la cual los guardias de seguridad vigilan y los porteros verifican que todos los clientes sean mayores de edad, y en la cual todos los negocios pagan su proporción legal de impuestos y generan empleos locales.
Bajo un modelo de despenalización, el único lugar para comprar marihuana es a través de organizaciones criminales.
El consumo juvenil de hierba no ha aumentado en los estados que la han legalizado. Los arrestos por marihuana se han desplomado, y los estados han invertido millones de nuevos dólares fiscales en tratamiento de salud mental, escuelas, capacitación de las autoridades y recursos para la recuperación de adicciones.
Más de una cuarta parte de la población estadounidense ahora vive en un estado donde la marihuana es legal para el consumo adulto, mientras que las pesadillas predichas por los opositores no se han vuelto realidad. Es hora de cambiar el debate de si debemos o no legalizar la hierba a cómo legalizarla para construir la sociedad segura, justa y sana que todos queremos para nosotros mismos y nuestros hijos.
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El doctor Kevin A. Sabet trabajó en tres administraciones de la Casa Blanca, más recientemente, como alto asesor de la política de drogas de 2009 a 2011. Es presidente de Smart Approaches to Marijuana.
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El mayor (retirado) Neill Franklin fue oficial de policía por 34 años y ahora es director ejecutivo de la Sociedad de Acción de las Autoridades, una organización sin fines de lucro de policías, fiscales, jueces y otras autoridades que defienden los cambios en el sistema de justicia penal.
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Las opiniones expresadas en estos artículos son responsabilidad de los autores.
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
