Empresarios estafados por Pérez Rico piden al IMSS denunciarlo penalmente por delitos como funcionario público | Newsweek México


Empresarios estafados por Pérez Rico piden al IMSS denunciarlo penalmente por delitos como funcionario público

Alonso Pérez Rico como funcionario federal del IMSS en Baja California.


Alonso Pérez Rico, hoy secretario de salud habría cobrado 61 mil dólares como “garantía” para que una empresa ganara una licitación federal.

 

Los empresarios que denunciaron penalmente por fraude al secretario de salud de Baja California, Alonso Perez Rico, solicitaron ayer al Órgano Interno de Control del IMSS que presente otra denuncia penal en contra del funcionario federal con licencia.

En la petición los empresarios consideraron que la investigación interna contra Pérez Rico solicitada en agosto por la titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California debe ser extendida a denuncia penal, por delitos cometidos por Servidores o Funcionarios Públicos.

La queja del viernes ante el Órgano Interno es parte de la estrategia de los empresarios por recuperar 61 mil 120 dólares entregados a un empleado federal intermediario de Pérez, según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.

Aunque Alonso Pérez Rico es el titular de salud en el gobierno de Baja California, la petición al IMSS hecha por los empresarios de Ensenada, obedece a que Pérez Rico es funcionario federal con licencia.

En agosto, Newsweek Baja California reveló que el hoy secretario de salud de Baja California es empleado federal con licencia sin goce de sueldo solicitada antes de asumir su cargo en el gabinete del gobernador Jaime Bonilla Valdez. 

Su último puesto donde cobró como funcionario federal fue titular de la  Coordinación de servicio en fin de semana con base en San Luis Río Colorado, Sonora.

Ese mismo mes, la delegada del IMSS en Baja California, Desireé Sagarnaga, pidió una investigación contra Pérez Rico, luego que los empresarios de Ensenada lo denunciaron penalmente por haberles cobrado a cambio de ganar una licitación pública federal.

Ayer mismo, la titular del IMSS confirmó en una transmisión en redes sociales que solicitó la investigación interna contra Pérez Rico, como parte de sus obligaciones como funcionaria federal.

  “Yo espero que eso lleve su curso, no estoy enterada del avance. A mi nada más me compete enviar la solicitud”, dijo Sagarnaga sobre la investigación.

El 17 de agosto los empresarios Ramón Alejandro Treviño Ávalos y David Giovani Galván Torres presentaron denuncia penal por fraude en contra de Pérez Rico y Miguel Ángel Ruvalcaba Molina a quienes señalaron de haberles prometido obtener la licitación para el servicio de subrogación de hemodiálisis al IMSS en Ensenada en 2018.

Entonces Pérez Rico se desempeñaba como Jefe de Prestaciones Médicas del IMSS, mientras que Ruvalcaba fungía como Administrador del programa IMSS-Prospera.

Los denunciantes también señalaron que los funcionarios les pidieron el 10% del servicio de hemodiálisis del IMSS.

Para garantizar que recibirían esa participación, los funcionarios les pidieron poner el 25%de las acciones de la empresa Hemodiálisis del Noroeste, aún en proceso de creación, a nombre de Francisco Sebastián Ruvalcaba Molina, hermano de Miguel Ángel, relata la denuncia.

Siguiendo las recomendaciones del propio Pérez Rico, los empresarios instalaron la nueva clínica en Ensenada, con una inversión de 7.2 millones de pesos, quedando concluida a finales de 2018.

La unidad de hemodiálisis inició operaciones sin contar con la subrogación del servicio del IMSS, como habían garantizado los funcionarios del IMSS.

De hecho, Hemodiálisis del Noroeste ni siquiera fue inscrita en la licitación para proveer ese servicio al Instituto, concurso cuyo fallo ganó Clarial S.A. de C.V., unidad de hemodiálisis a cargo del especialista en Nefrología Pediátrica, Marco Antonio Olivas Valdez.

Al corroborar el engaño, los empresarios de Ensenada intentaron, sin éxito, que Pérez Rico y Ruvalcaba Molina les devolvieran los 61 mil dólares de la falsa fianza.

Al no lograrlo, el 17 de agosto de 2020 los denunciaron penalmente por fraude ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre las pruebas presentadas para sustentar la denuncia entregaron una declaración firmada por Miguel Ángel Ruvalcaba, en la que reconoce haber recibido los 61 mil dólares, cantidad que aseguró haber entregado a Alonso Perez Rico. 

También presentaron los mensajes vía WhatsApp que intercambiaron con Ruvalcaba Molina y el propio Alonso Pérez Rico.

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