Como algo que solo genera ruido, pero que no es alarmarse, así calificó Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno de Baja California, a la demanda que interpuso la federación contra este gobierno estatal, por emitir una ley que permite censar los vehículos importados a México.
“Es una llamada a misa”, opinó sobre la controversia constitucional que fue presentada por la federación ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) a principios de julio y que fue notificada apenas esta semana al gobierno de Jaime Bonilla.
“Los estados somos libres de defender nuestras atribuciones y no existe ningún papá que nos diga cómo vamos actuar”, agregó Rodríguez Lozano.
El 6 de marzo pasado, el Congreso local aprobó la Ley del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación de Baja California, una iniciativa que fue promovida por el gobernador Jaime Bonilla y que permite la creación de un instituto para censar vehículos irregulares, o autos “chocolate”.
Sin embargo, la operación de este organismo por el gobierno estatal invade facultades exclusivas de la federación, consideró el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer, quien demandó a la SCJN abolir la ley que le da origen.
La importación, recaudación de impuestos y regularización de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, son atribuciones normadas por decreto presidencial, planteó el Ejecutivo Federal ante la SCJN.
Pero Rodríguez Lozano se dijo en desacuerdo.
“Esa es su tesis, ellos están interponiendo esta controversia constitucional ante la corte y al final será la corte la que determinará quiénes tienen la razón. Qué bueno que vamos a resolver este tema desde el punto de vista jurídico, no como antes de que se le quería dar orden a los estados”, comentó.
El funcionario dijo que para Baja California es fundamental tener un registro de todos los autos “chocolate”, pues si ya están aquí, deben ser regularizados, opinó. En esos términos dijo que responderán a la demanda.
Por otro lado, el gobernador Jaime Bonilla también compartió su desacuerdo en la transmisión que ofreció ayer jueves, vía redes sociales.
“Claro que no estoy de acuerdo, pero no es la primera vez”, comentó.
En julio pasado, otra dependencia del gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), denunció penalmente al gobernador, Jaime Bonilla, y al fiscal del estado, Guillermo Ruiz, por darse atribuciones que no les corresponden cuando tomaron ilícitamente la caseta de cobro ubicada en la carretera Tijuana-Playas de Rosarito.
Sobre el tema del censo a los autos “chocolate”, Bonilla se declaró en sesión permanente y advirtió que no dará tregua hasta que se resuelva, ya sea por decreto, convenio o acuerdo.
Consideró que una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador “tenga toda la información lo va a poder digerir perfectamente y va a resolver de una manera o de otra”.
Por su parte, Mario Escobedo Carignan, secretario de Economía Sustentable y Turismo, agregó que la iniciativa no exime ni a la federación ni al estado, el poder decomisar los vehículos de procedencia extranjera.
Contar un padrón de los más de 600 mil carros “chocolate” que circulan en Baja California, solo va a permitir exigir y dar plazo para que sus poseedores puedan cumplir con el programa de verificación, dijo Escobedo.
